David Uclés
Director del Instituto de Estudios de Fundación Cajamar
La renta agraria andaluza no logra alcanzar los registros de 2005. Según los datos recién publicados por la Consejería de Agricultura, entre 2005 y 2011, dicha magnitud ha perdido casi un 20% en términos nominales. Los principales responsables de este deterioro son la caída del valor de la producción agraria y el aumento paralelo de los consumos intermedios del sector. El valor de las subvenciones, por su parte, se ha mantenido más o menos en la misma línea (con importantes diferencias entre años). Podemos pensar que, si se mantienen las dos primeras tendencias y si se estima que el volumen de subvenciones que llegan desde Europa a nuestra agricultura previsiblemente se reducirá, el resultado esperado es la profundización del deterioro de la renta agraria nominal y un creciente número de agricultores y explotaciones entre la espada y la pared. Con este panorama, los próximos años se presentarán necesariamente muy movidos en el ámbito agrario andaluz.
A nivel de mercados exteriores, la situación tampoco es precisamente favorable. Europa se encuentra actualmente en el epicentro de la crisis financiera mundial, por lo que su papel como comprador internacional no se verá demasiado ampliado. Aún así, sigue siendo uno de los centros más importantes para el consumo de alimentos, por lo que el atractivo para terceros y propios seguirá siendo muy elevado. Esto habrá de traducirse en el aumento de las presiones competitivas en nuestros principales mercados de exportación.
Tanto en los mercados nacionales como en los internacionales la presencia de la Gran Distribución es cada vez más relevante, poniéndose de manifiesto de forma evidente el amplio poder de mercado de la misma sobre el conjunto de la cadena de suministro. Su objetivo manifiesto de llevar a los consumidores los productos de mayor calidad al menor precio se traduce, en la práctica, en un proceso de constitución del precio inverso al tradicional, de forma que lo primero que se fija es el precio al consumidor y, desde ese nivel, se detraen los márgenes de los agentes de la cadena, siendo el agricultor el eslabón más débil de la misma y el que, en ocasiones, debe soportar el coste de las supuestas “ineficiencias” del sistema, cuando en realidad se trata de la estrategia comercial del minorista.
Aunque hay otros factores también influirán en el futuro inmediato del sector, como son la sostenibilidad del mismo y la responsabilidad social, cada vez más controladas por los mercados, sólo la contemplación de los aspectos anteriormente señalados va a implicar un serio proceso de reestructuración del campo andaluz. En las producciones menos protegidas y más mercantilizadas, ya se está observando una tendencia al aumento de la dimensión media de las explotaciones para hacer frente a la nueva situación. Asimismo, en el ámbito del segundo eslabón de la cadena, cooperativas y entidades de comercialización en origen, el proceso de concentración está siendo también cada vez más evidente. Las estrategias de integración y crecimiento se están mostrando como las soluciones predilectas de nuestro sector agro.
En este contexto, el papel de las instituciones, tanto públicas como privadas (en un entorno de reducción de las disponibilidades económicas) debería ser el de ayudar en este proceso de transformación. Hay que diseñar mecanismos que, por un lado, corrijan el actual desequilibrio de la cadena de suministro agroalimentaria y, por otro, incentiven a agricultores y comercializadoras a optar por estrategias que permitan recuperar unos índices de rentabilidad razonables. Y, por supuesto, hay que pensar en estrategias de salida para las explotaciones que no alcanzarán por esta vía el umbral de rentabilidad.
A nivel de mercados exteriores, la situación tampoco es precisamente favorable. Europa se encuentra actualmente en el epicentro de la crisis financiera mundial, por lo que su papel como comprador internacional no se verá demasiado ampliado. Aún así, sigue siendo uno de los centros más importantes para el consumo de alimentos, por lo que el atractivo para terceros y propios seguirá siendo muy elevado. Esto habrá de traducirse en el aumento de las presiones competitivas en nuestros principales mercados de exportación.
Tanto en los mercados nacionales como en los internacionales la presencia de la Gran Distribución es cada vez más relevante, poniéndose de manifiesto de forma evidente el amplio poder de mercado de la misma sobre el conjunto de la cadena de suministro. Su objetivo manifiesto de llevar a los consumidores los productos de mayor calidad al menor precio se traduce, en la práctica, en un proceso de constitución del precio inverso al tradicional, de forma que lo primero que se fija es el precio al consumidor y, desde ese nivel, se detraen los márgenes de los agentes de la cadena, siendo el agricultor el eslabón más débil de la misma y el que, en ocasiones, debe soportar el coste de las supuestas “ineficiencias” del sistema, cuando en realidad se trata de la estrategia comercial del minorista.
Aunque hay otros factores también influirán en el futuro inmediato del sector, como son la sostenibilidad del mismo y la responsabilidad social, cada vez más controladas por los mercados, sólo la contemplación de los aspectos anteriormente señalados va a implicar un serio proceso de reestructuración del campo andaluz. En las producciones menos protegidas y más mercantilizadas, ya se está observando una tendencia al aumento de la dimensión media de las explotaciones para hacer frente a la nueva situación. Asimismo, en el ámbito del segundo eslabón de la cadena, cooperativas y entidades de comercialización en origen, el proceso de concentración está siendo también cada vez más evidente. Las estrategias de integración y crecimiento se están mostrando como las soluciones predilectas de nuestro sector agro.
En este contexto, el papel de las instituciones, tanto públicas como privadas (en un entorno de reducción de las disponibilidades económicas) debería ser el de ayudar en este proceso de transformación. Hay que diseñar mecanismos que, por un lado, corrijan el actual desequilibrio de la cadena de suministro agroalimentaria y, por otro, incentiven a agricultores y comercializadoras a optar por estrategias que permitan recuperar unos índices de rentabilidad razonables. Y, por supuesto, hay que pensar en estrategias de salida para las explotaciones que no alcanzarán por esta vía el umbral de rentabilidad.
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