Noticias de Almería
Redacción
El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, apuntó en el pleno ordinario de ayer, conexiones en Almería de los últimos escándalos que salpican al PSOE de Andalucía, y lo hizo para responder a las insinuaciones de la portavoz del grupo socialista que se negó a apoyar una moción sobre los ERE falsos que investiga la Justicia. El vicepresidente de la Diputación, Javier A. García, justificó la presentación del Partido Popular en el pleno, para instar a la Junta de Andalucía que reclame “responsabilidad patrimonial” a quienes por “dolo, culpa o negligencia grave hayan causado daños o perjuicios a la Hacienda de la Comunidad Autónoma”, y que se cree un Fondo Social por el que las familias sin ingresos por culpa del desempleo perciban las cantidades defraudadas. Esas dos ideas se justificaban básicamente en el conocido escándalo de los ERE falsos, los Expedientes de Regulación de Empleo que investiga la juez Alaya de Sevilla, al descubrirse que cobraron de este dinero, puesto por la Junta de Andalucía, personas que nada tenían que ver con las empresas a las que se subvencionaba esta regulación, pese a lo cual cobraban abultadas cantidades de dinero. También se ha comprobado que la inmensa mayoría de los intrusos son militantes socialistas o sindicalistas próximos al PSOE, y en algún caso sus familiares.
Pleno de la Diputación de Almería |
La portavoz socialistas, Esperanza Pérez, comenzó defendiendo la gestión del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía en esta cuestión, pese a que García le recordó que la juez que instruye el sumario se ha quejado de falta de colaboración.
Posteriormente, el debate se tensó más aún, y la socialista argumentó que este asunto nada tenía que ver con Almería, a lo que el popular le contestó que con más de cien mil parados en la provincia, sí es un asunto que le importa a los almerienses ya que se trata de dinero que debía haber sido destinado a desempleados. En un paso más, Pérez apuntó hacia Roquetas de Mar, ciudad de la que es alcalde Amat, y se refirió a temas urbanísticos como el de los terrenos de La Fabriquilla que investiga la Fiscalía, y algunos otros, hablando entonces de si también habría que crear fondos sociales para los perjudicados.
Amat se mantuvo en silencio hasta el final del debate, y antes de pasar a votar la moción, que no contó con el apoyo socialista, hizo referencias veladas sobre el origen del conflicto sobre las licencias de La Fabriquilla, preguntándose en voz alta que “a lo mejor habría que irse más hacia atrás y ver quién compró el terreno, si engañaron o no a los propietarios, y quién intervino en la operación, y quiénes hablaron que tenían cargo, porque yo no; a lo mejor eso servía para clarificar mucho las cosas”. En esta ocasión podría estar refieriéndose sin nombrarlo a un concejal socialista del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Pero más allá de ese caso, el presidente de la Diputación hizo referencia al “hijo de alto cargo del PSOE” que cobraba 6.000 euros al mes de una empresa de Almería, donde venía cada cierto tiempo. Aunque Amat no quiso abundar más en ello, se trataría de alguien que ha estado ejerciendo la actividad de “comisionista” y hubiera podido mediar para la obtención de subvenciones y ayudas de la Junta de Andalucía, algo que ya habría hecho en otros caso por el resto de la Comunidad Autónoma. También se refirió a Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía que destapo el caso del “fondo de reptiles”, un dinero -según declaró él mismo ante la Justicia- con el que los socialistas pagaban ayudas y subvenciones sin ningún control que lo fiscalizara, y que habría ido a parar a empresas y personas del entorno socialista. Este Guerrero es el mismo que otorgó “subvenciones” a su chófer para empresas inexistentes, y que según el beneficiario, se lo gastaron en cocaína. Pues bien, Amat habló en este caso de que repartía por Almería tarjetas de visita en las que ponía de profesión “pensador”, y advirtió que no iba a entrar en el detalle de sus actividades y reuniones en la provincia. Por el contrario, señaló que “'estamos acostumbrados en Roquetas de Mar a no hacer nada que no lleve los correspondientes informes jurídicos y del técnico, porque la Junta de Andalucía tiene una escopeta de dos cañones con la mira puesta en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar”. Así, recordó que cualquier movimiento relacionado con el urbanismo en este municipio ha contando con el control exhaustivo de la administración autonómica, con permanentes denuncias y con numerosas sentencias favorables en los Tribunales que se ofreció a mostrar a la portavoz socialista “en par de horas”.
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