Javier de Cospedal

Marcial Vázquez

Teleprensa

Desde que Arenas se cree el presidente de la Junta no ha parado de repetir eso de “lealtad institucional”. Lleva semanas hablando de esto. Yo, la verdad, no entendía muy bien a dónde quería llegar alguien del PP hablando de lealtades. Pero estos últimos días ya lo hemos entendido: la suspensión de pagos de Andalucía. Para esto pedía Javier lealtad, para que sus compañeros de partidos y miembros del gobierno empezasen la verdadera campaña electoral de la derecha de cara a las andaluzas.

En parte es algo normal que si les ha funcionado en toda España lo apliquen también en tierras andaluzas, donde según todas las encuestas el PP está a uno o dos diputados de la mayoría absoluta, condición indispensable para sentarse en San Telmo, ya que se supone que IU Andalucía no se portará a la extremeña, pero nunca se sabe.

Llegados a este punto creo que es necesario volver a insistir en ciertas estrategias políticas del PP que no solamente son profundamente desleales para con todos los españoles y en este casi andaluzas, sino que son un ejemplo de lo que en democracia no debería de hacerse para conseguir un puñado de diputados. Que poder se puede, a la vista está. Y que es rentable, ahí tenemos a Cospedal para demostrarlo. Pero ya está bien de que el PP siga amenazando con la quiebra o suspensión de pagos de cada institución que gobiernen los socialistas (ya solamente queda Andalucía y el País Vasco), cuando la única autonomía que ha tenido que ser rescatada por el Gobierno y que se encuentra en el peor de los abismos económicos es la Comunidad Valenciana, lugar donde el PP lleva gobernando de mayoría en mayoría desde hace décadas. ¿Cuál es aquí la herencia recibida, la de Zaplana o la de Camps?. En este caso los del PP valenciano tendrán suerte: la ley Montoro no tendrá efecto alguno, pues si de lo que se trata es de inhabilitar, Zaplana está ya fuera de política y Camps presuntamente inhabilitado por el caso Gürtel. Es decir, que el objetivo principal de la futura ley Montoro, que es meter en la cárcel a Barreda, se podrá llevar a cabo con muy pocas víctimas colaterales del propio partido.

Pero este comportamiento del PP no es ni nada nuevo ni nada original. No hay más que recordar la puesta en marcha del Plan E, que Zapatero diseñó para intentar suavizar el impacto de la crisis a costa de inversión pública. Pues bien, desde la derecha se mofaron de dicho plan y muchos ayuntamientos encargaron proyectos absurdos para poder explicar en los mítines que el PSOE se había gastado 300 mil euros en poner dos o tres bordillos en el parque del pueblo y 60 mil en el cartel informativo de la obra. Otros alcaldes, sin embargo, optaron por hacer proyectos necesarios para su ciudad y después de criticar de igual manera el Plan E, ir a inaugurar las obras pagadas con dinero gubernamental como si hubiesen sido posibles gracias a la gestión del Partido Popular.

Y qué decir de la ley de Dependencia, concienzudamente boicoteada desde las administraciones del PP para que la gente se diese cuenta de cómo Zapatero también les había engañado con esta nueva política social. O la críticas inmisericordes al Ministerio de Igualdad y sus actuaciones paralelas cuando muchos ayuntamientos y autonomías del PP contaban y cuentan con una concejalía o consejería precisamente de Igualdad. “Oye, ¿por qué criticamos algo que nosotros también tenemos?” Le preguntaría algún votante del PP a su político de confianza. “Pues porque el PSOE nos ha arruinado y hay 5 millones de parados”. Y así sucesivamente.

El PP dejará de jugar con el miedo de los españoles el día que no le rente votos. No sé qué día será ese, pero mientras en España estaremos cautivos de una crisis económica que no parece tener fin y de unos intereses políticos que la única lealtad que entienden es la debida hacia el poder.