José Fernández
Periodista
La Junta de Andalucía llevó a cabo la otra mañana el desalojo de cuatro familias que estaban ocupando unas viviendas sociales destinadas a mujeres maltratadas en el Quemadero. Las ocupantes de los domicilios, madres solteras en paro y con una media de tres hijos, fueron obligadas al abandono de las casas en las que vivían de modo ilegal por los técnicos de la Junta, que acudieron a hacer su trabajo respaldados por un fuerte despliegue policial. Sin embargo, la labor de los agentes no fue necesaria ya que el penoso trámite se despachó sin resistencia, sin incidentes dignos de mención, casi sin presencia mediática y -lo más llamativo- sin la participación de pancartistas, megafoneros, portavoces del perroflautismo ilustrado, concejales de izquierdas o líderes sindicales. Familias a la calle y punto. ¿Dónde estaban los grupos que, por ejemplo como IU, proponen la prohibición de los desahucios en ese programa de gobierno conjunto de progreso para Andalucía? Una vez más nos encontramos ante la doble vara de medir que tasa de modo diferente actos similares en función de quién los ordene.
Por lo tanto, si quieren ver a pleno rendimiento a la alegre hermandad de la pancarta y el silbato protestando por un desahucio o un desalojo y a las televisiones públicas ejemplo de imparcialidad recogiendo testimonios de vecinos ante los colchones apilados en una pared, habrá que esperar a que el que ordene sacar a la gente de las casas ocupadas sea un banco o el Ayuntamiento de la capital. Ese día y ante el festival de la solidaridad que habrá montado en las puertas, habrá que fijarse en las presencias para recordar las ausencias.
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