La Guardia Civil dispara a lo más alto en el caso de los "eres"

Isabel Morillo

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

"Caos, descontrol absoluto”. De esta contundencia son las conclusiones que la Guardia Civil ha puesto sobre la mesa de la jueza Mercedes Alaya, que instruye el presunto fraude tejido con ayudas públicas en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 304 folios, nueve años de Dirección General de Trabajo bajo la lupa de un grupo de investigadores contra la delincuencia económica que llegaron desde Madrid y que dejan entrever en su atestado que han asistido atónitos a una sucesión de desmanes administrativos y políticos encadenados. Errores, en el mejor de los casos, que convirtieron el fondo de ayudas al empleo (647 millones), destinado a empresas en crisis y a trabajadores abocados al paro por diversos conflictos laborales, en una caja sin llave de donde salió el dinero con criterios muy alejados al interés público. Para andaluces que debían beneficiarse de esas subvenciones sí, pero también para cuñados, primos, maridos, vecinos, para compañeros sindicalistas y por supuesto y especialmente para militantes socialistas, sobre todo, de la provincia de Sevilla.

El Gobierno andaluz se negó a comentar nada sobre el documento policial el día que la jueza Alaya lo distribuyó a los abogados del caso. Aseguraron que no decía nada nuevo. Es verdad. Tampoco hay un dato inédito después de meses de minuciosa instrucción. Pero es innegable que la Guardia Civil ha relatado con detalle la trama que la jueza lleva meses dibujando en sus polémicos autos. Incluso desvela cómo digirió el último Gobierno el escándalo y cómo, presuntamente, trató de hurtar a la justicia documentos “comprometidos”. La Benemérita ha confirmado muchas sospechas y ha apuntado a la responsabilidad de diferentes consejeros de Empleo, Economía, Innovación y Presidencia, así como a los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Dispara a lo más alto. No solo por conocer y aprobar un sistema que permitió que se dieron ayudas al margen del circuito oficial sino también, advierten, por haber tratado de poner sordina a los desmanes para ahorrar un escándalo al Partido Socialista.

Fue un día después, con prácticamente unanimidad de los medios de comunicación señalando directamente al corazón del Gobierno andaluz y al presidente Griñán, cuando la consejera de la Presidencia cargó duramente contra el trabajo de la Guardia Civil. Habrá que esperar para comprobar si la airada reacción de la número dos del Ejecutivo marca un punto de inflexión y una nueva línea de defensa de la Junta. Díaz habló ayer de “un procedimiento inquisitorial”, de conclusiones emitidas desde “suposiciones y sin medios probatorios”. Un discurso que suena idéntico al que el Partido Popular empleó con insistencia durante la investigación de la trama Gürtel.

Efectivamente la Guardia Civil no estuvo en los despachos donde se aprobaban las ayudas ni tiene grabadas las conversaciones que supuestamente se mantenían sobre este fondo en altas instancias del Gobierno andaluz. Pero los agentes trabajan a partir de horas y horas de declaraciones de personas que sí asistieron en primera persona al supuesto fraude. Funcionarios del máximo nivel, secretarias, asesores, personas de confianza de los consejeros relatan ante la UCO lo que vieron y oyeron. Eso son pruebas, ¿no? A partir de ahí se relatan unas conclusiones. Que se pueden compartir o no, claro. Y que no deben de tomarse como sentencia. Aún debe de hablar la justicia.

En este contexto, la comisión de investigación en el Parlamento resulta ya ineludible. Urgente, por muy tarde que llegue. El compromiso de PSOE e IU es que se apruebe y constituya en este mismo mes. Debería hacerse en el próximo pleno. Esa comisión, a la luz de este último informe de la Guardia Civil, puede resultar crucial y sin duda será una bomba política de largo alcance. El PP ya ha presentado la lista de personas que quieren que se sienten en la Cámara.

La mayoría de los comparecientes solicitados aparecen en el informe policial. Está en la mano de Izquierda Unida que acudan el expresidente Manuel Chaves o el mismo José Antonio Griñán. Los socios del PSOE en la Junta tienen muy complicado negarse sin que su credibilidad quede bajo mínimos. El Código Penal es claro. Quienes sean requeridos tendrán que acudir y contar lo que saben y si se niegan se les puede castigar con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Importantes socialistas se saben la instrucción al dedillo y ya tienen asesoramiento legal porque saben que les hará falta. Quizás no haya tanta presión social como en el caso Bankia pero aquí hurtar explicaciones sería igual de escandaloso.