El litoral andaluz, salpicado de cemento y polémica

Esperanza Codina
Periodista

Valdevaqueros, a escasos diez kilómetros de Tarifa, ha cogido el camino para convertirse en uno de tantos proyectos urbanísticos que han salpicado de cemento y polémica el litoral andaluz. El plan parcial que permite edificar 350 viviendas y 1.423 plazas hoteleras en terrenos aledaños a esta playa salvaje, aprobado hace unos días por el Ayuntamiento, ha encendido las alarmas entre los grupos ecologistas y un sector de la población, aunque otra parcela de ciudadanos se alinea con la tesis del alcalde, el popular Juan Andrés Gil, de que puede ser una salida a la crisis y al paro local.

Es un proyecto de los años 90 que ha ido recibiendo respaldo municipal tanto con PP como con PSOE, incluso ha tenido informes favorables de la Junta, aunque aún le falta algún trámite administrativo. Lo único que parece claro es que Valdevaqueros, si sigue adelante, formará parte del club de construcciones andaluzas enredadas en la maraña judicial.

Los casos de urbanismo polémico a lo largo de la línea de costa son tantos que es imposible citarlos todos, aunque se pueden contar con los dedos de una mano los derribos de bloques ilegales a pie de mar que se han ejecutado. Y no son los surgidos con el boom del ladrillo de los 90, porque de esta década sólo se han demolido viviendas aisladas por orden judicial. Ocurrió en Almerimar, en El Ejido, con tres torres hoteleras de los años 70, y en Atlanterra, también en Tarifa, una vieja estructura hotelera que nunca funcionó y fue volada en 2002.

Uno de los caballos de batalla de los ecologistas en esta zona, de las pocas con playas vírgenes que quedan en Andalucía, es Cabo de Plata, una macrourbanización proyectada junto a Atlanterra, y el complejo hotelero que se pretende edificar en El Palmar, en Vejer. Pero el ejemplo más claro de desmán urbanístico es El Algarrobico, en Carboneras (Almería), paradigma de la lentitud judicial, de la pugna entre administraciones y de la división ciudadana. Situado en suelo protegido no urbanizable del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, las obras del hotel se paralizaron en 2006 por orden de un juzgado cuando estaban muy avanzadas y hace sólo dos meses que el Tribunal Supremo dictaminó que el complejo vulnera la Ley de Costas porque invade parcialmente la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre. Ahora lo que hay, además, es un conflicto entre la Junta y el Gobierno central por ver quién asumiría su posible derribo y el frente común que han hecho los alcaldes del levante almeriense para evitar su demolición, terminar la construcción y abrir el hotel, postura con la que simpatiza el PP. La justificación, en mitad de la severa crisis, es económica.

Cabo de Gata, como Cádiz, tiene varios frentes abiertos. Hace pocos días, el TSJA anuló la protección que la Junta dio en 2008 al paraje donde estaba proyectada Marinas de Aguamarga, una macrourbanización con 350 viviendas y un hotel. Lo curioso de este caso, según ha denunciado Ecologistas en Acción, es que existe una sentencia del Supremo que clasifica como no urbanizable el suelo que el alto tribunal andaluz ha dicho ahora que es urbanizable.

Almería también tiene ejemplos de que una resolución judicial puede estar en las antípodas de otras: Un juzgado ha estimado que el exviceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez, y el secretario de la Delegación provincial, Augusto Ignacio Segura, pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa por ordenar en 2010 la paralización de los trabajos previos de construcción de un hotel en otro paraje del parque natural.

(Abc)