Miguel Cárceles
Periodista
El Partido Popular va a llegar al Gobierno con la mayor de las papeletas que jamás haya tenido un partido en la historia del país: sacar a España del agujero en el que se encuentra inmersa. Hacerlo cuanto antes. Y todo ello, con una limitada soberanía sobre la economía después de que la inclusión del país en la moneda única haya atado de pies y manos la actuación en ciertas políticas monetarias y fiscales cuyo poder de decisión fue trasladado a Bruselas (sede del Gobierno de la UE) y a Francfort (sede del Banco Central Europeo).
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| Obras del AVE en Almería |
Pero aparte de esa enorme papeleta, el que hasta ahora era el principal partido de la oposición y, por lo tanto, al que le tocaba el papel de azote del Gobierno, midiendo tiempo e inversiones, tendrá también que demostrar que todo aquello que hasta ahora criticaba con dureza, tiene otra forma de echarlo adelante. Que se acabaron aquellos elementos de crítica: falta de inversiones, dilación en los plazos u olvido en los proyectos.
Durante los siete años y medio de Gobierno socialista, los diputados populares, todos ellos revalidados al frente de su escaño en Madrid -y a los que se ha sumado el hasta ahora senador Jesús Caicedo- han ido midiendo tiempos y dinero, día tras día y euro tras euro. Ahora asumen la responsabilidad de gobernar. Y encontraran al frente al PSOE, el partido que hasta ahora tenía la responsabilidad de echar para adelante los presupuestos y de ejecutarlos, de solventar los problemas de Almería -algunos de ellos, de carácter histórico- para recordarles que ahora son ellos los que gobiernan.
La gran mayoría de los retos que se plantean para el nuevo ejecutivo tienen que ver con infraestructuras. Y entre ellas, ferrocarriles y carreteras con especial significación. En mayo de 2010, cuando la crisis comenzó a adquirir la crudeza que ha demostrado en los últimos meses, el PP se mostró completamente en contra de que la tijera entrara precisamente ahí, en la obra pública. El cabeza de lista del PP al Congreso, y desde la noche del domingo, diputado electo, consideraba entonces como un «despropósito» el recorte en obras públicas, especialmente si este recorte se aplicaba a dos infraestructuras primordiales para la provincia, el AVE y la A-7 -no sólo según la argumentación de los populares, los socialistas también las consideran los principales retos a corto plazo-. «Reducir las inversiones productivas es la antesala de la creación de más paro», indicaba entonces Hernando. Ahora, su partido afronta el Ejecutivo con la misión de cumplir con la rebaja en el déficit público como principal objetivo del mandato. O al menos, como medida transversal que, probablemente, afectará a todo cuanto se decida. Sea como fuere, cuando en algunas semanas el PP tome el relevo oficialmente al Gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, la papeleta almeriense pasa principalmente por ahí, por la obra pública, por las infraestructuras como elemento de desarrollo económico. Ligado, obviamente, a la rebaja en las cifras de desempleo que convierten a Almería en el paradigma de la crisis: pasando de un paro casi testimonial a otro que se sitúa en el vagón de cabeza del desempleo estatal.
Según la última oleada de la Encuesta de Población Activa, Almería cuenta con 123.400 desempleados entre su población, frente a los 226.200 almeriense que actualmente tienen un empleo. Es decir, la población activa que a día de hoy continúa buscando un empleo es de un tercio del total de los almerienses que están en condiciones de trabajar.
Frente a eso, algunos sectores económicos reclaman inversiones y medidas que permitan continuar creando empleo. No sólo mediante la obra pública -por ejemplo, la pronta culminación del corredor mediterráneo aportaría una mayor capacidad logística a un menor coste para los exportadores-. También mediante medidas políticas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la nueva Política Agraria Común, la PAC. La propuesta comunitaria beneficia a las grandes extensiones cultivadas y perjudica al sistema Almería, el más productivo en base al terreno cultivado. Sólo una postura clara y firme defendida con alianzas sólidas y de peso en el marco de la Unión Europea puede hacer cambiar la postura que mantiene la Comisión respecto del futuro agrícola del continente.
Donde, en principio, no debería de haber problemas es en la ejecución de los proyectos en los que finalmente se ha optado por el consenso. El AVE a Murcia es un proyecto que han defendido todos los grupos políticos. Y también el soterramiento. En los últimos ocho años de Gobierno municipal del PP, el soterramiento ha sido una maza firme con la que los populares han atizado al Ejecutivo. Ahora, con su partido al frente del Gobierno estatal debería de haber menos disensión a la hora de echar el pie al frente y comenzar las obras en el menor plazo posible.
Es una papeleta heredada a la que también ha colaborado el férreo seguimiento de los diputados de su partido durante el periodo de más de siete años en el que han permanecido en la oposición. Proyectos estos básicos para el desarrollo social y económico de la provincia que esperan a que les llegue el turno. La decisión, no obstante, recaerá sobre el futuro ejecutivo que lidere el popular Mariano Rajoy. Y sin necesidad de pactos, será su partido el que reordene las prioridades y recomponga las agendas. Almería espera hasta entonces que le llegue su turno.
