José Fernández
Periodista
Dos de cada tres menores acogidos por desamparo familiar por la Junta de Andalucía en Almería son marroquíes. La administración autonómica acaba de hacer públicos estos datos para desvelar, además, que por paradójico que parezca no todos los jóvenes marroquíes que se benefician en nuestra provincia del paraguas de prestaciones “gratis total” que les ofrece la Junta son víctimas de una situación familiar desgarradora o son náufragos de alguna patera. Son hijos de familias acomodadas marroquíes que han sido enviados a España para cursar una especie de Erasmus del Morro y aliviar así a sus papás de la pesada carga de la manutención, educación y atención sanitaria de sus zangolotinos.
A pesar de que hace ocho años que no se ha repatriado a ningún menor y que muchos de estos desahogados padres vienen en verano a visitar a sus hijos, la Junta acaba de anunciar su intención de pedir responsabilidades económicas a los progenitores. Yo no sé como se dirá en árabe “siéntate aquí y pedalea”, pero si supiera, podría trasladarles con alta probabilidad de acierto vernáculo las reacciones que este anuncio han debido provocar entre estas acomodadas familias de nuestro entrañable país vecino.
El tema debe ser bastante serio, porque la Junta denuncia el caso sin temor a que le tilden de racista y xenófoba, cosa podría haber pasado si la liebre la hubieran levantado otras voces. Y es que fastidia mucho que te tomen por el pito del sereno, pero fastidia más que sean noticias de este tipo las que confirmen que el modelo de “alegrías para todos y todas” no sólo no puede ser, sino que además es imposible.
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