Unos presupuestos injustos

Manuel Pérez López
Prao

Desde el punto de vista del Partido Regionalista por Andalucía Oriental (PRAO) no podemos admitir unos presupuestos de la Junta de Andalucía que apuestan por eternizar costosas estructuras administrativas y empresas públicas megalómanas creadas por el PSOE, que no se justifican actualmente. Estos presupuestos son tolerantes con los poderosos y severos con los débiles: los empleos públicos de políticos, asesores y personas colocadas por ellos mantienen sueldos privilegiados, mientras a los verdaderos mantenedores de una administración democrática -miles de mileuristas entre personal laboral y funcionarios de la Administración Autonómica- que en muchos casos “no llegaban a fin de mes”, se les pide más sacrificio aún. Un 5% de recorte en las pagas de los gobernantes y sus allegados es insignificante en comparación con una familia a la que no le llega el dinero para pagar la luz, el agua, la comida, la hipoteca y unos impuestos cada vez más altos.

Estos presupuestos son además insolidarios: dañinos a los intereses de las provincias de Andalucía Oriental, con las rentas más bajas de España en el caso de Granada o Jaén y la agricultura almeriense en peligro, porque veremos reducir de manera muy perjudicial la cantidad de dinero que correspondía hasta ahora mientras la Junta mantiene las empresas públicas con sede en Sevilla. Los comercios y autónomos en general de nuestras provincias notarán la disminución de clientes tras la reducción de cientos de millones de euros que soportarán Almería, Granada y Jaén.

Por otro lado, sigue el centralismo: la Junta mantiene en funcionamiento el costoso sistema de delegaciones provinciales en vez de devolver a las diputaciones provinciales las competencias que les usurpó en los años ochenta. Eso repercute directamente en beneficio de la capital andaluza y en perjuicio del resto de provincias, ya que la economía sigue enfocada hacia el mismo sitio que viene desarrollándose por encima del resto desde hace treinta años, y las grandes decisiones siguen tomándose en Sevilla.

Asimismo, estamos ante unos recortes antidemocráticos. Los juzgados han dicho a la Junta en numerosas ocasiones que no debe mantener una administración paralela que realiza las tareas propias de los funcionarios y multiplica el gasto público injustificadamente. Sin embargo hace caso omiso y, no solo mantiene esa administración donde coloca a los de su partido, sino que la refuerza pasando por encima de los derechos de todos los ciudadanos en el acceso a un puesto público mediante los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

El PRAO quiere mostrar además su oposición ante las pretensiones de la Junta de no vincular el déficit de la comunidad autónoma al PIB, ya que con esa política perderíamos autonomía y pasaríamos a depender de las comunidades más ricas y menos pobladas; y, a nivel de Andalucía, supondría aumentar inversiones en las provincias más pobladas para endeudar a las menos pobladas de nuestra región de Andalucía Oriental, que sí compartirían la deuda, pero no las avanzadas infraestructuras de provincias como la sevillana.

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