Juan Folío
La Opinión de Almería
Manuel Recio ha comparecido hoy ante la comisión de investigación creada por el Parlamento de Andalucía sobre el caso de los "eres". El diputado por Almería ha defendido que nada tiene que ver la legalidad del sistema con los abusos que hayan podido producirse, que deben investigarse hasta lasúltimas consecuencias para que nadie se quede sin castigo y pueda recuperarse hasta el último euros.
Recio, que fue Consejero de Empleo entre 2010 y 2012, ha explicado el plan de acción llevado a cabo por la consejería para determinar las irregularidades en los expedientes. Ha defendido la total colaboración con la justicia mientras él fue el responsable de la consejería. "No existe otra administración que haya tenido un despliegue de medios similar al de la Junta en su afán de colaboración y aclaración de la verdad". Recio ha querido dejar claro que el 97 % de los expedientes tramitados entre 2001 y 2010 no presentan ninguna irregularidad, pese a lo cual no le quita importancia al tres por ciento restante.
El exconsejero de Empleo ha insistido en el compromiso de la Junta en el esclarecimiento de la verdad, siendo "la primera" en denunciar los hechos ante la Justicia, frente a los "intereses espurios" de algunas formaciones políticas. Según ha apuntado, la Junta ha enviado más de 200.000 folios de documentos al Juzgado, con las copias completas de expedientes e informes internos.
Tras apuntar que el procedimiento de concesión de ayudas ha sido legal y sometido a los "preceptivos controles", Recio ha señalado que estos fondos sociolaborales en ningún caso han sido "opacos" y que su consignación presupuestaria estaba aprobada por el Parlamento. "Se trataba de una partida con nombres y apellidos, la 31L, gestionada con procedimientos establecidos al amparo de la normativa legal, y que han avalado los servicios técnicos y jurídicos de la Junta", ha apostillado. Recio, que ha destacado las numerosas intervenciones que realizó en el Parlamento siendo consejero sobre este asunto, ha señalado también en su intervención inicial el apoyo que durante este tiempo ha recibido del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, así como también de la Consejería de Empleo, desde donde se ha trabajado de manera "leal y fiel a la verdad".
SIEMPRE SE ATENDIO A LOS INFORMES DE INTERVENCION
Manuel Recio ha comparecido hoy ante la comisión de investigación creada por el Parlamento de Andalucía sobre el caso de los "eres". El diputado por Almería ha defendido que nada tiene que ver la legalidad del sistema con los abusos que hayan podido producirse, que deben investigarse hasta lasúltimas consecuencias para que nadie se quede sin castigo y pueda recuperarse hasta el último euros.
Manuel Recio |
El exconsejero de Empleo ha insistido en el compromiso de la Junta en el esclarecimiento de la verdad, siendo "la primera" en denunciar los hechos ante la Justicia, frente a los "intereses espurios" de algunas formaciones políticas. Según ha apuntado, la Junta ha enviado más de 200.000 folios de documentos al Juzgado, con las copias completas de expedientes e informes internos.
Tras apuntar que el procedimiento de concesión de ayudas ha sido legal y sometido a los "preceptivos controles", Recio ha señalado que estos fondos sociolaborales en ningún caso han sido "opacos" y que su consignación presupuestaria estaba aprobada por el Parlamento. "Se trataba de una partida con nombres y apellidos, la 31L, gestionada con procedimientos establecidos al amparo de la normativa legal, y que han avalado los servicios técnicos y jurídicos de la Junta", ha apostillado. Recio, que ha destacado las numerosas intervenciones que realizó en el Parlamento siendo consejero sobre este asunto, ha señalado también en su intervención inicial el apoyo que durante este tiempo ha recibido del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, así como también de la Consejería de Empleo, desde donde se ha trabajado de manera "leal y fiel a la verdad".
