Contrato laboral único

José Luis Raya
Candidato al Congreso de los Diputados por Almería de UPyD

Ante las propuestas similares de los dos partidos mayoritarios en materia laboral, UPyD se desmarca con un “nuevo contrato único indefinido de indemnización creciente” una propuesta que nos acerca a los contratos del resto del continente y cuenta con el aval de 100 economistas españoles y de Christopher A. Pissarides, premio Nobel de Economía 2010. UPyD propone una reforma del sistema laboral para  cumplir con el triple objetivo de:

Aumentar la oferta de empleo (reduciendo el desempleo).
Aumentando la seguridad del trabajo (reduciendo la precariedad).
Aumentando la productividad (buscando que nuestras empresas sean más eficientes).

Las propuestas programáticas ya se vieron expuestas cuando el 25 de marzo del año pasado Rosa Díez, diputada de UPyD, junto con Álvaro Anchuelo, responsable de Economía de la Formación, Florentino Felgueroso, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo y Miguel Ángel García, profesor asociado de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, postulasen sobre las ideas de reforma del mercado del trabajo que España necesita y UPyD propone.

La primera consideración importante de esta reforma es que se establece que respeten los derechos adquiridos en los contratos ya existentes. Por tanto, se refiere únicamente a los nuevos contratos que tras ella se firmen.

Para UPyD solo existirá una única modalidad de contrato, “los contratos indefinidos”, salvo para la sustitución de bajas temporales. Estos contratos tendrían una indemnización que en aquel momento se establecía inicialmente en 12 días por año en el primer año y, a partir de ahí, irían aumentando en 2 días por año en los años sucesivos, hasta un máximo de 36 días por año. La indemnización inicial es más baja que la de los actuales contratos indefinidos, pero más alta que la de los contratos temporales (8 días). La propuesta que hace UPyD cuenta, además de con los ponentes, con el aval intelectual de 100 de los mejores economistas españoles (incluyendo al Sr. Campa, actual Secretario de Estado de Economía, firmante del Manifiesto en el que se propuso por primera vez) o el premio Nobel de Economía, el Sr. Pissarides, quien afirma: “En España debería haber sólo un tipo de contrato laboral”.

Se establece así mismo que esta contratación indefinida podría ser a su vez a tiempo completo o parcial, siendo para UPyD interesante hacer más atractiva esta segunda modalidad para empresas y trabajadores, pues apenas se usa en España en comparación con otros países europeos. Permitiría una mayor adaptación de los empresarios y trabajadores a las necesidades de la economía, y así mismo favorecería a la conjugación de la vida familiar y laboral.

La anterior propuesta de un nuevo contrato indefinido único haría innecesarias las bonificaciones a la contratación indefinida que actualmente existen. Para UPyD estas han resultado muy costosas. Hablamos de costos cercanos a un 0,4 % del PIB anual, unos 4.000 millones de euros anuales, y asi mismo han resultado  ineficaces pues a menudo priman un contrato indefinido que está sustituyendo a otro indefinido, o a uno que iba a firmarse en cualquier caso.

La reforma establece que es imprescindible mejorar drásticamente las políticas activas de empleo basadas en la formación, una clara y grave deficiencia del mercado de trabajo español. Los recursos liberados por las bonificaciones a la contratación indefinida deberían dedicarse íntegramente a ese fin, sin que la formación suponga una nueva carga para un sistema ya excesivamente lastrado.

Así mismo se propone eliminar la discriminación lingüística en las contrataciones laborales, en particular dentro de la administración pública, incluyendo la que tiene lugar en la enseñanza; esto facilitaría la movilidad de las personas y refuerza la igualdad de todos los españoles. En este sentido  Rosa Diez indicaba que “no tiene sentido perder en España lo que nosotros ya teníamos y queremos lograr ahora en toda la Unión Europea”.

También contempla la eliminación de las remuneraciones e indemnizaciones por despido de los directivos en las entidades financieras que reciban ayudas públicas.

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