Daniel Cela
Periodista
El cierre de la legislatura deja varios flecos pendientes en Andalucía. Aparentemente no quedan reivindicaciones históricas por cumplir, como lo fue durante 30 años la deuda histórica, el dinero que el Estado debía a la comunidad por el déficit en la financiación de la sanidad y la educación andaluzas en los años 80. No hay reclamaciones al Estado que la Junta lleve esperando resolver ocho años, el tiempo que el Gobierno amigo ha ostentado el poder en Moncloa. Pero en el último año sí han surgido nuevas demandas sin respuesta que quedan pendientes.
Algunas son fruto de los compromisos que el Estado contrajo con Andalucía tras la aprobación del nuevo Estatuto, en 2007, como la gestión del Guadalquivir o el pago de la deuda estatal por el déficit anual en inversiones dentro de la región en proporción a su población. Otras, en cambio, han ido surgiendo a partir de las decisiones adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para contener el déficit público, o simplemente por diferencias de criterio en el desarrollo de algunas leyes, como la de Dependencia.
Estas reivindicaciones han aflorado con más virulencia en el último tramo de legislatura. Seguramente, porque fue el momento en el que el Gobierno empezó a introducir las medidas más impopulares para paliar la crisis. El Ministerio de Hacienda, siguiendo las indicaciones de la UE, apretó las tuercas a las comunidades, y éstas, ya fueran del PP o del PSOE, se rebelaron. Aunque esto es cierto, sería engañoso no reconocer que también existe un componente político que explica por qué en este último año José Antonio Griñán ha elevado el tono de sus reivindicaciones hacia el Gobierno amigo.
Las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo dejaron al descubierto una realidad que hasta entonces parecía impensable: el desgaste de Zapatero había contagiado a todos los ayuntamientos y a todas las regiones históricas del socialismo, como Extremadura y Castilla-La Mancha, que pasaron a manos del PP por primera vez. El tsunami azul cubrió el país entero. Andalucía no era ajena a esa tendencia, y todas las encuestas posteriores sólo vinieron a confirmar que los populares crecían, los socialistas se hundían y el presidente Zapatero ya no tenía margen para reivindicarse (el nuevo candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, no tardaría en tomar distancias respecto a las políticas del todavía jefe de Estado).
Fue justo ahí, un mes después de las municipales, durante un Pleno en el Parlamento, cuando Griñán sacó a relucir como arma política los cinco litigios -tres de ellos en vía procesal- que le enfrentaban a Zapatero. El presidente andaluz puso cinco ejemplos de las "discrepancias" que tenía con el Gobierno, rebatiendo así las críticas del líder de la oposición, Javier Arenas, que le acusaba de "servilismo puro y duro". Griñán empezó a defender su línea política al margen (o a pesar) de la de Zapatero. Después de muchos años, el discurso del presidente de la Junta sobre el "compromiso con los intereses de Andalucía" volvía a pivotar contra la Moncloa. Quizá anticipándose a un previsible Gobierno de Mariano Rajoy con el que poder jugar al frontón de los desagravios desde hoy hasta las autonómicas de marzo de 2012.
Todo esto no significa que en los últimos seis meses Griñán haya reproducido sin más las clásicas referencias al "desagravio andaluz", como en la etapa de Aznar. Pero sí ha habido algunos encontronazos públicos entre Junta y Estado que hace sólo unos meses eran impensables. Probablemente el más sonado fue el del Guadalquivir, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que retiró las competencias exclusivas a Andalucía, pero también chirriaron muchísimo las discrepancias entre la ministra de Hacienda, Elena Salgado, y la consejera Carmen Martínez Aguayo, sobre el límite de endeudamiento regional. Éstas son las reivindicaciones latentes de Andalucía, las cinco que quedan por resolver, y las que heredará el Gobierno que salga elegido hoy:
Un río andaluz. La gestión del Guadalquivir
Andalucía perdió las competencias exclusivas del Guadalquivir cuando el TC anuló el artículo 51 del Estatuto porque "rompía la unidad de la cuenca". En los seis meses siguientes siguió gestionando las políticas del agua de forma transitoria, mientras el Gobierno y la Junta buscaban una solución para que Andalucía mantuviera la mayor autoridad sobre el río. Por la vía política no se logró nada. Ambas administraciones reconocieron que el margen que les había dejado la sentencia era mínimo, y la Junta prefirió devolver las competencias al Estado antes que aceptar un acuerdo de mínimos. De inmediato, Griñán abrió otra puerta para intentar recuperar el río: la vía del artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado la delegación de competencias. Esta fórmula, que requiere de una ley orgánica, la decidirá el Congreso que salga de las urnas. El Parlamento andaluz, con acuerdo de los tres partidos, tramita una proposición de ley del PSOE para reclamar la transferencia y el Consejo Consultivo prepara un informe sobre la legalidad. Arenas ha comprometido su apoyo a la iniciativa.También queda pendiente la demolición del hotel del Algarrobico. Pese a los esfuerzos de ambas administraciones, los jueces aún no han autorizado el derribo.
