El caso de los "eres", camino del TSJA y del Supremo

Pepe Fernández

Periodista

Al margen de la idea que podamos tener sobre la pasión y la peculiar forma de instruir el sumario de los EREs, convendrá reconocer a estas alturas que el último Auto dictado por la Magistrada Mercedes Alaya es muy clarificador sobre el asunto que más tinta ha derramado en tres décadas largas de democracia en Andalucía. El denominado “Caso Guerra” también abultó lo suyo a nivel mediático, político y judicial, para al final quedar todo en una sanción fiscal por parte de la Agencia Tributaria al ex asistente del vicepresidente del Gobierno en Sevilla, su hermano Juan Guerra González. A ver que pasa con este caso 22 años después. Pero la atenta lectura del Auto, especialmente recomendada a quienes se hayan perdido entre acoplados a EREs, empresarios, amigos y socialistas con carné, nos ofrece una visión de conjunto muy interesante sobre lo que se está discutiendo en sede judicial.

Estamos ante un caso de corrupción de grandes dimensiones, amparada en la puesta en marcha de un Sistema de financiación ideado como la hucha de altos cargos del PSOE y del Gobierno andaluz, dispuesta a atender no solo las urgencias de la paz social, también las de un puñado de aprovechados compañeros y compañeras, amparados todos bajo las siglas del partido fundado por Pablo Iglesias que, si levantara la cabeza, se sentiría bastante escandalizado y desmoralizado. Pero la gran base de todo, el quid de la cuestión, es que la creación del Sistema no llevó pareja la puesta en marcha de mecanismos de control financiero de los miles de millones entregados por parte de los Interventores, cuyo concurso en la historia empieza a quedar en cuestión por la Juez Instructora. Miles de millones de pesetas, de pronto, en manos de unos personajes que se sentían como si estuvieran en “La Casa del Pueblo” repartiendo para los pobres, los pobres amigos del partido, claro.

Tanto la Juez como los Fiscales, a la vista de lo que se va radiando sobre la marcha de la instrucción, han puesto el ojo en la denominada judicialmente como “pirámide” del saqueo a los fondos de Empleo. Antonio Fernandez esperó más de un año en prestar declaración porque era una de las tres puntas de esa pirámide, quizás la más frágil al no hallarse parapetada en aforamiento alguno como su amigo y compañero Jose Antonio Viera. ”Mira cómo paga que le hayamos aforado”, se oyó decir en las tenebrosas horas de su dimisión como Secretario General del PSOE de Sevilla. Catorce meses de espera tras ser imputado Antonio Fernández son muchos meses de espera, especialmente larga desde el 3 de marzo que ingresó en prisión su escalón inferior, Javier Guerrero. Lo mismo que le sucederá al ex diputado Ramón Díaz Alcaraz, uno de los fontaneros claves entre el entramado de la Consejeria de Empleo o Innovación y la Agencia IDEA. 

Pero la traca final podría llegar  más temprano que tarde y es algo que se intuye hablando con veteranos militantes del PSOE conocedores de la que ha sido una de las claves para mantener la red clientelar del PSOE-A durante treinta años, o sea el asunto de los EREs y su génesis. Todos saben que es verdad lo que ha declarado Fernández en sus cuatro jornadas de interrogatorio, y, si no fuera porque el horno no está para bollos, muchos estarían dispuestos a presentarse ante la Sra. Alaya y decirle: "Señoría, yo también he delinquido con el uso de esos fondos. Impúteme".

En el juzgado número seis de los de Sevilla se está juzgando algo más que a un puñado de pillos, golfos o puteros que han usado el poder para saquear las arcas de los ciudadanos. Se pretende juzgar, nada más y nada menos, que la acción de todo un gobierno durante varias legislaturas. Y esos gobiernos tienen nombres y apellidos. A la vista de lo cual no es descabellado empezar a pensar sobre los efectos de la traca final que seguramente reportará el asunto de los EREs. Entre otras cosas para no desmerecer su discurrir procesal desde que empezó con  lo de Mercasevilla. Una traca que puede ser demoledora y cuya hipótesis empieza a circular de caseta en caseta de esta triste feria abrileña para la familia socialista.

La traca, aseguran, será enviar al Tribunal Supremo los indicios hallados en el expresidente de la Junta Manuel Chaves y en su vicepresidente y coordinador de los Consejillos, Gaspar Zarrías. Junto a ellos toda la documentación que afecte también a Jose Antonio Viera. Los tres, al ser parlamentarios en Madrid, están aforados y les juzga el Supremo. Paralelamente y para redondear el cierre de responsabilidades ¿políticas? ¿penales? enviar al TSJA a Jose Antonio Griñán en tanto que conocedor, como vicepresidente económico de Chaves, del destino incontrolado de los dineros de Empleo/IDEA.