¿Es Andalucía el problema?

Luis Barbero
Periodista

Tiene razón Mariano Rajoy cuando se queja de que Nicolas Sarkozy y Mario Monti aireen la situación económica de España para desviar la atención sobre sus problemas internos y apele a la responsabilidad de los dos mandatarios, socios en la Unión Europea. De la misma manera, tiene razón José Antonio Griñán cuando se queja de la actitud del Gobierno de Rajoy con Andalucía. Desde antes de las elecciones autonómicas del 25 de marzo y después de estas, dirigentes del Gobierno y del PP han cuestionado la salud financiera de la Junta de Andalucía y han sugerido la posibilidad de intervenir la comunidad en caso de que no cumpla con la austeridad exigida.

Sin embargo, los datos son tozudos.

1. La deuda de Andalucía con proveedores asciende a 2.763 millones de euros, lo que supone una deuda por habitante de 327 euros. La deuda de la Comunidad Valenciana asciende a 4.069 millones (795 euros por habitante); la de Baleares, 1.000 millones (898 euros por habitante) y la de Castilla-La Mancha, 2.500 millones (1.181 euros por habitante). Solo hay cinco autonomías que tienen una deuda con proveedores por habitante inferior a la de Andalucía.

2. La deuda total de Andalucía asciende a 14.314 millones de euros, lo que supone el 9,8% de su PIB y una deuda per cápita de 1.699 euros (la más baja de todas las autonomías). La deuda media de las autonomías sobre su PIB se sitúa en el 13,1%, según datos de marzo del Banco de España. Es decir, la deuda de Andalucía se sitúa 3,3 puntos por debajo de la media y solo hay seis autonomías que tengan una deuda inferior en relación a su PIB (Madrid, País Vasco, Canarias, Asturias, Cantabria y Castilla-León).

3. El déficit de Andalucía se situó en 2011 en el 3,22%, cuando la media de las autonomías fue del 2,94%. Solo la comunidad de Madrid cumplió el objetivo de déficit fijado el año pasado por el Gobierno de Zapatero (el 1,3%). Andalucía acabó 2011 en la mitad de la tabla autonómica: hubo ocho autonomías que acabaron con un déficit superior y otras ocho con un déficit inferior. 

Si estos son los datos, ¿por qué el Gobierno de Rajoy solo menciona a Andalucía cuando subraya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria permitirá al Gobierno intervenir las autonomías que incumplan los deberes y solo muestra una preocupación evidente por lo que ocurra en esta comunidad? "Tenemos miedo", ha llegado a decir Antonio Beteta, número dos del Ministerio de Hacienda.

Que al Ejecutivo y al PP les disguste que en Andalucía haya una alianza de PSOE e IU tras el 25-M es algo comprensible. No lo es sembrar dudas de forma permanente sobre una comunidad que, como todas, atraviesa dificultades, pero que desde luego no presenta los peores datos de salud financiera. La lealtad institucional es exigible entre los socios europeos. Pero también entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

(El País)