El momento de las Diputaciones

Javier Ramírez

Plataforma por Andalucía Oriental

Ante las afirmaciones vertidas tras la reunión de la Comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pidiendo la reubicación de las funciones impropias de las diputaciones provinciales, la Plataforma por Andalucía Oriental quiere trasladar a las fuerzas políticas, demás fuerzas sociales y sociedad en general de nuestra región y del resto de España la necesidad de abordar con la máxima responsabilidad el papel de las diputaciones provinciales frente al de las autonomías.

Las diputaciones tienen que recuperar el protagonismo que les ofreció la Constitución Española en 1978 y que también fue recogido por leyes en los primeros años de la autonomía. No se trata de un capricho localista, sino de razones fundamentadas de ahorro y equilibrio territorial.

Nuestra Carta Magna establece en su Título VIII (De la Organización Territorial del Estado) que la Diputación es de suma importancia en la gestión de su territorio. Así lo expresa claramente el artículo 141.2: “El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo”. Los españoles que aprobaron nuestra Norma Máxima querían un acercamiento real del poder al ciudadano, no como ha ocurrido en Andalucía, donde se ha cambiado el centralismo de Madrid por el de Sevilla. En su artículo 141.1 señala que “La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado”. Las diputaciones, en su papel de administración que gestiona la provincia, vienen cumpliendo un trabajo fundamental en el equilibrio territorial desde la primera constitución española, “La Pepa”. Ese papel se debería haber potenciado con la entrada de la democracia, y así se preveía en el primer Estatuto de autonomía para Andalucía, que proponía que las diputaciones articulasen la gestión de la comunidad autónoma en cada provincia, lo que habría evidenciado la diversidad de una autonomía que, a nuestro entender, nunca se tenía que haber constituido con las ocho provincias sino con las de nuestra región. Con la Ley 11/1987 se crearon las delegaciones provinciales para afianzar un centralismo que nunca hemos querido los granadinos, almerienses y jiennenses. Además, esa decisión política provocó un aumento desorbitado del gasto público, cuestión que se habría evitado con una gestión autónoma por parte de las diputaciones provinciales.

Asimismo, pedimos a todas las fuerzas políticas que diferencien entre las comunidades autónomas uniprovinciales, las de tipo mediano y las grandes comunidades autónomas formadas por un número excesivo de provincias, como es el caso andaluz. No es lo mismo gestionar una comunidad autónoma como Madrid o Murcia que la nuestra, al presentar gran extensión, población, heterogeneidad y una capital situada a gran distancia de nuestras provincias orientales. Esa idea fue planteada por los representantes políticos de Andalucía Oriental en la asamblea de Córdoba de 1933, cuando dijeron "no" a una sola Andalucía, cuestión ya reflejada en las Bases para el Estatuto de Autonomía de Andalucía Oriental, que aprobaron en 1924 las provincias de esta región del sureste peninsular.

Por todo ello instamos a la FEMP a que reconsidere su postura y, en vez de pedir la reubicación de funciones impropias, exija financiación y más competencias de interés para el territorio que gestiona la diputación, en línea con lo que establece la Constitución Española y merece la región de Andalucía Oriental tras el abandono sufrido durante los últimos treinta años de autonomía andaluza.