Celso Ortiz
Profesor de la UAL
Si hay una ventaja de la que goza el Partido Popular sobre cualquier otra formación política, es la fidelidad de sus votantes. Tanto da que bajen los impuestos como que los suban, lo mismo vale que anuncien una ley para enchiquerar al gobernante que se empeñe hasta las cejas, como que nombren ministro a un alcalde que se ha empeñado hasta las cejas. Al toque de corneta acuden a las urnas a votar hoy un cosa, y mañana la contraria con tal de que persista el anagrama de la gaviota en la papeleta. Hagan lo que hagan nadie se sale de la ruta. Así que mientras que en Galicia sacaron una ley electoral que inhabilita a los alcaldes para presentarse a las elecciones al Parlamento Gallego, en Andalucía no tuvieron reparos para rechazar una ley porque inhabilita a los alcaldes para ser parlamentarios andaluces.
Y además, provocando. Se diría que pasándose por el forro la legitimidad del Parlamento Autonómico para dictar normas, los populares que ya se ven gobernando en Andalucía, han plantado cara a una ley que tiene toda la legitimidad y así, en plan chulo, han colocado a cinco alcaldes encabezando las listas de cinco provincias. Esperan que para cuando llegue la hora de recoger el acta parlamentaria, los tribunales les hayan dado la razón. Ya se verá. De momento y al margen de lo que los tribunales puedan resolver en su día, no parece que sea un disparate la reforma de la Ley Electoral de Andalucía donde ha quedado reflejado que los cargos de alcalde y diputado sean incompatibles en una misma persona. Y si en lugar de dejamos llevar por las consignas de los partidos, nos pronunciáramos conforme nos dicta la razón, mucho me temo que la mayoría de los ciudadanos, que no aspiramos a ser alcaldes ni diputados por estas veinticuatro horas, le daríamos el visto bueno a la reforma, incluidos, claro está, los votantes del Partido Popular.
Para cualquiera que esté libre de influencias partidistas, el cargo de alcalde es más que suficiente para que un político tenga donde entretenerse, y un diputado lo que debe de hacer es ocupar su escaño y dedicarse a las labores legislativas propias de un parlamento. Son dos funciones que nada tienen que ver la una con la otra. Esa manía de llevar alcaldes a los parlamentos, transmitiendo el mensaje subliminal de que con ello se beneficia al municipio, es una manera de tergiversar la naturaleza de las instituciones. Un parlamentario, en este caso andaluz, es un servidor de toda la comunidad, y puñetera falta hace que para dictar normas que deben de afectar por igual a todos los andaluces, sea cual sea su procedencia, meta el hocico un alcalde listillo barriendo para su pueblo.
Y además, provocando. Se diría que pasándose por el forro la legitimidad del Parlamento Autonómico para dictar normas, los populares que ya se ven gobernando en Andalucía, han plantado cara a una ley que tiene toda la legitimidad y así, en plan chulo, han colocado a cinco alcaldes encabezando las listas de cinco provincias. Esperan que para cuando llegue la hora de recoger el acta parlamentaria, los tribunales les hayan dado la razón. Ya se verá. De momento y al margen de lo que los tribunales puedan resolver en su día, no parece que sea un disparate la reforma de la Ley Electoral de Andalucía donde ha quedado reflejado que los cargos de alcalde y diputado sean incompatibles en una misma persona. Y si en lugar de dejamos llevar por las consignas de los partidos, nos pronunciáramos conforme nos dicta la razón, mucho me temo que la mayoría de los ciudadanos, que no aspiramos a ser alcaldes ni diputados por estas veinticuatro horas, le daríamos el visto bueno a la reforma, incluidos, claro está, los votantes del Partido Popular.
Para cualquiera que esté libre de influencias partidistas, el cargo de alcalde es más que suficiente para que un político tenga donde entretenerse, y un diputado lo que debe de hacer es ocupar su escaño y dedicarse a las labores legislativas propias de un parlamento. Son dos funciones que nada tienen que ver la una con la otra. Esa manía de llevar alcaldes a los parlamentos, transmitiendo el mensaje subliminal de que con ello se beneficia al municipio, es una manera de tergiversar la naturaleza de las instituciones. Un parlamentario, en este caso andaluz, es un servidor de toda la comunidad, y puñetera falta hace que para dictar normas que deben de afectar por igual a todos los andaluces, sea cual sea su procedencia, meta el hocico un alcalde listillo barriendo para su pueblo.
Se nota que tu no te enterastes cuando eras Concejalillo de Cultura, y ahora te has vuelto muy listilo.
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