Una deuda de 1.500 millones. El déficit en inversión
El Ejecutivo central ha dejado por pagar a la Junta 1.504 millones de euros para compensar el déficit en inversiones estatales en Andalucía durante 2008 y 2009. La cifra fue consensuada por ambas partes: la deuda que el Gobierno contrajo con la región por incumplir la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, según la cual, la "inversión estatal en la región será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado", es decir, un 17,8%. Este compromiso estatutario se aplicaría durante siete años, hasta 2014, pero ya en los primeros dos ejercicios se acumuló un déficit. La Junta negociará con el nuevo Gobierno la fórmula de pago de esos 1.500 millones, que el anterior Ejecutivo ha dejado pendiente. Hay dos opciones: pagar por medio de una transferencia de capital, o mediante incrementos adicionales a los Presupuestos de 2012. La Junta prefiere la primera opción: obtendría flexibilidad para decidir a qué infraestructuras destinar el dinero.
Dependientes atendidos. Repensar la ley
Uno de los mayores desacuerdos entre Griñán y Zapatero ha tenido que ver con el desarrollo de la Ley de Dependencia. El coste real de los servicios de la aplicación de esta norma estaba siendo más elevado de lo previsto. La Junta se lo recriminó al Estado en muchas ocasiones, y además defendía un modelo distinto en el reparto de los fondos por comunidades: distribuir el dinero por persona dependiente realmente atendida, y no por población. Andalucía ofrece prestaciones a 255.000 dependientes -el 30% del Estado- y alcanzará los 275.744 a finales de 2012, por eso reclama más fondos. Los presupuestos andaluces del año que viene contienen una abultada apuesta financiera por la dependencia. Si Rajoy gana hoy, éste será uno de los principales frentes de confrontación con la Junta, ya que el líder popular ya ha anunciado que la Ley de Dependencia, tal y como está planteada, es "inviable".
Otras cuentas del Estado. Cambios en el Presupuesto
Para confeccionar las cuentas de 2012, la Junta asumió que el Presupuesto General está prorrogado. El Ejecutivo andaluz cuenta con tres vías de ingresos: las entregas a cuenta, que dependen del modelo de financiación; las transferencias finalistas; y los fondos europeos. La Junta ha hecho una "estimación prudente" de las partidas finalistas, de las que dependen algunos programas estrella del gasto, como las 8.216 plazas de guarderías (cofinanciadas por el Estado) o las becas. También el aumento de profesores (820 plazas más) dependerá del Gobierno. En teoría persiste el límite de la tasa de reposición del 30% para funcionarios (sólo pueden sustituirse tres de cada 10 docentes jubilados), lo que impedirá el aumento de la plantilla. La Junta se enfrentó al Gobierno este año para evitar que eso sucediera y logró un acuerdo in extremis.
El modelo de financiación. Tres litigios en juicio
El nuevo Ejecutivo también heredará tres recursos interpuestos por la Junta: El primero es por la reducción de la ayuda de los 400 euros en el IRPF. Esa ayuda nació para reactivar la economía y se eliminó con la crisis. Al hacerlo, la Junta entiende que disminuye el factor de evolución del fondo de suficiencia (la deducción de los 400 euros no fue repercutida a las comunidades y, en teoría, su supresión tampoco tendría que haber tenido efecto en el cálculo de la participación de éstas). El segundo recurso es por la entrega a cuenta del fondo de suficiencia global que se aplica en el ejercicio presupuestario 2011, y el tercero fue por la negativa del Ministerio de Hacienda a conceder anticipos a cuenta de los recursos adicionales y los fondos de convergencia en 2011. Hasta ahora, el Gobierno había aprobado estos anticipos a las comunidades, así lo hizo en los dos últimos ejercicios (2009 y 2010). Luego el ministerio prefirió esperar esperar a 2013 para liquidar el pago a las regiones de los fondos de convergencia. Seis comunidades del PP lo recurrieron y Andalucía se sumó a ellas.
Cabe esperar que todos estos flecos abiertos cobren un protagonismo esencial desde mañana hasta las autonómicas.
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