Iván Gómez
Periodista
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| La autovía del Almanzora, parada |
Los recortes de la obra pública por parte de las administraciones, la ralentización de las actuaciones en marcha, la restricción de los créditos a los ayuntamientos y la caída de la actividad derivada de la crisis económica de los últimos años han puesto contra las cuerdas, al borde del abismo, al sector de las subcontratistas, en su mayoría empresas medianas, pequeñas y autónomos abocadas al cierre. La deuda de los ayuntamientos no ha parado de crecer y la reciente Ley de Morosidad no ha impedido que los impagos se multipliquen por parte de las administraciones. La Asociación de Subcontratistas de Obra Civil y Maquinaria (Aesom) ha denunciado que la situación económica es tan complicada que ya se han perdido un 60% de los empleos anteriores a la crisis y la mitad de las empresas ha tenido que cerrar las puertas.
En los últimos años han tenido que financiar la construcción de polideportivos y teatros, zonas verdes y jardines, rehabilitación y asfaltado de calles y los pagos no llegan. De hecho, hay consistorios en la provincia que mantienen la deuda por encima de los dos años. "No es lógico que se hagan obras sin saber cuándo se podrán pagar. Los alcaldes prefieren engordar la deuda con los proveedores y los contratistas para poder pagarle la nómina a fin de mes al conjunto de los empleados municipales, de manera que cobran sus trabajadores y no hay para los nuestros", ha argumentado Jerónimo Parra.
Cada vez son más las empresas que se plantan y paralizan las obras en ejecución y otras, como en el reciente episodio vivido en Macael, optan por acudir a los tribunales y solicitar el embargo de lo construido. La plaza Esplugues de Llobregat recibió una orden de embargo por el impago de 2,3 millones de euros del consistorio a la empresa adjudicataria.
El sector de los subcontratistas plantea la necesidad de imponer un régimen sancionador a todos los incumplimientos derivados de la Ley contra la Morosidad, tal y como expusieron en una reunión al delegado provincial de Obras Públicas, José Manuel Ortiz. Otra de las demandas de las pymes son la acreditación del pago al subcontratista: establecer en todos los pliegos de licitación de cada contrato normas para el control de la morosidad del contratista, ya que los grandes conglomerados empresariales que ejecutan las mayores infraestructuras (AVE, autovías) imponen sus propias reglas del juego en perjuicio de los pequeños empresarios y autónomos a los que dejan sin margen de maniobra. Y también solicitan la creación de mecanismo de control en fase de ejecución para verificar que el licitador adjudicatario ha puesto efectivamente los medios de todo tipo que invocó en su oferta. "Se pretende dignificar la subcontratación en un marco de falta de sensibilización y control de las administraciones públicas que tiene como consecuencia una nefasta distribución del dinero de los ciudadanos", asegura Jerónimo Parra.
Las subcontratistas también han criticado que las grandes infraestructuras, como los tramos del AVE a Murcia han ido a parar a grandes conglomerados empresariales foráneos que no han contado con las empresas de la provincia y exigen que se tenga en cuenta en la adjudicación de los futuros tramos.
La licitación de obra pública ha caído hasta noviembre, según los datos de la patronal de las constructoras, en casi un 40%, cifras desalentadoras que hunden aún más a un sector atrapado por las deudas. "Las empresas están cerrando. No vemos otra solución. Ya lo han hecho un 50% y a lo largo de 2012 probablemente llegue al 70% de subcontratistas de la provincia que desaparecen".
De los 1.649 millones de euros licitados para obra pública en la comunidad autónoma andaluza en los diez primeros meses del año, 247,4 se presupuestaron en nuestra provincia.
En los últimos años han tenido que financiar la construcción de polideportivos y teatros, zonas verdes y jardines, rehabilitación y asfaltado de calles y los pagos no llegan. De hecho, hay consistorios en la provincia que mantienen la deuda por encima de los dos años. "No es lógico que se hagan obras sin saber cuándo se podrán pagar. Los alcaldes prefieren engordar la deuda con los proveedores y los contratistas para poder pagarle la nómina a fin de mes al conjunto de los empleados municipales, de manera que cobran sus trabajadores y no hay para los nuestros", ha argumentado Jerónimo Parra.
Cada vez son más las empresas que se plantan y paralizan las obras en ejecución y otras, como en el reciente episodio vivido en Macael, optan por acudir a los tribunales y solicitar el embargo de lo construido. La plaza Esplugues de Llobregat recibió una orden de embargo por el impago de 2,3 millones de euros del consistorio a la empresa adjudicataria.
El sector de los subcontratistas plantea la necesidad de imponer un régimen sancionador a todos los incumplimientos derivados de la Ley contra la Morosidad, tal y como expusieron en una reunión al delegado provincial de Obras Públicas, José Manuel Ortiz. Otra de las demandas de las pymes son la acreditación del pago al subcontratista: establecer en todos los pliegos de licitación de cada contrato normas para el control de la morosidad del contratista, ya que los grandes conglomerados empresariales que ejecutan las mayores infraestructuras (AVE, autovías) imponen sus propias reglas del juego en perjuicio de los pequeños empresarios y autónomos a los que dejan sin margen de maniobra. Y también solicitan la creación de mecanismo de control en fase de ejecución para verificar que el licitador adjudicatario ha puesto efectivamente los medios de todo tipo que invocó en su oferta. "Se pretende dignificar la subcontratación en un marco de falta de sensibilización y control de las administraciones públicas que tiene como consecuencia una nefasta distribución del dinero de los ciudadanos", asegura Jerónimo Parra.
Las subcontratistas también han criticado que las grandes infraestructuras, como los tramos del AVE a Murcia han ido a parar a grandes conglomerados empresariales foráneos que no han contado con las empresas de la provincia y exigen que se tenga en cuenta en la adjudicación de los futuros tramos.
La licitación de obra pública ha caído hasta noviembre, según los datos de la patronal de las constructoras, en casi un 40%, cifras desalentadoras que hunden aún más a un sector atrapado por las deudas. "Las empresas están cerrando. No vemos otra solución. Ya lo han hecho un 50% y a lo largo de 2012 probablemente llegue al 70% de subcontratistas de la provincia que desaparecen".
De los 1.649 millones de euros licitados para obra pública en la comunidad autónoma andaluza en los diez primeros meses del año, 247,4 se presupuestaron en nuestra provincia.
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