SIEMPRE SE ATENDIO A LOS INFORMES DE INTERVENCION
Ya en el turno de preguntas, el exconsejero le ha trasladado a la portavoz de IULV-CA, Alba Doblas, su convencimiento sobre que los intrusos se introdujeron en algunos expedientes de regulación de empleo, fruto de "un abuso de confianza" de determinadas personas. También ha señalado que desde su departamento "siempre" se tuvo en cuenta todas las recomendaciones realizadas por la Intervención General de la Junta. "A todas les hemos hecho caso". Doblas ha sido bastante dura en su intervención, considerando una porquería el control de fiscalización previa de los fondos por parte de la Junta. "Nos da la sensación que ha sido una especie de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como", ha apuntado la diputada de IULV-CA. Si bien, Recio ha defendido estos controles previos, así como también el control financiero permanente.
El exconsejero, también a instancia de una pregunta de IULV-CA, ha indicado que como consejero no era la persona competente para establecer las responsabilidades políticas que hubiera podido haber y que tiene el convencimiento que sus antecesores en el cargo actuaron de buena fe. También ha explicado que hay un procedimiento abierto para el reintegro de las cuantías que sean irregulares.
La portavoz del PSOE-A, Antonia Moro, ha preguntado a Recio sobre una reunión que tuvo lugar en su consejería en el mes de noviembre y sobre la que se ha dicho que tuvo como objetivo la reconstrucción y eliminación de expedientes, algo que ha sido tajantemente negado por el exconsejero, quien ha explicado que dicha reunión se convocó a raíz de tener conocimiento sobre posibles irregularidades en Mercasevilla. "Pedí al viceconsejero y al director general que verificaran dichas noticias y que no solo miraran ese caso concreto, sino también que vieran si podría haber más casos irregulares", ha afirmado Recio, quien ha querido dejar claro que en ningún momento dio la orden de modificar o destruir expedientes. "Si lo hubiera hecho no habría post-it o servilletas junto a algunos expedientes", ha subrayado.
También ha negado, a preguntas del PSOE-A, haber recibido ni dado ninguna instrucción para la concesión de una ayuda sociolaboral, así como tampoco que se haya hecho una investigación desde el punto de vista político en relación a la afiliación política de los intrusos. "No creo que ello sea relevante y supongo que habrá personas de todas las filiaciones políticas y sindicales", ha afirmado Recio.
CRITICA EL USO "ELECTORAL" HECHO POR EL PP-A
El exconsejero, también a instancia de una pregunta de IULV-CA, ha indicado que como consejero no era la persona competente para establecer las responsabilidades políticas que hubiera podido haber y que tiene el convencimiento que sus antecesores en el cargo actuaron de buena fe. También ha explicado que hay un procedimiento abierto para el reintegro de las cuantías que sean irregulares.
La portavoz del PSOE-A, Antonia Moro, ha preguntado a Recio sobre una reunión que tuvo lugar en su consejería en el mes de noviembre y sobre la que se ha dicho que tuvo como objetivo la reconstrucción y eliminación de expedientes, algo que ha sido tajantemente negado por el exconsejero, quien ha explicado que dicha reunión se convocó a raíz de tener conocimiento sobre posibles irregularidades en Mercasevilla. "Pedí al viceconsejero y al director general que verificaran dichas noticias y que no solo miraran ese caso concreto, sino también que vieran si podría haber más casos irregulares", ha afirmado Recio, quien ha querido dejar claro que en ningún momento dio la orden de modificar o destruir expedientes. "Si lo hubiera hecho no habría post-it o servilletas junto a algunos expedientes", ha subrayado.
También ha negado, a preguntas del PSOE-A, haber recibido ni dado ninguna instrucción para la concesión de una ayuda sociolaboral, así como tampoco que se haya hecho una investigación desde el punto de vista político en relación a la afiliación política de los intrusos. "No creo que ello sea relevante y supongo que habrá personas de todas las filiaciones políticas y sindicales", ha afirmado Recio.
CRITICA EL USO "ELECTORAL" HECHO POR EL PP-A
Tras rechazar también que el proceso de concesión de ayudas haya sido "arbitrario", aunque sí "discrecional", el exalto cargo andaluz ha afirmado que "el fin no justifica los medios", acusando así al PP andaluz de utilizar "electoralmente" el caso de los ERE para intentar acceder a la Presidencia de la Junta. Así, ha dicho no entender que cuando en un 97 por ciento de los expedientes todo está correcto, "se pueda decir que en diez años todo estaba mal".
