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El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, más conocido como el PPM (Plan de Pagos de Montoro), puede convertirse en una de las decisiones más importantes tomadas por el Gobierno en esta legislatura. Jamás en la historia de España se había hecho un plan de este calibre. Pero me está dando la impresión de que, cada día que pasa, a tanta ambición empiezan a aparecerle agujeritos de escape. Los 35.000 millones que nos decía la vicepresidenta SSS ya van por 9.750 (27.000 si se cuentan las facturas de las comunidades autónomas), y, de éstos, parece que muchos no se pagarán finalmente si los ayuntamientos no presentan planes de ajustes adecuados. De los 4.623 ayuntamientos que se han sumado a la iniciativa, solamente 2.619 han enviado su plan de ajuste. Y de los enviados, 310 se han rechazado.
Hay muchos ayuntamientos en España que están en bancarrota. Pero por eso no hay que alarmar. A Antonio Beteta, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, se le conoce por ser un hombre al que le encanta ofrecer titulares de periódico. Anteayer quiso salir en el telediario y lo consiguió a costa de exagerar en exceso. Puso en el disparadero al ayuntamiento guadalajareño de Pioz, del que dijo que, para poder pagar su deuda de 16 millones de euros, necesitaría 7.058 años. Vamos a ver, señor Beteta: 16 millones de euros divididos entre 84.672 meses y añadido el 5 por ciento de interés sale a 226 euros mensuales. ¿No puede pagar más de 226 euros al mes un ayuntamiento al que, según manifiesta usted mismo, el Estado le envía 35.784 euros mensuales? Seamos serios, por favor.
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