Comentarista político
La cohesión social en Garrucha se puede fraccionar solo por el empecinamiento de un Equipo de Gobierno que parece ir a la deriva, al atender una acción política que no corresponde a los intereses de los garrucheros. Se molestan cuando digo que Garrucha se ha erigido en un laboratorio político del PP, pero hoy más que nunca adquiere especial relieve esta aseveración fundamentada que, en mi opinión, nunca debería haberse atendido. Tanto por mi acción política como por mi profesión he combatido, y no solo desatendido, la nula autonomía local, porque siempre he pensado que la imposición provincial, autonómica y nacional a una actividad política local es literalmente contraproducente y en muchos casos puede conducir a lo que estos días se está observando en Garrucha.
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| Concejales socialistas, encerrados en el Ayuntamiento de Garrucha |
De seguir la fractura social, que está desencadenando el despido laboral de dieciocho trabajadores de Urbaser para supuestamente atender requerimientos político-empresariales foráneos, el número de antidisturbios que llegaron a Garrucha para sofocar la rebelión del gobernante PP contra la socialista Junta de Andalucía se podrían quedar cortos, por cuanto lo que ahora está en juego es algo más que un asunto político fruto de una controversia personal. Políticamente no se puede rescindir el contrato a una empresa cuando solo ha transcurrido la mitad de una concesión por diez años, para inmediatamente contratar a otra, es de suponer que por intereses ocultos, sin que socialmente no provoque un profundo malestar. Pero si además el despido al que se han visto abocados dieciocho trabajadores se politiza, la garantía de estallido social parece fuera de toda duda.
No se puede argüir que se rescinde el contrato a una empresa por problemas económicos y a la semana siguiente contratar otra empresa, porque lo que se está transmitiendo a los garrucheros es que se ha despedido a unos trabajadores por el mero hecho de haber sido contratados durante la etapa de gobierno del PSOE y ahora se desea encontrar un puesto de trabajo a unos afiliados al PP gobernante. Esta simpleza es lo que el Equipo de Gobierno de Garrucha está transmitiendo a sus convecinos, y ante esta percepción es obvio que el primer partido político en la oposición se ponga al frente de las inquietudes de un amplio sector de la población.
La negativa del alcalde a ofrecer al PSOE la documentación relativa a la contratación de la nueva empresa de limpieza supone un acto de oscurantismo político, pero mucho más una actitud dictatorial, radical y sumida de lleno en la irresponsabilidad política, que solo puede provocar la ruptura de la convivencia social en Garrucha. Y todo en balde, porque al final le va a tener que entregar al PSOE la documentación requerida.
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