La portavoz del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero, que ha comenzado su intervención considerando que Recio se había presentado ante esta comisión como un "justiciero", pero que es conocedor de la trama "desde el minuto uno", ha señalado el hecho de que el exconsejero se encontrara una caja fuerte en su despacho al inicio de su mandato y que lo pusiera en conocimiento de la Guardia Civil "porque se asustó". Recio ha explicado que no sólo se encontró la caja fuerte sino una cámara de videovigilancia y que, ante su "incredulidad", lo puso en conocimiento de la autoridad competente, al tiempo que pidió la llave de la caja fuerte, comprobando finalmente que estaba "vacía". Si bien, según ha explicado, el informe realizado por la Policía sobre este asunto determinó que la cámara de videovigilancia y la caja fuerte estaban allí porque en algún momento del pasado hubo "algún objeto de valor".
Recio, que ha criticado que el PP-A se refiera en sus preguntas a la partida 31L como 'fondo de reptiles', ha insistido en que se trataba de ayudas "excepcionales y discrecionales" concertadas con sindicatos y empresarios. "No se publican porque son ayudas individuales, pero aparecen en el Presupuesto de la Junta", ha manifestado el exconsejero, quien también ha señalado que la Intervención no puso ningún reparo a las subvenciones excepcionales. Ruiz-Sillero ha acusado a Recio de "mentir" sobre que venía de Almería el fin de semana de noviembre que se celebró una reunión en la Consejería, "cuando estaba en los carnavales de Málaga". Además, la diputada 'popular' ha asegurado que se hizo "una purga" de expedientes y que en esa reunión no había funcionarios, "sino gente de confianza".
En su turno final, Recio ha acusado al PP de "juzgar inquisitorialmente" y ha lamentado el "daño" hecho a las personas de buena fe beneficiadas de ayudas sociolaborales y que "están siendo señaladas en las calles de sus pueblos, como si hubiera hecho algo malo".
La portavoz del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero, que ha comenzado su intervención considerando que Recio se había presentado ante esta comisión como un "justiciero", pero que es conocedor de la trama "desde el minuto uno", ha señalado el hecho de que el exconsejero se encontrara una caja fuerte en su despacho al inicio de su mandato y que lo pusiera en conocimiento de la Guardia Civil "porque se asustó". Recio ha explicado que no sólo se encontró la caja fuerte sino una cámara de videovigilancia y que, ante su "incredulidad", lo puso en conocimiento de la autoridad competente, al tiempo que pidió la llave de la caja fuerte, comprobando finalmente que estaba "vacía". Si bien, según ha explicado, el informe realizado por la Policía sobre este asunto determinó que la cámara de videovigilancia y la caja fuerte estaban allí porque en algún momento del pasado hubo "algún objeto de valor".
Recio, que ha criticado que el PP-A se refiera en sus preguntas a la partida 31L como 'fondo de reptiles', ha insistido en que se trataba de ayudas "excepcionales y discrecionales" concertadas con sindicatos y empresarios. "No se publican porque son ayudas individuales, pero aparecen en el Presupuesto de la Junta", ha manifestado el exconsejero, quien también ha señalado que la Intervención no puso ningún reparo a las subvenciones excepcionales. Ruiz-Sillero ha acusado a Recio de "mentir" sobre que venía de Almería el fin de semana de noviembre que se celebró una reunión en la Consejería, "cuando estaba en los carnavales de Málaga". Además, la diputada 'popular' ha asegurado que se hizo "una purga" de expedientes y que en esa reunión no había funcionarios, "sino gente de confianza".
En su turno final, Recio ha acusado al PP de "juzgar inquisitorialmente" y ha lamentado el "daño" hecho a las personas de buena fe beneficiadas de ayudas sociolaborales y que "están siendo señaladas en las calles de sus pueblos, como si hubiera hecho algo malo".
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