Periodista
El Partido Popular está a punto de caer en una equivocación de consecuencias difícilmente reversibles si culmina su anuncio, reflejado ya en el BOE, de llevar a cabo la elección del presidente de la corporación RTVE mediante la fórmula de aprobación por mayoría absoluta si en la primera votación en el Congreso de los Diputados no se hubiesen alcanzado los dos tercios. La diferencia del procedimiento es sustancial: mientas que la ley de 2006 daba hasta dos meses de plazo para el segundo intento, ahora se rebaja a 48 horas, lo que significa que no habrá tiempo material para consensuar nombre distinto al propuesto solo dos días antes.
La radio y la televisión de titularidad estatal cambiaron radicalmente a partir de la promulgación de la norma legal que en 2006 comprometió a los dos grandes partidos políticos a consensuar el nombramiento, y así se hizo con excelentes resultados tanto en el caso de Luis Fernández como de Alberto Oliart, dos ejemplos de personalidades que supieron imprimir a RTVE un apreciable grado de neutralidad y, sobre todo, de ejercicio profesional encomendado a los periodistas del medio. Es un hecho incontestable que tanto RNE como TVE dieron un paso de gigante respecto a su independencia del poder político, y que pese a que puede haber aspectos mejorables, el conjunto de la labor de sus servicios informativos merece el aprobado de la profesión periodística y el refrendo, nos parece, de la opinión pública. Así acaba de manifestarlo la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en un comunicado que advierte de los riesgos de volver a un sistema de RTVE gubernamental y, por tanto, desprovista del principio de servicio público que le confiere tanto la Constitución como la propia ley de creación de la Corporación.
En el seno del PP hay un sector influyente que piensa que su mayoría absoluta le confiere derechos por encima del legítimo juego democrático. Creen estos elementos fundamentalistas de una derecha propia de otros tiempos que la información es patrimonio del partido ganador y que la libertad de expresión debe ser administrada con arreglo a sus intereses. Craso error. La información forma parte del patrimonio universal de los ciudadanos y debe ser procesada con criterios profesionales al margen de la contienda política.
La crítica general que merecen las dos legislaturas de Zapatero presenta algunas excepciones, y una de ellas es la decisión puesta en práctica de hacer de los informativos de RTVE un servicio equilibrado, profesionalizado y solvente que se comprueba con la sola comparación de un telediario actual con los de hace diez o veinte años. No querer verlo así nos llevará de nuevo al partidismo o, lo que es aún peor, al sectarismo de un servicio esencial en toda democracia que debe ser preservado como una de las grandes conquistas del Estado de Derecho.
El Partido Popular ha demostrado sobradamente su respeto a las normas de juego limpio democrático lo que ha llevado a la derecha española a su convalidación con los principios que informan a los partidos conservadores europeos donde no se discute el derecho a la información libre y, por tanto, no mediatizada. El PP está aun a tiempo de acordar con el PSOE la continuidad de una fórmula para RTVE generalmente aceptada.
(El Correo de Andalucía)
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