Una agresión a Andalucía

Ignacio Martínez

Grupo Joly

Si la deslealtad institucional fuese deporte olímpico, España tendría medalla segura en los Juegos. La vicepresidenta Santamaría dio una vez más prueba de la calidad nacional en esta disciplina el viernes, tras el Consejo de Ministros. Sus palabras de preocupación por las finanzas de Andalucía pueden ser producto de su bisoñez en el cargo, pero le han metido una pedrada a la solvencia financiera regional imperdonable, nada menos que desde la Vicepresidencia del Gobierno.

Sean el color que sean los gobiernos central y autonómico, no es de recibo que se tiren estos misiles partidistas desde tribunas institucionales. La neófita ministra de Trabajo dio muestras del mismo defecto en un acto del PP en Huelva, cuando dijo que España estaba en la ruina. ¿Por qué nos quejamos de Fitch, Moody's o S&P si ya tenemos a los ministros del Reino de España para denigrar al país?

La vicepresidenta entró al trapo de un medio que preguntó por una información propia, para darle más vuelo. Un viejo truco. Y Santamaría se olvidó de que no es delegada de curso en la Facultad de Derecho de Valladolid y se tiró a la piscina. Estas cosas no son gratis. Con la turbulencia que hay en los mercados, cualquier frivolidad puede costarle una fortuna al Estado o a una región. Habría que exigir a las autoridades más decoro o incluir estos desmanes en el capítulo penal que tanto desea el ministro Montoro.

Andalucía cerró su año contable el 20 de noviembre. Según la Junta, Cataluña y Murcia lo hicieron el 11, en octubre lo cerraron Castilla y León y Madrid. Y en septiembre Galicia y País Vasco. Si las fechas son ciertas, estamos ante un montaje, no ante una suspensión de pagos. Ignoro si hay facturas en los cajones, pero a estas alturas Arenas debe asumir que los andaluces ya saben que el PSOE tiene que irse de la Junta. Lo que ahora se discute son los méritos del aspirante. Y eso no se resuelve con lanzallamas.

Hay, además, una falta de respeto. Con mucha mayor deuda que Andalucía, Santamaría no tiene narices de decir que está preocupada por la solvencia de Cataluña. Tampoco de Valencia, que ya es una región intervenida por el Estado. Hemos asistido a una agresión desde el Gobierno para arrancar unos votos. Penoso.