ERE, 1ª sesión: silencio

Isabel Morillo

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

La negativa a responder preguntas por parte de tres de los imputados en el caso de los ERE frustró ayer el estreno de la comisión de investigación abierta en el Parlamento andaluz. Ramón Díaz , Antonio Diz-Lois y Fernando Mellet , todos imputados en la causa judicial que investiga diez años de supuesta corrupción con más de 1.000 millones de ayudas públicas al empleo, se negaron a entrar en diálogo con los diputados amparándose en su derecho -fijado en el Reglamento de la Cámara - a no responder preguntas. Los tres comparecieron flanqueados por sus abogados. En el aire flotó el temor a que esa estrategia, que aconsejarán todos los letrados a sus defendidos, se convierta en la tónica general y contagie a los políticos y altos cargos. Fuentes parlamentarias advirtieron de que sería "un escándalo" que diputados rehusaran responder al Parlamento, por más que cualquier palabra que digan en la comisión pueda ser utilizada por la magistrada que instruye la causa, Mercedes Alaya, y convertirse directamente en una imputación judicial u otros perjuicios en la vía penal. Los comparecientes pueden callar pero no mentir, recuerdan, bajo apercibimiento de inhabilitación, sanciones e incluso prisión, según el Código Penal. Entre otros están llamados José Antonio Viera, el presidente José Antonio Griñán, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo o el expresidente Manuel Chaves y su exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.

La primera sesión de la comisión no dio mucho de sí

La expectación que acompaña a la comisión, la primera celebrada en el Parlamento en 17 años, tornó pronto en cierta frustración y en un encontronazo político de PP e IU con el PSOE que, lejos de ni siquiera de poner en apuros a los comparecientes, optó por no formular sus preguntas y entregarlas por escrito. Así lo reclamó el primero de los comparecientes, Ramón Díaz, exdiputado socialista, que fue dirigente del PSOE de Sevilla y supuestamente mano derecha del exconsejero José Antonio Viera durante la etapa investigada. El presidente de la comisión, Ignacio García, rechazó esa formula y recordó que fue un acuerdo de todos los partidos que la comisión se basara en la "oralidad" y la "inmediatez".

PROCESO JUDICIAL. El exasesor de la Consejería de Empleo Ramón Díaz abrió la sesión. Defendió su "más absoluta inocencia" ante los hechos que se le imputan. Díaz aseguró durante su comparecencia que es la persona con "menor responsabilidad política y con menor capacidad institucional" de las 25 que acudirán a declarar al Parlamento. El exdiputado socialista aseveró "tener la conciencia muy tranquila", ya que "ni cometí ni tuve conocimiento de que se produjera cualquier acto ilegal".

Díaz defendió su trabajo como asesor de Empleo y aseguró que siempre colaboró para obtener el "mejor resultado" para los trabajadores". Argumentó que la comisión de investigación parlamentaria comenzaba en paralelo a un proceso judicial en el que está imputado "sin que hasta el momento se haya podido demostrar nada". La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dictó un auto el pasado mes de junio en el que imputaba a Ramón Díaz, al que atribuía una "activa participación" en la inclusión de intrusos en los expedientes de Calderinox, Saldauto y A-Novo.

Tras pedir abandonar la sala sin escuchar las preguntas -lo que provocó un deceso de 50 minutos- y estimar la comisión que debía permanecer en la misma, Díaz amagó con abandonar la comparecencia. Fue advertido por el presidente de la comisión que, de hacerlo, incurriría en un delito de desobediencia. El exdiputado socialista permaneció en su asiento, no sin antes denunciar sentirse "coaccionado" por lo que se reservó la posibilidad de emprender acciones legales.

Fue entonces cuando IU y PP lanzaron toda una batería de preguntas que no obtuvieron respuesta alguna. El silencio sólo se vio interrumpido cuando el PP le interpeló si había cobrado "alguna comisión en su nombre o en el de la Junta", lo que hizo despertar a Díaz para asegurar que esa pregunta era una "imputación directa" y que por tanto debía corregirse, un punto que fue rechazado por el diputado del PP, Rafael Salas.

Tras finalizar, Ramón Díaz explicó que el turno de preguntas sin respuestas le había causado un "terrible daño" y que se había encontrado "indefenso" ante unas preguntas que "atentan contra la integridad y la honestidad".

 

En la misma línea se manifestó el exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo, Antonio Diz-Lois, quien aseguró que declarar en la comisión sin haberlo hecho antes ante la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, "supondría daños lesivos a su defensa". Diz-Lois sí aprovechó para asegurar que no había sido asesor ni intermediario en ningún expediente de regulación de empleo, ni mantiene relación de amistad con ningún beneficiario.Tras esto, se revivió la misma escena. Diz-Lois pedía abandonar la sala y argumentaba un posible delito de coacciones, un punto que de nuevo fue rechazado por el presidente de la comisión.

Por la tarde, el exgerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, empleó casi una hora en proclamar su inocencia y presentarse como víctima de "una persecución personal" fruto de la "batalla política". Mellet está imputado en cuatro sumarios judiciales y acusado de un soborno de 450.000 euros durante su etapa como gerente de la lonja sevillana. Las irregularidades en el expediente de Mercasevilla fueron el germen judicial del caso de los ERE. Una grabación en su despacho con empresarios hosteleros -que Mellet tildó ayer de "ilegal"- destapó la trama y el presunto soborno.

El PP lamentó una "comisión muda", un "circo". El PSOE garantizó que trabajará con "transparencia, rigor, seriedad y máxima responsabilidad". El más crítico fue IU, cuyo portavoz, José Antonio Castro se mostró visiblemente molesto ante un grupo que no pregunta -el PSOE- y otro que "casi realiza un interrogatorio judicial" -el PP-. Hoy continúan las preguntas pero no se sabe si habrá respuestas.