Primer examen para la coalición de PSOE e IU

Isabel Morillo

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

El pleno del Parlamento andaluz prevé esta semana aprobar el decreto-ley que impone una recorte a las nóminas de los empleados públicos de entre el 5 y el 10%. Será la primera prueba de fuego para el pacto de coalición suscrito por PSOE e IU hace solo dos meses. Un examen difícil para un matrimonio de estreno. La presión para Izquierda Unida es enorme. Hasta el punto de que ya hay dos diputados de los doce que integran el grupo parlamentario que han expresado claramente que no votarán a favor del plan de ajustes que tiene sublevados a los empleados públicos. Ni Juan Manuel Sánchez Gordillo, del CUT-BAI, ni Marina Segura, diputada sevillana del PCA, van a dar su voto a favor. Habrá que esperar a ver si lo expresan en contra –se alinearían con el PP– o se abstienen.

Griñán y Valderas

El incumplimiento de la disciplina de voto no tendrá consecuencias. Posiblemente en un asunto como éste se obvien las reglas internas de convivencia del propio grupo. Sánchez Gordillo no apoyó la investidura de Griñán y ahí sigue tras un pequeño tirón de orejas. El PSOE solo necesita sumar cuatro votos para imponerse aritméticamente al PP y sacar adelante un tijeretazo de 2.700 millones de euros al Presupuesto.

Pero esa negativa de determinados representantes de IU a tragar con lo que llega desde San Telmo sí es el síntoma más claro hasta ahora de que la convivencia en las filas de IU con el pacto de Gobierno es muy complicada. Los peores enfrentamientos no se dan entre los socios sino dentro de la casa de Diego Valderas. Hay sectores, como los comunistas sevillanos, que han pedido expresamente que se rechacen unos recortes que dinamitan y hacen trizas su discurso general contra los ajustes y el estrangulamiento a los trabajadores. IU se sitúa en Andalucía en una posición antinatura e inédita en contra de los sindicatos. Ellos están cómodos en la calle vistiendo camisetas y portando pancartas contra los recortes y ahora se ven obligados a apoyarlos en la Cámara andaluza. Por más que en su discurso dejen claro que los rechazan, su voto los sacará adelante. Una situación complicada, algo surrealista.

Entre los dirigentes de IU en el Gobierno existe la sensación de que este dificilísimo plan de ajustes, que no gusta a nadie pero aprueban casi todos, no se ha explicado bien. Echan de menos una manifestación más contundente de los responsables socialistas del Ejecutivo mostrándose como víctima de Mariano Rajoy y de su asfixiante política de austeridad made in en la Alemania de Merkel. Es una percepción errónea. La consejera de la Presidencia o la de Hacienda se han fajado para tratar de situar la responsabilidad del debilitamiento de las nóminas públicas en La Moncloa. El problema no está en los discursos políticos oficiales sino en lo cansada que está la gente en la calle de todo esto. Es posible oír a consejeros de IU lamentarse de que no se haya abordado la negociación con los sindicatos de otra manera. Aseguran que falta “pedagogía de los recortes” e incluso insinúan que el plan inicial podría haber sido echar a la calle a 24.000 personas. Por más que después hubiese reconducido su oferta hasta el plan actual, que podría entenderse entonces como un mal menor. En un asunto como éste, y tras una intensa campaña electoral situando la línea roja para la tijera en el empleo y los servicios públicos, no habría sido creíble ni ético ni siquiera comprensible que la Junta le hubiera plantado a los sindicatos sobre la mesa un despido masivo. No están los ciudadanos como para que sus políticos les reten con juegos de mus.

Los optimistas se consuelan con que IU va a vivir en estos primeros meses un master intensivo de responsabilidad política. Ésa que solo se aprende cuando se sale de la oposición. A falta de ver cómo escapa la coalición del brete del tijeretazo a la nómina de 270.000 trabajadores, habrá que reconocer que, de momento, la otra prueba, la de la comisión de investigación de los ERE, está saliéndoles bien. IU ha logrado marcar el paso a sus socios. O al menos así se percibe desde fuera. Ha permitido la creación de la comisión y que el presidente Griñán, y posiblemente su antecesor Manuel Chaves, acudan a rendir cuentas. Posiblemente también estará Gaspar Zarrías después de que la jueza Alaya maneje documentos que lo vinculan al exsindicalista Juan Lanzas, “el hombre que lo arreglaba todo en Andalucía” –dicen– previo pago por ERE de 600.000 euros. IU presidirá la comisión y al diputado Ignacio García le toca ahora, en los tres meses que quedan por delante, demostrar que es verdad que su partido tiene mucho que decir en la coalición de Gobierno. Por más que traguen con algo que atenta contra sus principios: los malditos recortes.