Isabel Morillo
Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía
El guión del PP andaluz para después del 25-M contemplaba a Javier Arenas como presidente de la Junta. Por eso y con cálculo electoral colocaron a sus alcaldes de más fuste como números uno al Parlamento ignorando una ley autonómica, aprobada de forma súbita por el PSOE-A, que impedía que los regidores fueran diputados. Arenas pensaba gobernar y cambiar la norma para que sus regidores se sentaran cómodamente en sus sillones y fueran su mano derecha en la Cámara. Mientras tanto, activaron varias maniobras dilatorias. Entre ellas, un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Pero los resultados no han sido los esperados. La mayoría del PP es insuficiente para formar gobierno y eso sitúa a cinco de sus principales alcaldes (Córdoba, Motril, Huelva, Fuengirola y Sevilla) en tierra de nadie dentro del Parlamento andaluz. Los populares andaluces despejaron ayer qué camino seguirán. Tomarán posesión de su escaño el 19 de abril pase lo que pase. A partir de ahí, se abren muchas posibilidades y la más probable dice que no estarán en el hemiciclo más de cinco meses. La mayoría, según fuentes populares, renunciará antes de verano.
José Cara, alcalde de La Mojonera |
La norma autonómica habla de incompatibilidad y no de inelegibilidad. A eso se agarró en principio el PP para poblar sus listas electorales de alcaldes que habían barrido en las municipales de mayo. A los cinco de grandes ciudades hay que sumar los alcaldes onubenses de Valverde, Lepe y el almeriense de La Mojonera. También hay dos alcaldes de IU: Juan Manuel Sánchez Gordillo (Marinaleda) y Juan Serrano (Canena).
Cuando el PP llegó al Gobierno central anunció que recurrirían esa incompatibilidad alcalde-diputado ante el Tribunal Constitucional. Ese recurso, que ya ha sido presentado pero aún no está admitido a trámite, implica que la ley se paralice de forma cautelar. El Alto Tribunal debe pronunciarse. Se espera que lo haga de forma inminente pero si no es así, el próximo miércoles los alcaldes del PP jurarán su acta de diputado. Hay un margen de un mes hasta que la Comisión del Estatuto de los Diputados los penalice y para entonces ya se espera que el Alto Tribunal haya paralizado temporalmente la ley.
El problema, según confirmó ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, es que esa suspensión cautelar no se puede extender más de cinco meses. Si para entonces no hay un fallo firme del Constitucional a favor de las tesis del PP, los alcaldes deberán renunciar al Parlamento. En mitad del ruido por la sucesión de Arenas tras su fiasco electoral, cualquier movimiento alimentará especulaciones. Sobre todo porque hay posibilidades de que de la cantera municipal salga el próximo aspirante a la Junta. Y hay alcaldes que se resistirán a perder su escaparate del Parlamento. ¿Renunciaría Carlos Rojas, alcaldes de Motril, o Esperanza Oña, portavoz parlamentaria y alcaldesa de Fuengirola?
Precisamente sobre unas declaraciones de Oña en El Mundo se pronunció Sanz. Es conocida la tensión entre ambos. Ayer se palpó. La regidora fue autocrítica: "La campaña del PP andaluz debió tener más tono". Reflexión a la que se han sumado voces del espectro mediático popular, que han atizado a Arenas. "No recuerdo una campaña con tono más elevado que la última, a escándalo diario contra el PSOE", dijo Sanz.
Fuentes populares fueron más allá. Lamentaron las críticas a toro pasado y negaron que haya sido una campaña floja o de perfil bajo. Arenas ha esquivado los asuntos espinosos del Gobierno (recortes y reforma laboral) y "quizás se ha rodeado excesivamente de ministros", conceden. El líder del PP adoptó un perfil moderado para evitar que cundiera el mensaje del miedo que, aseguran, han jaleado los sindicatos. Volverían a hacerlo igual, sostienen. Sobre el futuro del Gobierno de coalición, los populares no confían en una legislatura corta. "Llueve o truene del sillón no se salen", dijo Sanz sobre IU, "se apretarán en el poder".
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