¿ Y si el futuro Gobierno andaluz decide incumplir el déficit?

Luis Montoto

Periodista

«Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». El célebre microcuento de Augusto Monterroso se ha utilizado para ejemplificar un sinfín de situaciones. Sin embargo, pocas veces ha venido tan a propósito como en el caso de la deuda andaluza y el necesario —y obligado— recorte del gasto público. Se trata de una historia que comienza en noviembre de 2011, tras la inapelable derrota de Alfredo Pérez Rubalcaba en las elecciones generales, y que se intensifica en las semanas posteriores, a medida que se acercan los comicios autonómicos. Como telón de fondo, late la oposición de la Junta de Andalucía (último reducto de poder del PSOE) a desvelar cuál es la situación real de sus arcas y el rechazo a adoptar las medidas de austeridad recetadas por el PP para estabilizar las cuentas del Estado.

Antes de las elecciones, hay dos momentos determinantes. El primero de ellos, el del propio reconocimiento del déficit de la comunidad autónoma en 2011. O lo que es lo mismo, valorar en qué medida los gastos que realizó la Administración regional a lo largo del último año superaron a los ingresos. Las cifras oficiales del Ejecutivo andaluz de los tres primeros trimestres reflejaban una situación idílica: Andalucía cumpliría con el objetivo que había fijado el Gobierno de Zapatero, es decir, se mantendría por debajo del 1,4%. Sin embargo, ya en uno de los debates finales de la legislatura, José Antonio Griñán reconoció que la región «superaría el 1,4% aunque estaría por debajo de la media de las comunidades».

La realidad se impuso un mes antes de la cita con las urnas, cuando se desveló que el Ejecutivo andaluz había cerrado el último ejercicio con un desfase entre gastos e ingresos del 3,22%, es decir, el triple de lo que había admitido la Junta y tres décimas más que la media nacional. En definitiva: 2011 había concluido con un agujero de más de 4.000 millones. Una vez conocido este dato, en la primera semana de marzo llegó el segundo momento decisivo en el debate sobre cómo atajar la deuda pública y cumplir con los objetivos marcados por Bruselas.

En ese momento, el Gobierno de Mariano Rajoy ya había acordado con la Comisión Europea que España reduciría el déficit del Estado en un 5,3% (un porcentaje equivalente a 27.300 millones de euros). Para ello, el ajuste de las cuentas autonómicas —cifrado en 15.000 millones de euros— se considera vital. Hay comunidades como Madrid que no requieren sacrificios adicionales y otras como La Rioja, Galicia o Navarra apenas tendrán que hacer recortes gracias a la disciplina impuesta en el último ejercicio. No es el caso de Andalucía, que junto a Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha, está en el furgón de las incumplidoras y, por lo tanto, tiene la obligación de asumir una parte importante del recorte global. Dos semanas antes de las elecciones, se estableció que el Gobierno andaluz que saliera de las urnas debería asumir un tijeretazo de 2.500 millones en su presupuesto para 2012.

Elecciones

El día 25 de marzo, cuando los colegios electorales abrieron sus puertas, las dos cifras clave estaban ya sobre el tapete: la del déficit regional del 3,22% en 2011 y, a su vez, la del obligado ajuste para bajar este porcentaje a la mitad. La respuesta que cada partido iba a darle a este problema también estaba esbozada. José Antonio Griñán, candidato del PSOE-A, se había negado, en primer lugar, a reconocer el desfase presupuestario y, posteriormente, había convertido a la Junta de Andalucía en la única comunidad que votó en contra de los planes de ajuste diseñados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El PP-A, por el contrario, había anticipado en su campaña que llegaría una época difícil. «No nos vamos a encontrar los cajones vacíos, sino llenos de facturas sin pagar», repitió Javier Arenas en muchos de sus mítines. Izquierda Unida, por su parte, firmó su programa ante notario, en el que no contempla ningún tipo de reducción del gasto público.

