Exceso verbal inoportuno

Diario de Almería

Editorial

 

EL secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha dado muestras de una deslealtad institucional que resulta especialmente inoportuna en este tiempo en que el sentido de Estado y la responsabilidad son más exigibles que nunca. Beteta ha olvidado que la campaña electoral en Andalucía ha terminado y que sus resultados han sido los que los andaluces han querido al señalarla con el dedo expresamente, como si el hecho de que no vaya a ser gobernada por el PP le confiriese una singularidad que merece ser condenada o castigada.

 

Antonio Beteta

El alto cargo del Gobierno lo ha hecho al advertir que si no adapta sus presupuestos al plan de ajuste comprometido por Rajoy le caerá encima todo el peso de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que desde ayer se ha convertido, tras su aprobación por el Congreso de los Diputados, en norma de obligado cumplimiento. Para todos los gobiernos autonómicos, no sólo para la Junta de Andalucía, a la que el secretario de Estado ha dirigido un escrito instándola a corregir las decisiones y actuaciones que incumplan la estabilidad. Lo mismo se ha hecho con otras comunidades, que han sido conminadas al ajuste. Pero sólo Andalucía ha sido señalada como receptora de un aviso que, además, cuenta con los instrumentos legales adecuados para hacerse respetar: cada mes las comunidades han de remitir al Gobierno información sobre sus ingresos, gastos y pagos, y todas pueden ser intervenidas si no asumen el ajuste debido.

 

Hay que destacar, por otra parte, que el plazo para ajustar los presupuestos no concluye hasta el 30 de abril. Por tanto, es innecesaria la advertencia particularmente dirigida a la comunidad autónoma andaluza, que, además, ha ido acompañada de una acusación de falta de transparencia que también se podría atribuir a otros territorios. Evidentemente, la exigencia de transparencia de las cuentas públicas debe ser cumplida escrupulosamente por la Junta. Beteta confiesa tener miedo a las cifras reales de las cuentas andaluzas. Da miedo también la deslealtad entre administraciones cuya primera obligación es colaborar en bien de los ciudadanos.