Víctimas durante toda la vida

Marta Soler
Periodista

Irina G., de 33 años, falleció el pasado lunes asesinada por su pareja, D. G. G., de 61, en el domicilio que ambos compartían en Roquetas de Mar. Ella llegó desde Rusia en el año 2000 al Poniente almeriense, como hicieron centenares de jóvenes de su edad convencidas de que en su país no tenían ningún porvenir. Aquí, según quienes le conocían, Irina comenzó a trabajar en un bar de copas donde conoció a D. G. G., que pasó a ser su pareja, poco después fue padre de su segundo hijo -de siete años- y, hace 48 horas, se convirtió en su verdugo. Después de matarla, se quitó la vida con una escopeta de caza.

Minuto de silencio a las puertas de la Diputación

La víctima era muy conocida. Tenía una estrecha relación con sus compatriotas y era secretaria de la Asociación Cultural Rusa Azbuka. Muchos de sus miembros acudieron ayer al minuto de silencio celebrado en su memoria en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y exhibieron la fotografía de la asesinada. "Nunca te olvidaremos", aseguraba Marina Borzenkova, vicepresidenta de la asociación.

 

Irina G. pertenece a una generación de mujeres rusas jóvenes que llegaron a España casi en oleada. Se trasladaban solas y habían pagado un alto precio por el viaje y por lo que dejaban atrás. La mayoría acabó su sueño ejerciendo la prostitución para pagar esa abultada deuda. Una década atrás, el Poniente almeriense fue uno de los principales puntos en los que los proxenetas provenientes del este de Europa instalaron sus negocios de explotación de mujeres. Una situación que pocas veces fue visto con la dureza que merecía. Incluso se llegó a percibir por la mayoría de la sociedad almeriense y andaluza como algo exótico. Un sacerdote de El Ejido durante una boda entre vecinos del pueblo llegó a decir que su enlace duraría "hasta que la muerte o una rusa" separara a los contrayentes.

El desafortunado chiste del cura procedía, sin embargo, de una realidad social: la proliferación de parejas entre mujeres jóvenes de origen ruso y varones almerienses que voluntariamente abandonaban a sus parejas y que, en muchos casos, doblaban la edad a sus nuevas parejas. Las jóvenes los dejaban todo en sus países para venir a España en busca de un trabajo, un medio de vida, una estabilidad económica y social. "Todo eso te lo da una persona mayor", reflexiona Manuel Castillo, presidente de la Asociación Po Russki, creada en 1999. "El 95% de las mujeres rusas casadas o con pareja autóctona son mucho más jóvenes que ellos", corrobora Castillo, y contabiliza alrededor de mil matrimonios entre varones locales y mujeres rusas en Almería, Roquetas de Mar y El Ejido.

Ese fue el boom hace poco más de diez años, pero ahora se vive una segunda etapa. Estas mujeres conviven con sus parejas, tienen hijos, una estabilidad y comparten problemas con el resto de la población. Uno de ellos es la violencia machista. "Estos matrimonios no suelen funcionar", sostiene Castillo y añade que existe "mucho maltrato" y "miedo" a denunciar, a hacer visible su problema. "No saben dónde ir después y tienen miedo a represalias y a quedarse solas con sus hijos a los que no saben si podrán mantener". Con sus familias a miles de kilómetros y sin conocer los recursos disponibles a su alcance se vuelven frágiles.

"No tiene nada que ver la situación de vulnerabilidad de una extranjera con la de una autóctona", considera Mercedes Díaz, presidenta de Aimur, la Asociación para la Atención Integral de Mujeres en Riesgo Social. Los asesinos, dice, "buscan dominar y es más sencillo hacerlo cuando la mujer está más desprotegida". En el caso de las inmigrantes, la situación es evidente. Carentes de medios económicos y redes familiares y amistades, tampoco confían con plenitud en los medios a su alcance. Las mujeres víctimas de malos tratos no pueden ser trasladadas a un centro de acogida, lejos de su agresor, si no existe denuncia previa y para llegar ahí hay que caminar mucho. "Tiene miedo a perder la residencia si se divorcian", expone Díaz. "Está claro que los medios de protección y la justicia no está funcionando".

Durante el primer semestre del año se adoptaron 2.068 órdenes de protección en Andalucía, 109 menos que en 2010, según los datos de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Durante los seis primeros meses del año, se interpusieron 14.128 denuncias por malos tratos, el 76,5% procedentes de atestados policiales. Pero las cifras no reflejan la realidad del infierno de la mujer maltratada. Agresiones físicas que quedan en una multa, retirada de la custodia a las denunciantes y represalias familiares son realidades que las mujeres conocen y que les disuaden de dar el paso de visibilizar a su maltratador y salvar, en muchos casos, su vida y la de sus hijos.

La situación en la que quedan los menores es el "drama más cruel" de la violencia machista, según Adela Segura, delegada de Igualdad. El hijo de Irina aún desconocía lo sucedido a primera hora de la tarde de ayer. Su padre, un día antes del crimen, le había llevado a casa de una hermana.

(El País)