Los números andaluces, acorralados

Isabel Morillo

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

Los números del Estado hablaron también para las comunidades, condenadas a un recorte de 15.500 millones de euros. Unos 2.000 en Andalucía, según cálculos del Gobierno en funciones. Los ajustes son tan duros y exigentes que el futuro Ejecutivo andaluz deberá devanarse los sesos para cumplir. Parece imposible sin recortes. Esos que, precisamente, PSOE e IU han pactado que no aplicarán en su primera cita para negociar el futuro gobierno. No habrá colchón estatal, ni indulgencia con las autonomías. Los compromisos, dijo el ministro Cristóbal Montoro mirando a Andalucía, son "ineludibles" y el Presupuesto "llega donde llega". No caben, dijo, "las posturas autóctonas".

El Estado opta por recortes tan duros que aún queda descubrir el impacto real en las cuentas autonómicas y en la cola del paro. Al margen del desplome de la inversión, han caído transferencias previstas desde los Ministerios para cubrir partidas de educación, I+D, dependencia o formación contra el desempleo, por ejemplo. Ese dinero que dejará de llegar habrá que borrarlo de un Presupuesto andaluz aprobado en diciembre que debe probar de forma urgente el bisturí.Los números andaluces están acorralados. Cae la inversión, caen las transferencias desde el Estado y el Gobierno explota todas las vías posibles para subir los impuestos, dejando a las comunidades sin margen para mejorar su recaudación por ese camino.

El Gobierno del PP deja claro que no saldará la deuda pendiente por el Estatuto, tasada en 1.500 millones, ni por la aplicación del sistema de financiación, otros 1.300 millones. Un modelo de financiación que bendijo Andalucía pero que en su evolución condena a la comunidad a la cola. Tampoco cabe más deuda pública. A las abonos pendientes se ha venido aferrando el presidente en funciones, José Antonio Griñán, para explicar cómo cumpliría con los recortes. Defendía que si el Gobierno saldaba todas las deudas contraídas con Andalucía y las ponía en su debe y no en el de la comunidad, el déficit andaluz se reduciría automáticamente hasta encajar en el obligado, del 1,3%. Actualmente es del 3,22%. Cada vez que en campaña a Griñán se le ha preguntado sobre cómo va a cumplir con los recortes ha ejercido de prestidigitador y hecho la cuenta lo comido por lo servido.

Andalucía está abocada a meter la tijera. Sí o sí. O bien a declararse en rebeldía. Un escenario inimaginable con todos los focos apuntando a la comunidad. La situación se complica porque si finalmente el Parlamento inviste al socialista presidente, será con los votos de IU, que advierte de que no va a tragar con más recortes y de que el cumplimiento del déficit condena a las familias y los trabajadores. ¿Estaría dispuesta IU a quemarse en su estreno en un Gobierno de izquierdas aprobando unos Presupuestos andaluces que meten la tijera? Parece que no. Para empezar a hablar los negociadores de la federación de izquierdas obligaron a los socialistas a sellar un compromiso público de que no habría recortes en sanidad, educación o dependencia. Los va a haber por la vía de los hechos, es decir por los descuentos que impone el Estado.

El Presupuesto andaluz se aprobó en un clima electoral que, como dijo el PP, condicionó. En plena campaña de las generales, la Junta redactó su norma para que Alfredo Pérez Rubalcaba avalara que con el PSOE había otro camino contra la crisis, sin recortes, subiendo el gasto social. La Junta, tras dos años en negativo, confió en la recuperación e hizo crecer su Presupuesto un 1%, lo mismo que intuyó que crecería el PIB. La realidad lo ha tumbado. Todas las instituciones económicas hablan de una recaída y de que España pisará la recesión.Aquel optimismo debe corregirse.

Cuando la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, vendió su ley defendió activamente que no cabían recortes en el gasto corriente, que subía un 2,4%. Dijo que era para pagar nuevos profesores y sanitarios. Aseguró que la Junta ya había llegado al hueso con su plan de austeridad y sus recortes en móviles, luz, folios o coches oficiales. Las inversiones quedaron en el chasis. Solo creció Educación, un 2,5%, y se congeló sanidad, confiando en un recorte de la factura farmacéutica que ahora amenaza el recurso del PP a la subasta de fármacos. Respecto a las empresas públicas, la Junta destinó 3.322 millones, 49 menos, y justificó que la mayoría era para las obras en los colegios, para hospitales públicos o dependencia.

IU también cierra la puerta a los despidos de empleados públicos, aunque quizás avalaría in extremis la posibilidad de que se aligere la administración autonómica y se supriman, por ejemplo, delegaciones provinciales de la Junta. El rompecabezas de Andalucía es muy complicado. El político y el económico.