Iván GómezPeriodista
Si en la legislatura anterior, el Gobierno de Zapatero se escudó en los tribunales y en la espera de una resolución definitiva para no emprender ninguna acción en la playa carbonera del Algarrobico para demoler el hotel ilegal de 22 plantas y 400 habitaciones, en el actual mandato ha quedado ya bastante claro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tampoco quiere tomar cartas en el asunto y deriva cualquier acción al "responsable" de permitir su construcción que, a su juicio, no es otro que la Junta de Andalucía. La administración andaluza, por su parte, recuerda que se firmó un protocolo por el que Junta y Gobierno serían los encargados de su derribo y de la restauración paisajística de una zona protegida no urbanizable en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
En tiempo de crisis se deben evitar los gastos extraordinarios y parece que esa es la actitud de las administraciones ahora que, una vez que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado (en virtud de una sentencia del 27 de marzo- sobre la ilegalidad del macrohotel por incumplir la Ley de Costas, han optado por desentenderse. Un informe de la Abogacía del Estado aconsejaba hace más de dos años al Gobierno que descartara el proceso de expropiación y derribo que comenzó a negociarse con la empresa por el "detrimento" de los fondos públicos. Ha pasado el tiempo y una vez que queda claro que el hotel invade en 50 metros los límites del dominio público marítimo-terrestre nadie quiere hacerse ya cargo. La paralización de las obras fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia en 2008, pero aún tiene pendiente el recurso contra la anulación de la licencia de obras. Sin embargo, parte del hotel ya es oficialmente ilegal y las dos administraciones, Junta y Gobierno, no han dudado en cuestionar en los últimos días, el protocolo de colaboración que suscribieron antes de las elecciones generales del 20 de noviembre. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, dijo estar convencida de que "la única responsable en este tema es la Junta de Andalucía" y reiteró que "será el que haya cometido el error el que tenga que solventarlo respecto a lo que dicten los tribunales". De hecho, Carmen Crespo recordó que fue en 2004 cuando la administración andaluza hizo el cambio de planimetría de los recursos naturales del parque para posibilitar el hotel.
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, lleva ya dos días seguidos pidiendo al Gobierno que no se desentienda y criticó su "deslealtad institucional" y falta de colaboración. A su juicio, el PP cambia de actitud porque antes de la campaña del 25-M manifestaba que este tema "se resolvería inmediatamente". Han pasado semanas y la Junta dice que una vez fuera de ordenación, la zona de servidumbre es su competencia, pero la de dominio público marítimo-terrestre le corresponde al Estado. El uno por el otro y la casa sin barrer.
En tiempo de crisis se deben evitar los gastos extraordinarios y parece que esa es la actitud de las administraciones ahora que, una vez que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado (en virtud de una sentencia del 27 de marzo- sobre la ilegalidad del macrohotel por incumplir la Ley de Costas, han optado por desentenderse. Un informe de la Abogacía del Estado aconsejaba hace más de dos años al Gobierno que descartara el proceso de expropiación y derribo que comenzó a negociarse con la empresa por el "detrimento" de los fondos públicos. Ha pasado el tiempo y una vez que queda claro que el hotel invade en 50 metros los límites del dominio público marítimo-terrestre nadie quiere hacerse ya cargo. La paralización de las obras fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia en 2008, pero aún tiene pendiente el recurso contra la anulación de la licencia de obras. Sin embargo, parte del hotel ya es oficialmente ilegal y las dos administraciones, Junta y Gobierno, no han dudado en cuestionar en los últimos días, el protocolo de colaboración que suscribieron antes de las elecciones generales del 20 de noviembre. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, dijo estar convencida de que "la única responsable en este tema es la Junta de Andalucía" y reiteró que "será el que haya cometido el error el que tenga que solventarlo respecto a lo que dicten los tribunales". De hecho, Carmen Crespo recordó que fue en 2004 cuando la administración andaluza hizo el cambio de planimetría de los recursos naturales del parque para posibilitar el hotel.
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, lleva ya dos días seguidos pidiendo al Gobierno que no se desentienda y criticó su "deslealtad institucional" y falta de colaboración. A su juicio, el PP cambia de actitud porque antes de la campaña del 25-M manifestaba que este tema "se resolvería inmediatamente". Han pasado semanas y la Junta dice que una vez fuera de ordenación, la zona de servidumbre es su competencia, pero la de dominio público marítimo-terrestre le corresponde al Estado. El uno por el otro y la casa sin barrer.
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