José Luis Sánchez Teruel
Secretario General del PSOE de Almería
Gran parte del dinero que la Junta de Andalucía no va a poder invertir este año en beneficio de los andaluces se debe al tijeretazo de Rajoy. Este hecho podría pasar inadvertido si no fuera porque repercute en tantos colectivos profesionales y sociales, en tantos programas recortados, en tantas inversiones aplazadas, que la opinión pública se da perfecta cuenta. Sirvan unos cuantos ejemplos de lo que digo. La Junta tendrá este año 140 millones menos para Dependencia. Podríamos hacer el cálculo de cuántos andaluces dejarán de beneficiarse de esta ley y de cuántos empleos se perderán. Tendremos otros 619 millones menos para 86 programas, entre ellos becas y guarderías.
El Ejecutivo de Rajoy ha decidido no enviar a Andalucía nada menos que 333 millones de euros que se iban a destinar a planes para el fomento de empleo. ¿Cuántos desempleados se quedarán sin la oportunidad de formarse o reciclarse? Esta es la demostración palpable, en números, de que el Gobierno del PP gobierna contra Andalucía y provoca dolor a los andaluces con su política de recortes. La Junta lo único que puede hacer es paliar el efecto sin saltarse las líneas rojas del Estado de Bienestar y el mantenimiento del empleo.
El pleno del Parlamento andaluz celebrado esta semana ha puesto sobre la mesa la realidad política en que nos movemos. El Presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha reiterado su compromiso inamovible, en nombre de la administración andaluza, para cumplir el plan de déficit este año. Y de cara a 2013, su objetivo será desarrollar las acciones políticas y jurídicas necesarias para que el Gobierno de Rajoy rectifique el injusto el reparto de esfuerzos que ha impuesto para conseguir controlar el déficit público. Por eso, Griñán presentó en su momento un Plan Económico que fue aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En el debate parlamentario de esta semana el Gobierno andaluz ha dejado clara su posición: si hay recortes, si tenemos menos dinero, seguiremos un criterio de justicia y equidad sobre la forma de hacerlo. Rajoy y su Gobierno consideran que el tope de déficit que puede asumir una Comunidad autónoma debe fijarse según sea su aportación al Producto Interior Bruto nacional. Sin embargo, como Griñán expuso, debería hacerse en función de la población que tiene nuestra Comunidad. Así lo refleja nuestro Estatuto.
La verdad es que me llama mucho la atención, hablando de estas cuestiones tan complejas, la actitud de los gobernantes y dirigentes del PP. Me refiero a que ahora se ha comprobado que Comunidades como Madrid o Valencia, otrora paradigma de una supuesta gestión eficaz, habían mentido al Gobierno, al Parlamento y a los españoles sobre el verdadero estado de sus cuentas públicas. Ahora han acudido al confesionario de Montoro, han declarado sus pecados presupuestarios y se han ido tan campantes, sin penitencia que cumplir siquiera. Por supuesto, no dimite nadie y a nadie se le cae la cara de vergüenza después de eso.
Entre tanto, el presidente regional del PP, Javier Arenas, se servía del Parlamento andaluz para cantar las alabanzas de los peores y más injustos Presupuestos Generales del Estado en toda la etapa democrática. Si por él y Rajoy fuera, habrían perdido su empleo en Andalucía 23.000 trabajadores de la sanidad, de la enseñanza, de la administración de Justicia, de las empresas públicas. Y no le hubiera importado en absoluto. Al contrario, siempre ha creído el señor Arenas que cuanto peor, mejor.
Desde Andalucía estamos pidiendo lo que nos corresponde. Ni más ni menos. El PP tiene que respetar el Estatuto de Autonomía y si no lo hace para eso están los tribunales ordinarios y el propio Tribunal Constitucional. Por otra parte, la puerta del consenso, de la negociación siempre está abierta. Mucho se juegan España y Andalucía en estos duros momentos y lo que todos necesitamos es tener unos políticos a la altura de las circunstancias.
El Ejecutivo de Rajoy ha decidido no enviar a Andalucía nada menos que 333 millones de euros que se iban a destinar a planes para el fomento de empleo. ¿Cuántos desempleados se quedarán sin la oportunidad de formarse o reciclarse? Esta es la demostración palpable, en números, de que el Gobierno del PP gobierna contra Andalucía y provoca dolor a los andaluces con su política de recortes. La Junta lo único que puede hacer es paliar el efecto sin saltarse las líneas rojas del Estado de Bienestar y el mantenimiento del empleo.
El pleno del Parlamento andaluz celebrado esta semana ha puesto sobre la mesa la realidad política en que nos movemos. El Presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha reiterado su compromiso inamovible, en nombre de la administración andaluza, para cumplir el plan de déficit este año. Y de cara a 2013, su objetivo será desarrollar las acciones políticas y jurídicas necesarias para que el Gobierno de Rajoy rectifique el injusto el reparto de esfuerzos que ha impuesto para conseguir controlar el déficit público. Por eso, Griñán presentó en su momento un Plan Económico que fue aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En el debate parlamentario de esta semana el Gobierno andaluz ha dejado clara su posición: si hay recortes, si tenemos menos dinero, seguiremos un criterio de justicia y equidad sobre la forma de hacerlo. Rajoy y su Gobierno consideran que el tope de déficit que puede asumir una Comunidad autónoma debe fijarse según sea su aportación al Producto Interior Bruto nacional. Sin embargo, como Griñán expuso, debería hacerse en función de la población que tiene nuestra Comunidad. Así lo refleja nuestro Estatuto.
La verdad es que me llama mucho la atención, hablando de estas cuestiones tan complejas, la actitud de los gobernantes y dirigentes del PP. Me refiero a que ahora se ha comprobado que Comunidades como Madrid o Valencia, otrora paradigma de una supuesta gestión eficaz, habían mentido al Gobierno, al Parlamento y a los españoles sobre el verdadero estado de sus cuentas públicas. Ahora han acudido al confesionario de Montoro, han declarado sus pecados presupuestarios y se han ido tan campantes, sin penitencia que cumplir siquiera. Por supuesto, no dimite nadie y a nadie se le cae la cara de vergüenza después de eso.
Entre tanto, el presidente regional del PP, Javier Arenas, se servía del Parlamento andaluz para cantar las alabanzas de los peores y más injustos Presupuestos Generales del Estado en toda la etapa democrática. Si por él y Rajoy fuera, habrían perdido su empleo en Andalucía 23.000 trabajadores de la sanidad, de la enseñanza, de la administración de Justicia, de las empresas públicas. Y no le hubiera importado en absoluto. Al contrario, siempre ha creído el señor Arenas que cuanto peor, mejor.
Desde Andalucía estamos pidiendo lo que nos corresponde. Ni más ni menos. El PP tiene que respetar el Estatuto de Autonomía y si no lo hace para eso están los tribunales ordinarios y el propio Tribunal Constitucional. Por otra parte, la puerta del consenso, de la negociación siempre está abierta. Mucho se juegan España y Andalucía en estos duros momentos y lo que todos necesitamos es tener unos políticos a la altura de las circunstancias.
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