La Ciudad de la Justicia de Almería

Pedro Mena Enciso

Profesor de Historia

El pasado 2 de diciembre, coincidiendo con la visita del Presidente de la Junta de Andalucía a las instalaciones de la Ciudad de la Justicia, tuve que acudir a las mencionadas instalaciones por una citación del Servicio Común de Notificaciones. Antes de entrar en el edificio, me llamó la atención una protesta de funcionarios de justicia y me acerqué a preguntar los motivos: me comentaron que la causa estaba relacionada con el problema de la falta de aparcamientos para los casi 500 empleados públicos que trabajan en unas dependencias que se han quedado pequeñas para albergar a los 30 juzgados y demás servicios que allí se encuentran.

Cuando llegué al Servicio Común de Notificaciones comprobé que todas las mesas se encontraban llenas de expedientes y vacías de personal por lo que tuve que dirigirme al Juzgado de lo Penal donde me atendieron amablemente y gestionaron mi citación de forma eficaz. Me llamó poderosamente la atención el hecho de que en los despachos de los Juzgados de lo Penal tienen que convivir como pueden diversas personas en la misma sala donde no nos podíamos ni mover y, lo que es peor, comprobé in situ el amontonamiento de procedimientos en las mesas, en los estantes y desparramados por el suelo ya que el espacio es, a todas luces, insuficiente.



Ciudad de la Justicia de Almería



El problema es que, aunque las personas tengan buena voluntad, la infraestructura no acompaña y este va en detrimento de la celeridad en la actuación de la Justicia con el consiguiente perjuicio a los ciudadanos. Así pues, me llevé una sensación de caos e impotencia en mi visita a los Juzgados almerienses.

Por otra parte, la idea de crear un edificio que agrupe todos los juzgados es muy acertada pues ganamos en eficacia y se facilita el trabajo de los que se mueven en el mundo jurídico. Sabemos también que el traslado de los juzgados de Almería a este nuevo edificio ha supuesto además un ahorro en alquileres de más de dos millones de euros al año al no tener ya necesidad  de mantener  contratos de alquiler. Sin embargo, como siempre, faltó la previsión desde su inicio ya que hubo que replantearse el proyecto de construcción con la consiguiente dilación para su puesta en funcionamiento y, por otro lado, no se tuvo en cuenta el futuro en cuanto a las dimensiones de la Ciudad de la Justicia ni tampoco en cuanto al tema de los aparcamientos. Estos empleados públicos no trabajan con el espacio suficiente para realizar su trabajo, a pesar del empeño que puedan poner. Cuando me quejé del calor sofocante que hacía en los despachos que visité, algunos trabajadores de este emblemático edificio me comentaban que la calefacción estaba centralizada y controlada desde Sevilla. Es otra cuestión a resolver porque, si realmente es así, me parece poco menos que sorprendente.

En este momento me viene a la cabeza alguna reflexión, pues pienso que en estos últimos años el desarrollo económico y social de nuestro país ha sido evidente y más en ciudades como Almería, que han experimentado un notable aumento de población y nivel de vida. ¿Se ha tenido esto en cuenta a la hora de reforzar nuestros instrumentos de seguridad y dotarlos de todos los medios necesarios para cumplir adecuadamente con su labor al servicio de los ciudadanos? ¿Es realmente la Justicia moderna, eficaz, rápida y ágil? ¿Hasta qué punto podemos hablar de objetividad e independencia? ¿Es verdad, como nos informan, que el moderno sistema de firma electrónica es completamente inoperante por insuficiente financiación?

Cualquier ciudadano es consciente de la insoportable lentitud de nuestra Administración de Justicia que, en muchas ocasiones, tarda años en resolver un asunto hasta tal punto de que cuando llaman al interesado ya ni se acuerda de los hechos. ¿Quién no sabe de asuntos que tardan lustros en salir, por ejemplo, de los  Tribunales de 1ª Instancia? Si nos centramos en Almería vemos cómo  hace unos días el propio decano del Colegio de Abogados, José Pascual Pozo, comentaba a La Voz de Almería: “la sobrecarga de los juzgados supone que se estén señalando juicios con una distancia en el tiempo que pasa de los razonable. En lo Contencioso Administrativo se están fijando para 2014 y, por citar un ejemplo, esta semana me han señalado una audiencia previa para octubre de 2012”. La Justicia no puede fallar y lo hace cuando el ciudadano se siente indefenso en todo lo que le afecta de forma más directa. Personalmente creo que es inmoral este retraso en la aplicación de la ley porque produce ausencia de justicia, de seguridad y de libertad.