El último auto de Alaya, un aviso a Griñán

Pepe Fernández

Periodista

Los Autos de Alaya ya no levantan la expectación de hace un año, en plenas campañas electorales, cuando la sangre del cambio hervía en las venas de las encuestas y que tanta depresión trajeron tras el 25M. Pasan desapercibidos por el gran público que, definitivamente, se ha perdido entre la maleza de autos y más autos judiciales, documentados y firmados todos ellos por la Magistrada Juez Mercedes Alaya. A la gran pregunta de todo proceso por corrupción económica y política nadie parece responder de momento. ¿Donde está el dinero? Y la más importante para el Sistema y objetivo judicial de primer orden: ¿recuperará la sociedad el dinero supuestamente robado o malversado?

El objetivo de la juez instructora es
Griñán y, a ser posible, Chaves

Nos guste o no, el caso de los EREs, convertido en el gran ariete -frustrado- del PP con el que golpear en los últimos kilómetros de la carrera electoral al PSOE, ha resultado agraciado con el virus del juicio paralelo. No es para menos, tenemos de todo en este circo, hasta parientes de domadores percibiendo subvenciones millonarias y volatilizadas por las serranías. Y a estas alturas del larguísimo y complejo proceso, podemos concluir que todo el mundo sabe, más o menos, lo que ha pasado en la Consejería de Empleo de la Junta a lo largo de la primera década del siglo. Es decir, que sabemos cómo el dinero se ha ido por las alcantarillas y de la mano de quién/quiénes.Lo que no sabemos es cuánto. Lo sabe todo el mundo menos, asómbrense, la Justicia, que con una lentitud desesperante parece que busca y rebusca, sobre todo lo demás, con el objetivo final de colocar en la punta de la pirámide al presidente Griñán. Y todo por denunciar  el Sistema, ya que no parece que sea con la intención de buscar el dinero y los ladrones.

No andaba muy descolocado JIZ, el flamante líder de una derecha que pretende ser moderada, cuando en sus primerísimas declaraciones tras ser elegido presidente del partido se atrevió a vaticinar que Griñán y el pacto PSOE/IU, políticamente hablando, no podían soportar una imputación judicial del presidente de la Junta por el caso de los EREs. ¡Bingo!, he ahí la clave de un hombre prudente (y con suerte) que por una carambola judicial puede verse sentado de presidente de la Junta, el sueño que Arenas no logró en cuatro ocasiones (en caso de un adelanto Zoido sería, sin duda, el mejor cartel del PP-A).

Tiene razón JIZ, el proceso penal que sigue a pies juntillas al juicio popular de la calle sobre lo que ha rodeado los EREs tiene que recorrer formalmente un camino que, a tenor de lo que se piensa en el circulo jurídico en el que dicen que se apoya Alaya, debe de estar bien armado jurídicamente para que luego no sea tumbado en el TSJA. Está claro, por tanto, que el objetivo de la instructora sigue siendo la punta de la pirámide. O sea, Griñán y, a ser posible, Chaves, dos por el precio de uno. Trabajo parecido para el TS y para el TSJA y, así, piensan algunos, van a ser más complicadas las componendas. En el fondo, Alaya ha puesto sobre la mesa en el peor momento posible, que la Justicia invalide lo sustentado por un gobierno autonómico y sus votos en el Parlamento. Desde luego una cuestión de Estado, de incalculable recorrido, por cierto.

UN AUTO QUE DA PISTAS. El ultimo Auto dictado por Alaya tras la comparecencia del exviceconsejero de Antonio Fernandez, Agustín Barberá, es especialmente significativo. Y, de alguna manera, nos da pista de que la instructora sigue la estela de la calle apuntando a Griñán y Chaves, entre otras cosas en el propio argumentario utilizado para no meter en la cárcel a Barberá. Le acusa formalmente de haber hecho exactamente lo que emanaba de un sistema, legal o ilegal está por ver  (ella sostiene que ilegal), mediante el cual se otorgaban fondos públicos a empresas, aseguradoras y trabajadores. Todo ello sin control y en una coctelera donde no parece que la Justicia haya metido mano todavía. Si no, no se entiende cómo no están en primera línea del escenario del escándalo los empresarios catalanes de las aseguradoras que tenían el “privilegio” de trabajar con la Junta de Andalucía. Empresas que, salvo error u omisión, son las que se han llevado la gran morterada con la ayuda de algunos despachos de gestión implicados en la trama como el del ex sindicalista de UGT Juan Lanzas.

Pero releyendo el Auto de Barberá, se le quita el nombre del ex viceconsejero y se pone cualquier otro, y se observará que tiene en sus manos el guión jurídico procesal más o menos exacto que piensa utilizar Alaya en la traca final de los EREs. Y todo basado en un papel de la Intervención que guardó Martinez Aguayo y la legislación marco de las administraciones. Eso es todo, que es bastante.

El Caso EREs, además, está dando pie a una nueva modalidad de entender las garantías que la Justicia debe adoptar en cada uno de los casos imputados en el procedimiento. Por vez primera asistimos a un baile de fianzas cuantiosas, muy elevadas, entre un grupo de imputados que -salvo que se demuestre lo contrario- no se han quedado con el gran paquete del dinero. Que Antonio Fernandez lleve más de dos semanas pasando calor en la cárcel de Morón, por no poder reunir 450.000 euros para pagar la fianza impuesta, demuestra el errático planteamiento de Alaya a la hora de encarcelarlo porque podía huir de la acción de la Justicia, dado el nivel de vida mantenido por Fernandez en los últimos años. Dos, tres semanas ya de más en prisión, han echado por tierra un argumento demasiado frágil como para mantener a una persona en prisión desde el pasado 23 de abril.

Pero la lotería de las fianzas va por barrios y depende. A unos se les trata mejor que a otros. Da la sensación de que se quiere contar con declaraciones que ayuden a dar forma a todo lo instruido, ponerle música a muchas letras sin autor. Quizás muchas de las  medidas que los fiscales Anticorrupción han planteado a Su Señoría y que permanecen en el cajón de las que no tienen prioridad empezarían a tener sentido. Así nos encontramos con una fianza para Javier Guerrero menor que la de Fernández, y en el otro extremo a una empresa a la que se le ponen dos millones de fianza porque le han colado una instrusa en un Ere.

Y como pueden imaginar, en una ciudad pequeña y delicada como Sevilla, todo este maremagnum politico y judicial mezclado con infinidad de leyendas urbanas, muchas de las cuales ya se pueden leer en la red y que apuntan a la teoría de las conspiraciones múltiples. Pero, créanme, ese es más un argumento de novela, novela negra, pero novela.