La legalización de viviendas

Valentín Escobar

Abogado

El pasado 10 de enero, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó –al fin- el Decreto que se espera que sirva para la legalizar las miles de viviendas “ilegales” que existen en nuestra comunidad. Aún pendiente su publicación, ya han sido muchas las reacciones producidas desde los colectivos más afectados, comenzando por los propietarios, y terminando por las administraciones locales. El asunto es más complejo de lo que pueda parecer. No se trata de una “amnistía general”, sino que el Decreto trata de dar respuestas distintas a las distintas situaciones que se dan en la práctica. Por ejemplo, no están en la misma situación una vivienda construida hace seis años en suelo no urbanizable sin ningún tipo de protección especial –por tanto la infracción ha prescrito y la vivienda ya no puede ser demolida en ningún caso-, que una vivienda construida sobre un suelo protegido, donde la infracción urbanística, acaso el delito, no prescriben jamás. Y qué decir de aquellas viviendas que se construyeron con licencia municipal cuya validez fue luego anulada por una sentencia, años después de la construcción de la vivienda.

El Decreto debe dar distintas soluciones, no se trata de sólo de “legalizar” una vivienda, se trata de dotarla de los servicios urbanísticos de los que pueda carecer, y de hacerlo en condiciones tales que permita al Ayuntamiento correspondiente hacerse cargo de esos servicios para, en lo sucesivo, cumplir con su obligación de recogida de basuras, suministro eléctrico de calidad, etc…

Según los distintos borradores que hasta ahora hemos conocido –veremos si la versión final difiere mucho o no- se impondrá al propietario de la vivienda en cuestión el coste de todo el proceso de legalización, entendiendo como tal la redacción de proyecto de legalización, pago de nuevas tasas, y por supuesto completar la urbanización de la vivienda hasta un estándar mínimo que cumpla con las ordenanzas municipales de aplicación, y permita al Ayuntamiento correspondiente recepcionar esa urbanización y asumir el servicio como en cualquier otra vivienda. Se abre pues, una ventana de oportunidad en varios frentes.

Por un lado, arquitectos y abogados se encuentran con una oportunidad de trabajo que -sobre todo los primeros- agradecerán en un momento de casi nula actividad inmobiliaria; por otro, los Ayuntamientos esperan obtener ingresos extraordinarios por la vía de la legalización, ingresos que en muchos casos necesitan con cierta urgencia –esperemos que no haya abusos en ese sentido-; y finalmente, los propietarios, los grandes afectados, quizá puedan por fin dormir tranquilamente, con sus viviendas “legalizadas” y por tanto de vuelta al “mundo legal” en el que puedan hipotecar, comprar y vender sus viviendas, sin miedo a la inseguridad jurídica que entre todos hemos generado en los últimos diez años en el que antes era el mejor sitio de Europa para venir a invertir y a vivir. Quien sabe.
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