Ayuntamientos de Almería al borde del colapso

Iván Gómez

Periodista

Al borde del colapso. La mayoría de los ayuntamientos almerienses están atravesando una delicada situación económica que los tiene contra las cuerdas, sobre todo a los más grandes, y pone cada vez más difícil a corto y medio plazo su supervivencia financiera. Si no se busca una solución razonable y estable que reequilibre el modelo de financiación serán pocos los municipios que se salven de una quiebra técnica. “La cosa es más seria de lo que parece, a lo largo de los próximos meses van a reventar las cuentas de más de un pueblo de la provincia”, argumenta Juan Fernández, presidente de Local del sindicato CSIF, tras analizar recientemente con la Diputación Provincial la problemática de los impagos a trabajadores y también a los proveedores. De hecho, en el mes de julio la institución tuvo que facilitar tres millones de euros a los consistorios más asfixiados por la crisis para que no dejaran las nóminas sin pagar. En la provincia de Almería son ya casi una treintena los municipios que en los últimos meses han tenido problemas y conflictos por impagos a empleados públicos y a sus concesionarias. “Los ayuntamientos han vivido de unos ingresos adicionales que ya no están y ahora no cuadran las cuentas”, explica Paco Almansa de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT.

Los consistorios alcanzarán el próximo año un momento para olvidar, un auténtico sufrimiento para los alcaldes que salieron de las urnas en las municipales del 22 de mayo principalmente por tres motivos: la caída de ingresos propios, los recortes de las administraciones regional y estatal a pesar de que han derivado algunas de sus prestaciones y competencias a los consistorios y la gravosa liquidación del Estado, tras los balances negativos de los últimos años. El primero de los factores se debe al parón de la economía que vienen padeciendo desde 2008 y que ha provocado el desplome de la construcción, una de las principales vías de ingresos adicionales de los municipios. Esa caída del consumo e ingresos tributarios también ha provocado que las previsiones económicas del Gobierno se traduzcan en las liquidaciones negativas para los últimos años. Las erróneas previsiones del Ministerio de Hacienda en base a la participación de los municipios en los ingresos estatales les llevó a adelantar un dinero superior al que debían percibir y ahora existe una deuda millonaria. La Diputación debe al Estado la friolera de 26 millones tan sólo de la liquidación de 2009, casi 12 la capital y en torno a cinco tanto Roquetas como El Ejido. Y otros tantos que deben a la Diputación. En el conjunto de la provincia hay una deuda de 17 millones, de los que nueve corresponden a las seis localidades con más habitantes. Jarro de agua fría que vacía aún más unas arcas locales que están tiritando. A pesar de que 52 de los 102 pueblos de la provincia cerraron el pasado año con más ingresos que gastos, según el Ministerio de Economía y Hacienda, la asfixia crece por momentos y todo apunta a quiebra técnica como también ocurre con la Diputación que ha pasado de tener un 44% de nivel de endeudamiento a un 121%.

Los sindicatos son más que conscientes de que hay que reequilibrar las cuentas y lamentan que sean los empleados públicos los que empiecen a pagar por años de mala gestión y falta de previsión. De hecho, ya suman problemas de impagos en casi una treintena de municipios de la provincia, que se suman a EREs, jubilaciones forzosas, presiones y amenazas, recortes en las cláusulas y garantías de los convenios colectivos, privatizaciones… Precisamente ayer se movilizaron convocadas por los sindicatos UGT y CCOO más de diez personas en Sevilla, llegadas desde las ocho provincias,en contra de los recortes de los servicios públicos. Entre las demandas de los sindicatos está que se financie adecuadamente a los ayuntamientos a través de una política fiscal progresiva y justa, que se depuren responsabilidades en la mala gestión del dinero público, que las cuentas sean transparentes con presupuestos participativos, que se pongan en marcha planes de ajuste y ahorro energético, que se reduzcan los cargos de confianza y asesores y que se eliminen los gastos superfluos, entre otras. “Una fuente o rotonda se pueden construir al año siguiente, pero un trabajador no puede estar un año sin cobrar”, argumenta Juan Fernández de CSI·F Almería. Cada vez hay menos luz al final del túnel.

Listado de municipios que han tenido algún conflicto laboral o impago en los últimos meses:

