Las dichosas oposiciones

Emilio Ruiz

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El Consejo de Ministros del viernes aprobó algo que se veía venir: impugnar ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de oposiciones para profesores de Secundaria y FP de Andalucía. Eso supone, en la práctica, la paralización del proceso. Los 33.154 opositores que aspiraban a una de las 2.389 plazas bien pudieron despertarse ayer con la amarga sensación de que alguien les había tomado el pelo. Y razones no les faltan.

Han sido, éstas, las oposiciones del despropósito. Despropósito de la Junta, firme en su posición de “sostenella y no enmendalla” (“Quien comete un error y no lo corrige comete otro aún mayor”, Confucio dixit), a pesar de que la Consejería de Educación sabía que, desde el 30 de diciembre, la tasa de reposición del profesorado había sido reducida del 30 % al 10 %. Y despropósito del Gobierno, que sabiendo, como sabía, que el destino final de las oposiciones iba a ser el Alto Tribunal, bien podría haberse manifestado de forma clara sobre sus intenciones. Nadie se explica a qué vino aquel esperpento del ministro Wert de cambiar el temario de unas oposiciones que él sabía  que no se iban a celebrar. 

El Gobierno andaluz tiene experiencia de lo que supone obrar por libre y en solitario en una convocatoria de oposiciones. Es un disparate. Lo hizo con las oposiciones de médicos. El “efecto llamada” trajo a Andalucía a un puñado de doctores que expulsaron de sus consultorios, centros de salud y hospitales a los médicos interinos andaluces, algunos de ellos con decenas de años de servicio a la sanidad pública andaluza. No me cansaré de repetirlo: ¿Tan nefasto es servirse de jóvenes interinos andaluces hasta que todas las comunidades autónomos realicen su propia convocatoria de oposiciones?