Carlos Rosado
Abogado
Tanto el Título I de la Constitución Española como el del Estatuto de Autonomía para Andalucía disponen de un ancho camino por el que transitar en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Especialmente en momentos de dificultad como el presente es cuando hay que acudir a estas normas para no olvidar cuáles son los derechos que asisten, singularmente, a los más desfavorecidos y exigirlos para ellos. Y si hay una institución necesaria ahora es la de la Defensora del Pueblo y el Defensor del Pueblo andaluz, en nuestra tierra. Ambos se convierten en estos momentos en el último asidero al que pueden agarrarse quienes se ven desasistidos en sus derechos más esenciales y no encuentran el amparo necesario al que acogerse cuando carecen de medios de supervivencia real, indefensos ante la crisis.
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| Soledad Becerril, Defensora del Pueblo |
Queremos ver a la Defensora del Pueblo instando a los poderes públicos y a las instituciones financieras a buscar soluciones legales y económicas para evitar desahucios por impago de hipotecas con fórmulas que eviten situaciones claramente inicuas, como otras injusticias producidas por la voracidad de las entidades financieras. Deseamos conocer las medidas que ha emprendido para garantizar que los más débiles no se vean excluidos del sistema de salud público ni abandonados a su suerte por conveniencias de carácter presupuestario. Por análogas razones esperamos un pronunciamiento sobre el mantenimiento sin atajos de los 400 euros a desempleados sin derecho a subsidio. O una investigación sobre la desnutrición y la miseria de niños y adultos en España.
Pero la Defensora del Pueblo español ha hecho sus primeras declaraciones para hablar de Sánchez Gordillo como si de un problema nacional se tratara. Cuando estamos ante una anecdótica actuación ilegal, con métodos cuyo objetivo final no gusta a los que están preocupados realmente de resolverlos. Y que da alas a los que usan esta astracanada para ridiculizar a Andalucía y sus problemas. Pero resulta atronador el silencio de la Defensora cuando se necesita una posición clara frente a problemas reales.
(El Correo de Andalucía)
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