La Junta baja sueldos y sube impuestos

Mónica Ureta

Periodista

La Junta despejó ayer los detalles del mayor recorte de la autonomía, una modificación de 3.500 millones -el 12%- del Presupuesto de este año, que asciende a 32.020 millones, para poder situar su déficit en el 1,5% en 2012. Mil millones se obtendrán de nuevos ingresos y 2.500 será el tijeretazo a las cuentas. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha logrado cuadrar un dificilísimo sudoku que mañana se someterá al severo examen del Ejecutivo de Mariano Rajoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todos los que trabajan para la Junta cobrarán menos: los funcionarios y el personal laboral perderán en torno al 6% de sueldo y los interinos, un 15%, pero su jornada laboral se verá reducida en ese mismo porcentaje. El compromiso es que no se destruya empleo público, pero es prácticamente imposible que estas medidas no tengan impacto en las plantillas. Los sindicatos contrarios a la reforma del sector público ya han anunciado protestas. El Gobierno andaluz también subirá impuestos y dejará en parálisis la obra pública para poder acatar un ajuste que considera "desproporcionado".

El mismo día en que Cataluña, gobernada por CiU, anunciaba nuevas tasas en la educación pública y privatizaciones de servicios para cumplir con el déficit, el Gobierno andaluz de izquierdas presentaba una "manera distinta de ajustar". Andalucía soporta la espada de Damocles de la intervención y ha hecho sus deberes in extremis. La Junta ha hecho malabares para no trapasar eso que la coalición ha denominado las "líneas rojas": preservar la educación y sanidad públicas y buscar el mayor mantenimiento "posible" del empleo. Bajo estas premisas, ha decidido ir contracorriente y no aumentar la ratio de alumno por clase. A cambio, pide un "esfuerzo solidarios" a todos los trabajadores públicos. En sus espaldas recaerá un recorte que es temporal. Si la economía mejora, se dará marcha atrás.

Si Andalucía aplicara a rajatabla la ampliación de 35 a 37,5 horas semanales, impuesta por el Gobierno central, estarían en riesgo unos 30.000 empleos, según Hacienda. La alternativa a los despidos inmediatos es una "batería de medidas" que se resume en un bocado a la nómina. La Junta dará "flexibilidad": quien no quiera trabajar más horas, seguirá con la jornada actual pero cobrará menos. Los 239.399 empleados de la administración general de la Junta y los 22.000 de las empresas públicas verán sus salarios decrecer. El capítulo 1 del Presupuesto, el que se refiere a personal, es el más afectado y disminuye en 777 millones. Para los funcionarios y el personal laboral, se eliminan todos los pluses, se suprimen los complementos de las pagas de junio y diciembre -se empieza a aplicar ya-, desaparecen mejoras como los premios de jubilación, la acción social, los planes de pensiones o los permisos retribuidos, y las horas extra serán una excepción. Hacienda calcula que este colectivo perderá hasta un 6% de su sueldo en total. La próxima paga extra de verano se reducirá entre un 30 y un 40% y bajarán un 10% las retribuciones de carácter variable.

Martínez Aguayo, que irá al Parlamento a explicar el plan de reequilibrio, pidió a los empleados fijos un "ejercicio de solidaridad" para salvar los puestos de los interinos, que son los que están en riesgo. El recorte será más severo para los trabajadores temporales: un 15% menos de sueldo y de jornada laboral. La consejera insistió en que no se destruirá empleo, pero dejó caer que los contratos que acaben no se renovarán y habló de mayor movilidad geográfica. ¿Y qué pasa con las plantillas de las empresas públicas, muchas de ellas sobredimensionadas? La Junta alega que no puede aplicar en ellas estas medidas porque cada ente se rige por su propio convenio, aunque Aguayo aseguró que sus trabajadores, en función de la categoría, verán sus nóminas adelgazar exactamente igual que los de la administración.

protestas. Hacienda llevará el viernes a la Mesa de la Función Pública estos ajustes y espera que los sindicatos los acepten. La consejera se mostró convencida de que estos nuevos recortes no incendiarán aún más a un sector, el de los empleados públicos, en pie de guerra por la polémica reforma de la administración. "Confío en la responsabilidad de nuestros trabajadores. Todos saben que la situación es muy difícil", dijo. Pero la Junta no cuenta con un consenso total. Los sindicatos Safja y CSIF anunciaron acciones legales y protestas. No solo se toca la nómina de los empleados. La del presidente andaluz, consejeros y viceconsejeros bajará otro 5%. La supresión de dos consejerías y la reducción a la mitad de los delegados provinciales permitirán adelgazar la administración. La Junta se ahorrará diez millones al limitar las ayudas a los sindicatos y al rebajar los liberados sindicales. Respecto a los gastos corrientes, se reduce un 50% la flota de coches de los altos cargos, se elimina la partida de protocolo, baja un 50% la de publicidad y el SAS ahorrará cien millones al comprar de forma conjunta el material.

Aguayo calificó de "desproporcionada" la "aminoración" de los ingresos. El plan de reequilibrio prevé ingresar mil millones, principalmente con una mayor presión fiscal. El Gobierno andaluz aumentará en un punto el tramo autonómico del IRPF para las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros -47.000 personas- y otro punto para los que superen los 120.000 euros, unos 7.000 andaluces. Esta medida no tendrá impacto en el Presupuesto de este año ni en el de 2013. Supondrá una recaudación de 25 millones en 2014. Vuelve a subir el céntimo sanitario, con el que se prevé ingresar 120 millones al año, se multiplicará la tarifa del Impuesto de Patrimonio (nueve millones) y aumentará el de Actos Jurídicos Documentados (cien millones) y la tasa del juego (16 millones). La Junta incidirá en su plan de lucha contra el fraude fiscal, buscará cobrar antes de Bruselas los fondos que ella misma adelanta y volverá a intentar el sale and lease back, la venta o alquiler de su patrimonio, una fórmula que hasta ahora no ha tenido gran éxito.

La consejera llevará mañana estos recortes al CPFF por "responsabilidad y lealtad", aunque no está para nada de acuerdo con las exigencias del Ejecutivo. Aprovechará para reclamar los 1.500 millones que el Estado debe a Andalucía por las inversiones no ejecutadas de 2008 y 2009 y que no tiene intención de pagar.

(El Correo de Andalucía)