Pepe Fernández
Periodista
Por lo que se está viendo, la magistrada Mercedes Alaya, lejos de apartar la instrucción del sumario de los eres del calendario electoral, lo ha vuelto a poner en parrilla al señalar al presidente de la Junta, a instancias procesales del PP, como políticamente responsable de la administración del dinero público (”fondo de reptiles”) durante los años investigados.
Un breve análisis de los últimos y llamativos movimientos de la juez explican en cierta forma cuáles han sido los mecanismos mentales y de defensa de la magistrada al verse acosada desde las tribunas de los mitines socialistas por personajes como Alfonso Guerra, reprendido públicamente por el CGPJ por unos ataques que ni siquiera gustaron en el PSOE, léase Micaela Navarro.
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| Juan Ignacio Zoido |
El Auto que se conoció ayer está fechado horas después de los primeros ataques públicos contra ella desde el PSOE a cargo de Guerra, y Manuel Chaves posteriormente. Seguramente la juez sabía también desde hacía tiempo que, en privado, circulaba una versión del incidente que supuestamente le liga en “amistad” y agradecimiento a Juan Ignacio Zoido desde los tiempos de aquel decanato en el que la APM se hizo con el control mayoritario de la afiliación de la judicatura sevillana.
Un supuesto “uso indebido de dependencias judiciales” por parte de Alaya podría ser la base de una historia que, de ser cierta, intentan utilizar muchos años después para hacer un daño innecesario, ciertamente desafortunado y pelín machista. También para intentar amedrantar a Alaya en su trabajo que mantiene a buen ritmo, con genio y figura. Todo para concluir señalando que la labor de la juez y de quienes con ella trabajan en esta investigación están supeditados a directrices partidistas del PP.
Olvidan los socialistas que la personación como parte en un proceso penal conlleva necesariamente defender posiciones o intereses legales de esa parte. Exactamente lo que ha hecho el PSOE, el PP y otros en multitud de procesos judiciales similares a este.
Sigo con la malévola tesis que quieren lanzarle a Mercedes Alaya para minar la independencia de sus decisiones en el arranque de la gran traca que nos espera con el Caso eres (ojo a las piezas separadas).
El “uso indebido de unas instalaciones judiciales” parece que llevó aparejada la apertura de un expediente interno, dado que habrían intervenido incluso funcionarios policiales. Y aquel expediente, asegura la malévola leyenda urbana, quedó archivado para los restos por el entonces decano de los jueces, Juan Ignacio Zoido. Voilá, “he aquí la conexión”, creen haber descubierto quienes han arrojado sospechas sobre la magistrada y sus amistades.
Esta versión que dibuja con trazos gruesos la leyenda urbana circulante -“hasta en boca de los taxistas”, ha dicho Javier Aroca, ex dirigente del PA en la SER- ha sido desmentida de forma tajante por el propio Juan Ignacio Zoido al que se lo pregunté hace varias semanas de forma directa. Tal y como conté hace dias.
Pero a cuenta de la verdad, de la mentira o de ambas cosas a la vez, se están montando una enorme bola que convierte en más llamativa aún la letra pequeña del proceso de los eres, especialmente la de los autos de la juez.
La Junta envía el pasado 28 de octubre nuevas investigaciones a la jueza con 30 millones de euros como nueva cantidad bajo sospecha. El contenido de ese informe no desagrada al gobierno porque le da la razón en su conocida tesis de "los cuatro golfos”. Que toda la trama gira en torno a Javier Guerrero y sus amigos de la Sierra Norte de Sevilla. El PSOE, que por vez primera desde el Caso Juan Guerra se ve seriamente amenazado desde el frente judicial, intenta a la desesperada situar el escenario de los delitos en la dirección general de Trabajo. Como si fuese este departamento un ente autónomo sobre el que los consejeros Fernández y Viera nunca supieran lo que pasaba y, sobre todo, lo que se repartía.
Pero la tesis de “los cuatro golfos” se viene abajo desde el momento que la juez habla en su penúltimo Auto del alto escalón de una pirámide. Señal inequívoca de que, por encima del exconsejero Fernandez o a su mismo nivel, hay más responsables imputables por estos robos en el seno de la administración autonómica andaluza.
Junto a las andanzas del clan de Javier Guerrero,18 nuevas empresas han sido puestas en manos de la juez como sospechosas de haber accedido a subvenciones millonarias de forma irregular.
La juez, que quizás no tuvo demasiado tiempo para meditar su último auto, comete un claro error al solicitar a los dirigentes del PP Sanz y Zoido copia del plan de la zona pírica de Huelva, en tanto que ellos eran del partido en el gobierno entonces. De inmediato desde el PP han corregido el error de Alaya, para que reenvíe su petición al gobierno central.
Pero lo más llamativo de su último documento judicial es la salida del armario judicial de Jose Antonio Griñán Martinez -así firma en el BOJA desde hace años- al que le pregunta algo cuya respuesta ya se conoce desde marzo pasado en el Parlamento. Que Griñán, como consejero de Economía y Hacienda, autorizaba solo ampliación del gasto en IDEA y que las subvenciones superiores a 1,2 millones de euros pasaban todas por el Consejo de Gobierno.
La juez, para sustentar la aparición de Griñán y Martinez Aguayo en el sumario del Caso Ere, aprovecha su paso por la cuenca minera de Huelva y se fija en Matsa, la empresa donde trabaja la hija de Manuel Chaves, objeto de una millonaria y polémica subvención por parte de la Junta. Y nuevamente se ha puesto sobre el tapete el Caso Matsa, el que todos creían cerrado por arriba y por abajo.
El asunto promete grandes terremotos judiciales, económicos y políticos en los próximos meses. Todo apunta a que será el gran culebron de la campaña autonómica.
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