Andalucía tiene poder

Rafael Rodríguez de León

Paralelo 36

Hemos señalado en anteriores artículos que Andalucía sufre la crisis de cuatro niveles (global, europea, española y la propia crisis andaluza), cado uno de los cuales, de mayor a menor amplitud, constituye el entorno del otro nivel y por lo tanto lo condiciona. Este esquema es muy importante porque contribuye a proporcionarnos una idea general frente a las informaciones parciales que ponen el énfasis sólo en determinados aspectos.

La crisis global, que comenzó a manifestarse en EE.UU. con una gran violencia en el año 2008, lejos de finalizar se está agravando, tal como habíamos deducido, ya que “explotó” el modelo de crecimiento basado en una gigantesca burbuja “de demanda” (creación ficticia de activos financieros, es decir de deuda privada) y la crisis ambiental continúa ante la impotencia de la comunidad internacional (fracaso de la cumbre Rio + 20) con efectos directos muy negativos sobre la economía tanto por la acentuación del cambio climático como por los agotamientos de los recursos naturales. El FMI acaba de rebajar las expectativas de crecimiento mundial del 3,5 al 3,3%, como avance hacia un nuevo “valle” recesivo; los datos de empleo en EE.UU han sido malos y el nuevo escándalo en la City londinense sobre la manipulación del LIBOR añade un elemento de desestabilización al ya maltrecho sistema financiero internacional.

No hay un modelo alternativo

Así pues la crisis global se agrava porque no hay un modelo alternativo al modelo de crecimiento “ficticio” que se impulsó a partir de principios de los años setenta posiblemente porque hay una incompatibilidad intrínsica entre el capitalismo globalizado y los límites biofísicos del planeta. Esto hace que se esté incidiendo por parte de los poderes económicos en un nuevo modelo de distribución de los excedentes sociales (en un escenario de crecimiento débil) a base de mayor desigualdad (social y territorial), incompatible con el estado social y por lo tanto con las bases materiales que hacen posible el actual modelo democrático. El transito de una alternativa basada en el crecimiento a otra basada en la distribución del excedente social implica una fuerte politización directa de la crisis global. Esta perspectiva es muy importante porque es la que condiciona el resto de niveles de la crisis.

La crisis en la Unión Europea sin embargo parece que da señales de avanzar por el buen camino gracias a la presión que han provocado las victorias electorales de la izquierda en Andalucía, Francia y en los Landers Alemanes así como los buenos resultados de Syriza en Grecia. Los pasos hacia una unión bancaria y el pacto por el crecimiento son buenas noticias (tal como se ha puesto de manifiesto en el editorial de p36) pero muy insuficientes y a un ritmo del todo inapropiado ante la situación de emergencia que viven muchos estados de la Unión.

Políticas enloquecidas del PP

Pero el empeoramiento más grave lo esté sufriendo el estado español por las políticas enloquecidas del PP. El gobierno de Rajoy ha instaurado un círculo vicioso que nos está hundiendo cada día más. Este es brevemente el mecanismo: han centrado la política económica en la reducción del déficit mediante el parcheo de impuestos (la próxima semana toca aprobar la subida del IVA), la reducción de la inversión productiva (incluso la que podrían avanzar un nuevo modelo productivo como las renovables o ciencia y tecnología) y los recortes brutales de los servicios públicos. Estas políticas agravan la recesión económica y provocan más paro y menos ingresos públicos.

Sin embargo aumentan el déficit directamente asumiendo las deudas privadas de las grandes empresas financieras lo que provoca una subida de la prima de riesgo, es decir de los intereses que tienen que pagar por la deuda pública (unos ¡33.000 millones de €¡ calculamos para 2012 frente a los 22.200 del año 2011) y por lo tanto se aumenta también el déficit público de forma indirecta.

Insolvencia del Estado

El resultado es que aumenta el paro, se descapitaliza la economía, se mantiene la deuda privada (la mayor parte banquerizada), se destruye el estado social, se sociabilizan las pérdida privadas y ¡no baja el déficit¡. Y ¿cuál es el límite de este círculo vicioso?: el límite de este círculo vicioso es la insolvencia del estado.

En este contexto Andalucía padece cada uno de esos tres niveles de crisis y su propia crisis diferencial caracterizada por la ausencia de un modelo propio y la pérdida de autonomía real.

El gobierno de izquierdas que dirige la Junta se está tensionando por la falta de autonomía financiera que tiene Andalucía, en el contexto de una feroz campaña no solo del estado sino incluso a escala internacional para culpabilizar a las Comunidades Autónomas del déficit público del conjunto del estado y ocultar la estrategia de desmantelar nuestro sólido estado social anudado a la autoorganización de las Comunidades.

