Isabel Morillo
Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía
La séptima jornada de la comisión parlamentaria sobre la supuesta trama de los ERE tuvo ayer su versión más teatral. El ambiente se fue caldeando hasta que terminó en batalla campal. La intervención final del presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, desató la bronca. La chispa se prendió cuando el actual presidente del PP andaluz cerró su turno leyendo un documento en el que daba detalles precisos sobre el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, que negoció como delegado del Gobierno en 2003 y donde se investiga si hay intrusos. Esa información no había llegado a la comisión.
El Gobierno del PP solo entregó los papeles al Parlamento una hora antes de la comparecencia de Zoido y además de forma incompleta. Sin opción de contrarréplica, los portavoces perdieron los nervios y acusando al presidente del PP-A de "mofarse de la comisión". A partir de ahí, fuego cruzado entre todos los diputados con un presidente de la comisión incapaz de poner orden en mitad de los gritos.
La llegada del primer dirigente popular a la comisión de investigación -hoy están citados Javier Arenas y Eduardo Zaplana por su etapa como ministros de Trabajo y Administraciones Públicas con José María Aznar- hizo que ésta tomara un nuevo rumbo y diera un giro radical, exhibiendo la estrategia del PSOE, que vincula al PP en el presunto fraude de los ERE con las prejubilaciones de la cuenca minera onubense y sevillana. De formular las preguntas por escrito o hacer cuestiones inocentes que rozaban el absurdo -preguntaron al exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, si había ostentado este puesto entre 1999 a 2008-, los socialistas pasaron a un tono agresivo no visto hasta ahora en su portavoz, Antonia Moro. También los populares cambiaron su discurso. Del tono inquisidor, próximo a un interrogatorio judicial, pasaron a intervenciones conciliadoras destinadas a conseguir titulares en lugar de esclarecer que pasó en la Faja Pirítica.
El día terminó prácticamente como empezó. Zoido llegó a la sala del Parlamento con todo un arsenal de documentación y dos grandes archivadores que colocó en primer plano y en el que se podía leer claramente la palabra Querellas. A primera hora, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, fue sorprendida por IU cuando hizo entrar en mitad de su comparecencia un carro con voluminosos tomos de los presupuestos. La diputada de IU, Alba Doblas, invitó a la consejera a demostrar que con esos papeles se podía "culpar al Parlamento", como dijo que intentan los socialistas.
La comparecencia la jornada anterior del exinterventor de la Junta, Manuel Gómez, con un relato técnico-jurídico en el que aseguró que alertó hasta en 15 ocasiones de que había irregularidades en el procedimiento de concesión de ayudas, provocó un arranque tenso. Aguayo volvió a señalar a la Consejería de Empleo como responsable. El exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, mostró todo su apoyo al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, convirtiéndose en la única persona que presume de esa amistad en la sede de la comisión. Y Zoido cerró la sesión despejando muy pocas dudas y hablando principalmente de la denuncia de Mercasevilla.
El presidente del PP-A estaba citado ayer por su etapa como delegado de Gobierno en Andalucía entre 2002 y 2004, cuando el Gobierno andaluz tramitó expedientes de regulación de empleo en empresas de la Faja Pirítica de Huelva, con ayudas extraordinarias del Gobierno de la Nación, presidido entonces por José María Aznar.
Es el único expediente requerido por la comisión al PP y también el único que no ha llegado a tiempo. Al menos no con el necesario para que los grupos pudieran analizarlo, ya que se entregó a los portavoces de la comisión apenas una hora antes de la comparecencia de Juan Ignacio Zoido, quien aseguró que desconocía el motivo del retraso.
Zoido negó la existencia de intrusos en ese ERE y aseguró que el Gobierno de la Nación no participó en estos expedientes "por ser competencia exclusiva de la Junta". "Todos están firmados y autorizados por la Administración andaluza, por ser la autoridad competente", añadió. El presidente popular andaluz subrayó que "todas" las ayudas concedidas por el Gobierno central estaban fiscalizadas por la Intervención General del Estado y por el Tribunal de Cuentas, sin que éste último organismo pusiera "reparo alguno". "No pudimos hacerlo tan mal cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero continuó con el sistema", explicó.
A pesar de pretender transparencia, el relato de Zoido estuvo lleno de constantes titubeos y contradicciones, llegando a afirmar en un primer momento que las ayudas extraordinarias fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado para a continuación asegurar que no conocía este punto.
"Viene usted con muchas cajas y con muy poca información" le espetó Doblas, ilustrando de manera gráfica lo que fue la comparecencia de Zoido. Por ello, PSOE e IU no descartaron volver a citarlo en la segunda ronda.
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, incidió hasta en cuatro ocasiones en que la responsabilidad y quien debería haber emprendido acciones ante los avisos continuos de la Intervención fue la Consejería de Empleo y defendió que nunca se requirió su actuación. Sí admitió que conoció y corrigió los desequilibrios presupuestarios originados por este programa de ayudas y que esto lo "comentó" con Griñán. Cuando saltó el caso, Martínez Aguayo compareció públicamente para actuar de cortafuego y aseguró que fue ella como viceconsejera quien recepcionó y no leyó los informes, y que nunca los entregó a Griñán. Ayer repitió que recibió unos 868 reparos del interventor y subrayó que nunca se detectaron ilegalidades ni fraude sino una gestión "controvertida". "¿Su papel que era el de archivera de la consejería?", le inquirió el PP.
El exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, en una de las intervenciones más relajadas, señaló también a la Consejería de Empleo como máxima responsable en las ayudas. "Nunca, absolutamente nunca, tuve conocimiento de alguna ilegalidad. De haberlo sabido hubiera tomado las medidas correspondientes para que el mecanismo se recondujera", aseveró. Para el exconsejero el programa era "legal", no así el "uso indebido que algunas personas realizaron de él" de forma individual y "deleznable".
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