• Adra. Las pagas extra se prorratean en varios meses en lugar de abonarlas en su mensualidad. Los sindicatos exigen el salario en tiempo y forma y también que acaben las amenazas de despido y presiones que sufren los trabajadores. La oposición denuncia que llevan tres años sin pagar el Fondo Social a sus empleados y que tienen que abonar de su bolsillo gastos relacionados con su trabajo como la renovación del uniforme, la adquisición de gafas o el carné de conducir.
• Berja. Casi veinte días de retraso al pagar la nómina de junio y julio. Problemas de liquidez que se repetirán en los próximos meses.
• El Ejido. Se han cometido muchos errores con los trabajadores de las subcontratas y llevan dos años y medio negociando el convenio por la delicada situación económica de las arcas locales. Los sindicatos están a la espera de conocer el plan de empleo del alcalde, Paco Góngora (PP).
• Roquetas de Mar. El Ayuntamiento no quería aplicar el convenio colectivo (horas extraordinarias, productividad) pero una sentencia judicial le obliga dando la razón a los sindicatos.
• La Mojonera. Los trabajadores temen que no se pueda pagar la nómina de los próximos meses. Problemas con los sindicatos porque se preveen posibles despidos a corto plazo.
• Oria. Como ha reconocido el propio alcalde, no tienen liquidez para pagar las próximas nóminas.
• Huércal de Almería. Tienen un desfase de un millón de euros en el capítulo uno que pronto estallará peligrando el sueldo de los funcionarios. Fue el primero que hizo un ERE y cerró la residencia de mayores dejando a los empleados municipales en el paro. La oposición ha pedido una auditoría.
• Albox. El Ayuntamiento debe más de ocho millones de euros a Cepsa (de las últimas legislaturas de PP y PSOE) que pone en serio riesgo 20 de los 33 empleos. Además, se están abonando las nóminas con días de retraso.
• Vera. La concesionaria Urbaser no paga los salarios a los trabajadores porque no le llegan los ingresos municipales.
• Cuevas del Almanzora. Se están forzando los despidos voluntarios con indemnización para reducir la plantilla de trabajadores. La deuda, según la oposición supera los 17 millones de euros y la recaudación no llega ni a diez.
• Tabernas. Los sindicatos denuncian que quiere privatizar las guarderías y cambiar la situación de los trabajadores municipales.
• Dalías. El Ayuntamiento ha retirado coberturas y garantías del convenio colectivo para reducir los gastos. Culpa a la Junta de Andalucía de su déficit de 2010 por no haberle abonado parte de la financiación del pabellón de deportes.
• Arboleas. El Ayuntamiento ha heredado una deuda de 2,7 millones que le pone muy difícil garantizar al pago a los funcionarios.
• Almería. A pesar de tener las cuentas saneadas, la empresa concesionaria de la Ciudad Digital se ha plantado por impagos y también la concesionaria de la desaladora de la capital culpa al consistorio de la falta de abono de sus obligaciones y no atiende al pago de sus trabajadores.
• Alhama. Asfixiado por una deuda entre préstamos y deudas a proveedores de 4,5 millones de euros, tendrá difícil mantener los pagos a los funcionarios.
• Níjar. La Federación de Servicios Públicos de UGT Almería califica esta situación de insostenible y acusa a los dirigentes de FCC Níjar de usar a los trabajadores como ‘conejillos de indias’ utilizándolos para resolver los conflictos que la empresa tiene con el Ayuntamiento. La excusa esgrimida para no pagar las nóminas es la supuesta existencia de una deuda del consistorio. FCC Níjar se encarga de la limpieza de los edificios públicos con un contrato de seis años.
• Sorbas. El Grupo Municipal Socialista ha lamentado que la empresa que ha gestionado hasta ahora la oficina de turismo municipal se haya visto “obligada a cerrar las puertas de la oficina, después de que el alcalde no haya cumplido los convenios firmados y no haya pagado la parte que le correspondía”. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Sánchez, considera que se trata de “la última consecuencia de la mala gestión del alcalde y su equipo de Gobierno, que lo único que saben hacer es sangrar a las empresas del pueblo”.
• Carboneras. Días de atraso en los pagos por falta de liquidez.
• Turre. Meses de atraso en los pagos de las nóminas. 25 familias de un taller de empleo se han quedado sin salarios. Debe a los trabajadores el mes de julio y a Endesa 92.000 euros. El alcalde cifra en 8,5 millones de euros la deuda actual y tiene que afrontar pagos a proveedores.
• Vícar. La oposición pide una auditoría de las cuentas y critica que los recortes se estén realizando en la limpieza de calles y jardines del municipio. También lamentan los impagos a proveedores y a la compañía eléctrica lo que ha provocado cortes de luz. Temen que pronto salpique a las nóminas de los trabajadores.
• Abla. días de atraso en los pagos por falta de liquidez.
• Mojácar. La alcaldesa decidió adelantar el pago del impuesto de vehículos a finales de año por la previsible falta de fondos que le impediría hacer frente al abono de las nóminas de los trabajadores.
• Macael. Meses de atraso en los pagos desde hace más de un año. A principios de septiembre percibieron el de mayo. Está en vías de solución, aunque los trabajadores temen un ERE.
• Olula del Río. El salario de los funcionarios no ha experimentado ningún riesgo, pero sí se deben todavía nóminas a los agentes, de Olula y de otros municipios de la comarca, que tuvieron que hacer horas extra cuando se produjo el conflicto de bajas encubiertas con la anterior jefa de la Policía Local.
• Garrucha. Días de atraso en los pagos por falta de liquidez.