Y los ciudadanos hablaron: las dos formaciones que se habían pronunciado en contra de las políticas de austeridad suman hoy 59 parlamentarios, frente a los 50 diputados del PP-A. Sin embargo, más allá de las intenciones y las promesas electorales, al PSOE-A —que necesita a IU para formar Gobierno—, le ocurre ahora como al personaje del microcuento de Monterroso: cuando ha despertado de la pesadilla de la posible pérdida de poder en el bastión andaluz, el dinosaurio sigue estando allí. Y ese dinosaurio es un desfase en las cuentas públicas de 4.000 millones en 2011, una deuda con proveedores de otros 3.000 millones, y un obligado tijeretazo en el gasto de 2.460 millones sólo en este año.

Y todo ello, en una situación en la que Andalucía sigue liderando la destrucción de empleo en Europa. Con estos precedentes, la pregunta obligada es: ¿La Junta de Andalucía puede rebelarse contra los objetivos de déficit del Estado? ¿Qué consecuencias tendría para la comunidad autónoma ignorar la necesidad de hacer un urgente y profundo plan de ajustes?

«Si no se llevan las políticas de control de gasto con el mismo rigor que en otras comunidades, Andalucía caminaría hacia una situación de déficit mayor, que se tendría que salvar subiendo aún más los impuestos que tiene transferidos —como el tramo autonómico del IRPF—, lo cual nos llevaría a ser la autonomía con más presión fiscal de España». El vaticinio es de Fernando Faces, profesor del Instituto Internacional San Telmo, quien añade: «Todo esto nos conduciría a otras consecuencias indeseables, como que el consumo caiga más en Andalucía que en el resto de las autonomías, algo que, de hecho, ya está ocurriendo». En resumen: «Una política irresponsable es sinónimo de más deuda, más impuestos, menos consumo y más paro».

Hay más consecuencias negativas, como el empeoramiento del ráting de la Junta —la evaluación de riesgo asignada por las agencias de calificación—, que llevaría a que los intereses para pagar la deuda sean mayores. «Es un mal panorama, Andalucía no puede hacer una política económica independiente, no te lo permite el Estado ni los mercados financieros, por lo que no ir alineados con la política de la Administración central es un callejón sin salida que lleva a una inevitable caída de la economía».

Paralelamente, también señala que «habrá que preguntarse cuál será la actitud de los empresarios, ya que una política irresponsable genera desánimo y huida de las inversiones». Faces recuerda que la nueva Ley de Estabilidad dota al Gobierno del mecanismos para sancionar e intervenir a las comunidades que no cumplan, pero también apunta que «ese tipo de decisiones se adoptan siempre tarde y mal».

Prestigio internacional

El rumbo económico que tome el nuevo Ejecutivo andaluz puede destrozar la credibilidad de todo el país en el exterior. En su edición del pasado 31 de marzo, The Economist, el semanario económico más influyente del planeta, analizaba por qué España volvía a estar «en la primera línea de la crisis del euro». Entre los argumentos que ponía sobre la mesa estaban la última Huelga General y el resultado de los comicios andaluces, que dificulta la posibilidad de limitar el gasto en los gobiernos regionales.

Un argumento parecido aporta The Wall Street Journal, que la pasada semana publicaba el reportaje titulado «España, en el ojo del huracán europeo», en el que aseguraba que «hay dudas de si las 17 comunidades serán capaces de cumplir la meta de registrar un déficit que no exceda el 1,5% del Producto Interno Bruto». En este sentido, recordaba que «las autonomías controlan cerca de un tercio del gasto público, incluyendo salud y educación, y representaron más de la mitad del déficit de 2011». Hace sólo tres días, con la prima de riesgo por encima de los 400 puntos y el Íbex en alerta roja, Financial Times esgrimía en un editorial ese mismo argumento. La conclusión es clara. Los mercados internacionales están pendientes del grado de cumplimiento de las regiones. Una desviación en el objetivo de ajuste de la comunidad más poblada de España sería un durísimo revés para la credibilidad del resto del Estado.

Por último, un desfase en el presupuesto andaluz de 2012 supondría, también, un agravio comparativo con respecto a otras regiones que, desde hace meses, están acometiendo importantes esfuerzos en el adelgazamiento de su deuda, como Castilla-La Mancha y Cataluña.