La vicepresidenta y el precipicio

Luis Barbero

El País

Hechos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dado aliento a la idea de que la Junta de Andalucía se encuentra en suspensión de pagos al manifestar su “gran preocupación” sobre las cuentas de la principal institución que gobiernan los socialistas en España. Ha abundado, de esta manera, en la estrategia del líder del PP andaluz, Javier Arenas, quien lleva varios días sembrando dudas sobre la herencia que puede recibir el 25 de marzo si gana las elecciones autonómicas y alimentando la creencia de que hay innumerables facturas en el cajón sin pagar.

El Ejecutivo autónomo de José Antonio Griñán se ha revuelto y ha elevado una queja formal por las declaraciones de la vicepresidenta en la solemne rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La respuesta de la Junta es que se trata de una sospecha “infundada” y ha alertado del daño que estas afirmaciones pueden hacer en un momento de turbulencias financieras y de dificultades de las administraciones para colocar deuda en los mercados.

Datos.La salud financiera de las comunidades tiene dos termómetros fundamentales: el déficit y la deuda. En ambos casos, según el Banco de España, Andalucía se encuentra en la zona templada de la tabla autonómica. En septiembre de 2011, el déficit de Andalucía se situaba en el 1,11%, cuando el objetivo fijado para todas las comunidades autónomas era el 1,3% para todo el ejercicio (es posible que cuando se liquide el año se supere ligeramente este porcentaje). La media de las autonomías en el tercer trimestre se situó en el 1,19%. Es decir, Andalucía estaba justo en la media. Destacaban como buen cumplidor la Comunidad de Madrid, cuyo déficit se situó en el 0,47%, y como malos alumnos, Castilla-La Mancha (4,8%) y la Comunidad Valenciana (2,32%).

En cuanto al endeudamiento, también referido a septiembre de 2011, la deuda de Andalucía en relación a su PIB se situaba en el 9,3%, tres puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas (12,4%). En este caso, Madrid sacaba también de las mejores notas (7,7%) y la Comunidad Valenciana (19,9%) y Castilla-La Mancha (17,2%), de las peores.

Conclusión. O bien la Junta de Andalucía está engañando al Gobierno (al anterior y al actual), al Banco de España, a las agencias de rating (y a todo el mundo) y entonces hay que exigir responsabilidades a sus mandatarios por ello, o bien las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno hay que enmarcarlas en la batalla partidista del 25 de marzo y destilan una profunda irresponsabilidad. No puede utilizarse el Consejo de Ministros para cuestionar la situación financiera de una autonomía como si fuera un acto de partido.

Si la Junta está realmente en suspensión de pagos (¡en una situación similar a Grecia!), Andalucía tiene un problema muy grave… pero España también. Y el Gobierno de Rajoy debe ser el primer interesado en aclarar, de forma urgente, si la comunidad está al borde de la quiebra o Santamaría ha hecho un uso espurio de la atalaya privilegiada de la portavocía del Gobierno para hacer campaña electoral y empujar aún más a Andalucía (y a España) al precipicio.