Licenciado en Ciencias Económicas
Hoy me pide el cuerpo hacer demagogia -o como se la quiera llamar- y, a tal efecto, entro en la web del Congreso de los Diputados y accedo al apartado “Régimen económico y ayudas de los señores diputados”. Mi intención es la de informarme de las retribuciones y derechos laborales que, por todo concepto, tiene un determinado diputado con nombre y apellidos: se trata del portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. Este es el resultado:
El ‘convergente’ tiene ya asegurada su pensión máxima, 3.000 euros al año, más de 1.800 euros mensuales libres de impuestos…
En concepto de retribución igual para todos los diputados:
- 2.813,87 euros.
En razón de su cargo de portavoz:
- Para gastos de representación: 1.741,19 euros.
- Para gastos de libre disposición: 926,31 euros.
Indemnización por pertenecer a una circunscripción distinta a la de Madrid:
- 1.823,86 euros.
Total mensual: 7.305,23 euros, aunque con la particularidad de que la asignación por no ser diputado de Madrid (1.823,86 euros) está exenta de tributación.
Además Duran i Lleida tiene cubiertos todos los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco), dispone de dietas de desplazamiento de 120 o 150 euros diarios -dependiendo de que éstos sean en territorio nacional o en el extranjero-, de una tarjeta para el servicio de taxi con un límite anual de 3.000 euros y, por último, disfruta de despacho propio en el Congreso, ordenador personal portátil y móvil.
Pero aquí no queda todo. Duran i Lleida ha necesitado tan sólo siete años de diputado -que ya ha cumplido- para tener derecho cuando se jubile a cobrar la pensión máxima y, además, tiene asimismo derecho a una indemnización por cese de actividad equivalente a una mensualidad por cada año de permanencia en el Congreso.
Este dirigente político catalán ha realizado recientemente unas declaraciones en las que ha afirmado que hay sitios en España en los que con la solidaridad catalana “reciben un PER para pasar la jornada en el bar de pueblo”. El PER, cuyas siglas responden al Plan de Empleo Rural, es una subvención destinada a trabajadores eventuales agrarios -jornaleros- andaluces y extremeños que están en paro, que han realizado determinadas peonadas de trabajo en el medio rural y cuyo importe medio no supera los 400 euros mensuales.
Obviando el destino que cada cual pueda darle a su dinero, sea jornalero o diputado, se lo gaste en hoteles de cinco estrellas o en el bar del pueblo, quisiera formularle una cuestión al portavoz de CiU. ¿Si tan sensible se muestra con el agravio comparativo provocado por la existencia de un exiguo subsidio de supervivencia del que “disfrutan” los jornaleros andaluces y extremeños, cuándo va a renunciar él a sus privilegios laborales de los que goza en su calidad de diputado del Congreso de los Diputados? ¿Desconoce, acaso, Duran i Lleida, que el resto de los trabajadores españoles necesitan cotizar a la Seguridad Social más del doble que él -quince años y no siete- para tener derecho a percibir, no una pensión máxima como la suya, sino el 50% de la que pudiera corresponderle en función de sus cotizaciones?
La próxima vez que se refiera a los jornaleros del campo andaluz y extremeño que malviven, aunque sea en los bares de sus pueblos, con subsidios de mala muerte, espero que haya denunciado ante la opinión pública sus propios y abusivos privilegios y que, además, haya desistido de ellos. Es lo mínimo que cabe esperarse de su exquisita sensibilidad justiciera con las míseras “prebendas” de los demás.
(El Plural)
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