El recorte de los 2.700 millones se ha vivido como un trago amargo obligado que había que digerir pero posiblemente se trate sólo de un principio. La opinión pública ha culpado al gobierno andaluz de los recortes porque éste no ha entendido la importancia política que tenía la resistencia contra el mismo y necesidad de una alianza con la sociedad andaluza a la hora de repartir sus cargas. Lo ha tratado como si fuese una cuestión “técnica” y no un elemento definitorio de su orientación política, sobre todo porque vaticinamos que no va a ser un hecho aislado sino el comienzo de la estrategia de acoso y derribo al gobierno andaluz, en el contexto de una crisis muy profunda del sistema político y en especial del desprestigio social de los partidos políticos.

El Gobierno andaluz no puede fracasar

Por responsabilidad y porque estamos comprometidos con Andalucía, el actual gobierno andaluz no puede fracasar, no puede agrietarse por la presión centralista y derechista del PP, en medio de esta crisis terrorífica que ha arrojado al paro a 1.300.000 andaluzas y andaluces. La situación es muy complicada porque todo el sistema funciona sin autonomía financiera real, es decir todas las instituciones se financian en la práctica mediante transferencias de arriba a debajo de forma que si no llegan las transferencias del estado, la Junta no puede enviar a su vez las transferencias a las miles de instituciones y personas que dependen de ella, desde los centros de enseñanza, los hospitales o las residencias de ancianos, apareciendo como la culpable directa de una situación agónica.

Así, hay algunas líneas de trabajo que parecen irrenunciables:

a)      La defensa del estado social andaluz ahora implica la toma de iniciativas legislativas que den respuesta a las necesidades básicas que vive la población andaluza: una ley que solucione el problema de la vivienda y de los desahucios impidiendo que haya miles de viviendas vacías en manos de entidades mercantiles como los bancos y miles de familias trabajadoras que son arrojadas a la calle; la creación de un fondo social de emergencia para hacer frente a las situaciones sociales más desesperadas y la puesta en práctica de la previsión estatutaria de Renta Social Básica, agrupando todas las prestaciones sociales no contributivas que dependen de la Junta de Andalucía.

b)      La reivindicación prioritaria de un nuevo modelo de financiación autonómica que de respuesta a la fragmentación territorial del estado entre “territorios con poder y territorios con paro”, basado en la población y no en “variables macroeconómicas” y que realmente nos dote de autonomía financiera para no estar dependiendo de la voluntad “de Madrid”.

c)      Una reforma fiscal en profundidad basada en los criterios de simplicidad, autonomía financiera, equidad e impulso de un nuevo modelo económico. Hay, por lo tanto, que aumentar la progresividad del sistema, gravar las transacciones financieras e instaurar una fiscalidad verde que suponga unos ingresos públicos como mínimo de lo que representa la carga de los intereses de la deuda pública (entre el 3% y el 3,5% del PIB).

d)      La instauración de una banca pública andaluza de naturaleza social que tenga la finalidad prioritaria de hacer que el ahorro de los andaluces se invierta en Andalucía.

e)      La reconciliación de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, escuchando las reivindicaciones de los funcionarios, separando radicalmente la administración pública sometida a derecho público de los entes instrumentales sometidos a derecho privado, nivelando sueldos y dignificando a los trabajadores de las empresas públicas, segregando de ellos a los que han entrado sin ninguna prueba objetiva por mecanismos “clientelares”. La tarea que tiene el gobierno andaluz no le puede llevar a cabo sin la complicidad y el apoyo de la función pública andaluza.

f)        Poner las bases para otro modelo productivo y de creación de empleo. A pesar de las dificultades económicas hay que tener un proyecto en cuyo diseño tiene que participar la sociedad andaluza al 100%, empezando lógicamente por el debate parlamentario del mismo. Este proyecto debe estar adaptado al escenario de crisis y por lo tanto tiene que ser plenamente ecológico y lo más autónomo posible.

Se trata por lo tanto de romper el compás de espera (no va a ver ningún milagro) y pasar a la ofensiva. Para ello se requiere la unión de los andaluces y andaluzas en torno a la idea de Andalucía como proyecto; una idea que une razón, intereses y sentimientos hilvanados a través de unos valores nítidos: democracia, servicio público y participación política derivados de la cultura de la izquierda, la ecología y el nacionalismo andaluz.

El nacionalismo andaluz en particular aporta, entre otros elementos, la idea de Andalucía como sujeto más allá de otras orientaciones “técnicas” de nuestro Autonomía; de nuestra identidad como un arma de futuro para la hegemonía de las clases populares; de los sentimientos para dotar de sentido comunitario a la soberanía alimentaria, al compre productos andaluces o al orgullo de producir en Andalucía. Como he dicho recientemente Petros Márkaris a propósito de Grecia “cuanto más pobre eres, más cultura necesitas”.