Emiliano Domene
Empleado público
Desde la implantación de la Ley de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en el año 2007, esta ha sido objeto de numerosos debates sociales, y, lo que es más preocupante, ha sido utilizada como arma arrojadiza entre las dos principales fuerza políticas de nuestro país. Lo cierto es que el nacimiento de esta ley supuso un indudable avance social ya que va dirigida hacia los más débiles de nuestra sociedad, aquellas personas que por razones derivadas de la edad, enfermedad o discapacidad, necesitan de la ayuda de otras personas para realizar las denominadas Actividades Básicas de la Vida Diaria
En España el 22% de la población tiene más de 60 años, siendo la esperanza de vida de 87 años en las mujeres y de 83 en los hombres. En más de tres millones de hogares habita una persona con discapacidad física, mental o sensorial. Con estos datos en la mano, se comprende la importancia de un correcto desarrollo de la ley y lo indignante que llega a ser el hecho de que se planteen recortes en esta materia. Aún así el gobierno socialista introdujo los primeros recortes en la dependencia, eliminando la retroactividad de las ayudas y una de las primeras medidas del nuevo gobierno popular ha sido dejar sin prestación a 30.000 dependientes que deberían de haberse incorporado al sistema en enero de este año. Por si esto fuera poco la dependencia ha entrado en números negativos: mueren más dependientes que los nuevos que acceden a las ayudas del sistema.
Especial importancia tiene la vertiente laboral del sector de la dependencia, que con una correcta aplicación y desarrollo debería de haber generado la aparición de un nuevo colectivo de trabajadoras y trabajadores con un empleo de calidad en consonancia con la importancia de su labor y convertirse en útil instrumento contra el desempleo.
Ciertamente el sector de la dependencia ha tenido una importante repercusión en materia de empleo, sobre todo al inicio de la aplicación de la ley, ya que el eminente perfil femenino del colectivo ha permitido una mayor incorporación al mercado laboral de un colectivo tan castigado por la crisis como el de la mujer, con especial repercusión en el mundo rural con la activación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAAD).
Pero la realidad es que se trata de un sector laboral muy precarizado y no exento de dificultades, poco valorado social y económicamente, con bajas retribuciones y un gran desconocimiento general de cuales son las funciones que deben de realizar las auxiliares de ayuda a domicilio y hasta donde abarcan sus responsabilidades. No se debe confundir dar un servicio con ser sirvientas.
Un alto número de estas trabajadoras están contratadas a tiempo parcial con jornadas de 3 ó 4 horas, y se estima que el 80% sufre retrasos o impagos en sus nóminas.
Con el objeto de garantizar la calidad en la atención, se está abordando la progresiva profesionalización de los profesionales, a los cuales se les exigirá una serie de cualificaciones con fecha tope 2015, pero esta profesionalización debe ir acompañada de una dignificación de las condiciones sociolaborales en que se ejerce la profesión con una nueva política de gestión que conlleve mayor reconocimiento, remuneración y calidad en el empleo. A pesar de ser unas recién llegadas, estas ayudas deberían de visualizarse por la ciudadanía como fundamentales e intocables, de la misma manera que se da por descontado el derecho a una sanidad pública.
A mi entender, por todas las connotaciones expuestas habría que abordar de una manera seria y rigurosa medidas de impulso y consolidación de la ley y del sector que tiene detrás, puesto que una sociedad que no protege a sus capas más débiles está condenada al fracaso.
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