Isabel Morillo
Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía
El exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, ha brindado en su comparecencia en la comisión de investigación de los ERE en el Parlamento andaluz, una extensa explicación sobre la labor del cuerpo de la Intervención General en relación al fondo de ayudas al Empleo investigado por la justicia.
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| Manuel Gómez |
Gómez, uno de los comparecientes más esperados y que con más claridad y menos sesgo político afrontó su comparecencia, dejó claro que en 2005 el Gobierno andaluz, especialmente el consejero de Empleo, disponía de avisos más que suficientes sobre "deficiencias graves" en el reparto de las subvenciones y sostuvo que entonces se deberían de haber tomado medidas. "Con un solo informe había bastado pero hubo hasta 15", recordó. Gómez es un alto funcionario de la administración que hace ya dos años que dejó de ser el responsable de la Intervención General de la Junta. Su testimonio como testigo ante la Guardia Civil ha sido uno de las patas de la instrucción judicial sobre el llamado caso de los ERE. El órgano de control interno y de la contabilidad pública de la Junta y de sus entes instrumentales (empresas públicas, agencias y fundaciones) redactó varios informes alertando de irregularidades en el sistema. Nada era normal, aunque no se detectó fraude o menoscabo de fondos públicos. Se observaron irregularidades, anomalías y procedimientos inadecuados, sin embargo no se denunciaron ilegalidades o delitos.
Con todo, Gómez fue muy claro y reprochó directamente al Gobierno andaluz que se parapete en que no existió un informe de actuación (encendiendo la alarma roja) para explicar por qué no actuó. "Carece de sentido común. Si su vecino le advierte de que sale humo y llamas por el extractor de su cocina, llamaría a los bomberos o esperaría a que el vecino le mandara una carta o un correo electrónico", ilustró. "Si se advierte de graves deficiencias esto obliga a tomar medidas aunque no suponga fraude", insistió.
Con todo, Gómez fue muy claro y reprochó directamente al Gobierno andaluz que se parapete en que no existió un informe de actuación (encendiendo la alarma roja) para explicar por qué no actuó. "Carece de sentido común. Si su vecino le advierte de que sale humo y llamas por el extractor de su cocina, llamaría a los bomberos o esperaría a que el vecino le mandara una carta o un correo electrónico", ilustró. "Si se advierte de graves deficiencias esto obliga a tomar medidas aunque no suponga fraude", insistió.
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