Las palabras no se las lleva el viento

Jesús Muyor Rodríguez

Profesor del Centro Universitario de Trabajo Social

Desde mi posición de trabajador social, no tengo más palabra que la de escuchar a las personas sobre las que recae el peso de la falta de palabra. Una palabra que en el ámbito de la dependencia (a través del incremento del copago, rebajando los niveles de intensidad y protección, con la demora de dos años que, por Ley, pueden llegar a extenderse los trámites, con la nueva moratoria que supone que los dependientes moderados no entren al sistema hasta el año 2015…) sentencia a un colectivo de personas a los márgenes de una sociedad construida para unos pocos. Una palabra que, reduciendo cuantías económicas y suponiendo el fin de la cotización social, impone nuevas formas de confinamiento de la mujer al ámbito del hogar. Un hogar que tendrán que buscarse muchos jóvenes con una reducción del 30% en la renta básica de emancipación. Por supuesto, una reducción aplicable para los que ya recibían esa ayuda. El resto de jóvenes deberán labrarse un futuro accediendo a unos estudios universitarios que les costará, en el nuevo curso, sólo en subidas de tasas universitarias, hasta unos 500 euros más.

Puede que los deseos y las expectativas de futuro se trunquen en una realidad donde  el mercado de trabajo no crea empleo. Un entorno económico dirigido por mercaderes que negocian con el futuro de una ciudadanía a la que un día unos políticos dieron su palabra de que todo esto lo iban a cambiar.

Puede que a las 5,6 millones de personas que les afecta la situación de desempleo, las más de 300.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en los últimos cinco años, muchas de las cuales han derivado en familias desahuciadas —más de 100.000— a los que se suman los motivados por el impago de alquiler, les salga demasiado caro vivir. Aún así, la palabra de cambio de estos políticos es sustituida por la rebaja de la prestación por desempleo del 60% al 50% de la base reguladora a partir del séptimo mes para los nuevos beneficiarios.

Ante la irresponsabilidad política, la responsabilidad ciudadana. Y si en política todo vale, a la ciudadanía no todo nos vale. Para el ciudadano es tan importante el destino como el camino. Y si no hay camino…el camino se hace al andar.  Y dudamos que éste sea el camino. Hay una larga lista de medidas tomadas en el Consejo de Ministros del pasado 13 de julio que faltan a la palabra de un Gobierno elegido por mayoría. Pero afortunadamente la democracia no es, o no debería ser, la ley de las mayorías (la historia está llena de atrocidades que se han cometido con el favor de las mayorías). La democracia tiene unos principios irrevocables de respeto a las minorías, a la autonomía personal y la dignidad de las personas.

Como ya se ha dicho, un Gobierno debe asumir sus propios actos y ser capaz de justificarlos ante los demás. Pero siempre dispuesto a aceptar las opiniones, críticas y argumentos de los otros. Y más si vienen trasladadas desde la ciudadanía. Esa que creyó, o no, en su palabra.

No hacerlo supone un enorme ejercicio de desconsideración e irresponsabilidad. Mucho me temo que las acciones realizadas en estos últimos días tienen mucho de esto. La irresponsabilidad manifestada a la luz de estas medidas viene dada por la falta de sensatez y madurez al afirmar que las medidas tomadas son consecuencia de las circunstancias.  No se acepta la autoría de lo que se ha hecho. “Las medidas son obligadas por las circunstancias, por las recomendaciones, obligado por la situación que estamos atravesando”, con esas palabras se refugiaban de sus decisiones el actual Gobierno.  Por supuesto que hay que tener en cuenta todas las cuestiones que engloban una determinada situación, pero una cosa es tenerlas en cuenta y otra cosa es convertirlas en fatalidades que anulan cualquier posibilidad de que el individuo responda por sus actos. Si se niegan a ser responsables de los actos, y afirman estar manejados por estas circunstancias, quiero pensar que si todo sale bien el éxito  no se lo atribuyeran a sus decisiones sino a la circunstancias.

El problema es que a la ciudadanía ya no cree que estas palabras traigan el cambio anunciado. La ciudadanía es la primera que quiere que las cosas cambien y por eso actuará voluntariamente contra su voluntad. Porque cuando se toman medidas para conseguir un  ajuste de 65.000 millones, se están tomando medidas que afectan a las personas. No hay un “mundo” separado de la ciudadanía al que recortar. Cuando se recorta para ajustar 65.000 millones le estás echando mano al bolsillo de las personas. Y aunque la ciudadanía está dispuesta a vivir con menos para vivir mejor, sabe que no hay vida sin dignidad, sin derechos y sin justicia.

Y si las palabras crean realidades, también abren cajones de sentimientos y emociones. Y las emociones son las herramientas con las que nos enfrentamos al mundo. La ciudadanía está indignada, comprometida, harta y  sobradamente preparada para elegir su destino y su propio camino. Tenemos una ciudadanía capaz de tomar decisiones solidarias que llenen de significado las palabras con las que vamos inventando y trasformando el mundo. Y es que el día que la ciudadanía gobierne, los políticos querrán echarse a la calle.

Hace tiempo leí que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras crean profundas realidades. En la actualidad vemos como algunos políticos faltan a su palabra. Hace unos meses nos prometían en campaña electoral una serie de propuestas para que nos sumásemos al cambio. Un cambio que se ha producido pero, lamentablemente, sólo en la palabra que dieron a la ciudadanía. Curiosamente hemos aprendido a mentir para que nuestros propósitos parezcan más verdaderos.  Un hecho demasiado extendido en la política actual.