La Opinión de Almería
La fusión de la cooperativa de crédito almeriense Cajamar con la cooperativa de crédito valenciana Ruralcaja se ha consumado este semana, con el aplauso generalizado de las autoridades financieras y de los sectores sociales y medios de comunicación de ambas comunidades. Sin embargo, la operación tiene también un coste laboral bastante considerable. Se calcula que a Cajas Rurales Unidas, una vez que esté completamente conformada, le sobran entre 300 y 400 puestos de trabajo.
La mayoría de estos trabajadores pertenecen a la Comunitat Valenciana, ya que en Andalucía no hay entidades solapadas. El mismo jueves de la semana pasada, tras finalizar la reunión del consejo rector que aprobó la fusión, los sindicatos mantuvieron diversas reuniones para tratar este tema. El director general de Ruralcaja-CRM, Juan Antonio Gisbert, garantizó a los representantes sindicales que la reducción de empleos se realizará mediante jubilaciones o bajas incentivadas. Son alrededor de cien las oficinas que podrían cerrarse.
El grueso del recorte laboral afectaría a los servicios centrales, que en el nuevo grupo se distribuirán entre Almería, Madrid y Valencia. La nueva entidad va a dar a los trabajadores la opción de poder trasladarse a trabajar a otras comunidades autónomas. Si los trabajadores aceptaran esta posibilidad, las bajas laborales serían mínimas. Se da la circunstancia de que Cajamar es una de las pocas entidades financieras que aumentan su plantilla año tras año. Hace sólo unos meses abrió oficinas en Galicia.
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