Andalucía ante el aldabonazo catalán

Isabel Morillo

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

"Haríamos muy mal en despreciar la manifestación de Barcelona”. Así recibió el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, el debate abierto con fuerza por Cataluña sobre el futuro del Estado de las Autonomías. La petición de independencia de Cataluña, traducida por su presidente, Artur Mas (CIU), como la necesidad de una consulta ante la “fatiga” del Estado, preocupa por más que la consigna haya sido no arrimar el bidón de gasolina a esa mecha. Andalucía ha sido la comunidad llamada a frenar asimetrías o desigualdades en el Estado. Lo hizo el 28 de febrero, cuando logró el café para todos. Lo volvió a hacer hace un lustro, cuando se abrió la reforma de los Estatutos de Autonomía y se erigió en “muro de contención de desigualdades o privilegios”. Y cree que debe de hacerlo ahora, cuando las evidencias muestran que toca repensar el funcionamiento del Estado autonómico y surgen voces extremas: independentistas frente a recentralizadores.

En mitad de una crisis sin precedentes, calar este melón es un riesgo importante, pero mirar hacia otro lado lo es quizás todavía más. Bajo esa premisa, el presidente andaluz, también presidente del PSOE, ha dejado claro que Andalucía aboga por revisar el funcionamiento del Estado autonómico y dar un salto cualitativo. Dejar atrás la “fase de construcción” y pasar a la “fase de cooperación activa”, proclama. Defiende el líder socialista caminar hacia un “federalismo cooperativo”. Algo que defendió el PSOE en su programa de 2004, cuando apostó por reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara territorial.

Andalucía va a tener un papel complicado y Griñán quiere abanderar el discurso desde el PSOE federal. El presidente andaluz tiene muy buena sintonía con el líder del PSC, Pere Navarro, que a su vez cuenta con el respaldo directo de Carme Chacón. El malogrado eje catalano-andaluz que pusieron en marcha Manuel Chaves y Pasqual Maragall se reedita. Griñán está convencido de que el enemigo no está en las filas del nacionalismo catalán, con quien cree que pueden llegar a establecerse espacios de acuerdo, sino en aquellos que pueden tener la tentación de aprovechar esta revisión del Estado de las Autonomías para cargarse el modelo constitucional y volver a una España en la que sobran 15 autonomías y solo hay tres comunidades de primera: Cataluña, Galicia y el País Vasco. El discurso político que advierte de que ni el Estado del Bienestar ni el Estado de las Autonomías es posible tal y como está concebido es la gran amenaza, consideran desde el PSOE-A. La línea dura del PP, con María Dolores de Cospedal y su propuesta de desmantelar instituciones autonómicas hasta el punto de reducir el Parlamento de Castilla-La Mancha a la mínima expresión, tiene más seguidores que la expresión independentista catalana, alertan.

Griñán ha dejado claro que debe navegar entre dos aguas y que Andalucía tratará de poner freno, sin algarabías ni grandes manifestaciones como piden sus socios de Gobierno (IU), tanto a quienes buscan cargarse el modelo autonómico como a quienes aspiran a la soberanía fiscal reclamada por CIU, que supondría barrer los conceptos de solidaridad e igualdad que impregnan la Constitución. Ante una crisis tan grave, con cinco millones de parados en España y un peligroso agujero en la caja de las pensiones y las prestaciones por desempleo, ese tipo de reclamaciones pueden ser demenciales. Además el debate se complica aún más porque si Barcelona se echó a la calle el 11 de septiembre es porque los catalanes sienten que gran parte de los durísimos recortes afrontados son culpa del expolio al que España somete a Cataluña por la vía fiscal. Las balanzas fiscales publicadas por el ministro socialista Pedro Solbes vuelven a la primera línea. No pagan impuestos los territorios sino las personas y un andaluz y un catalán a igual renta tributan exactamente lo mismo. Pero no es eso lo que sienten en Cataluña. Y ese cupo fiscal al modo vasco dinamitaría el Estado autonómico tanto como las posiciones más radicales del PP.

IU lo tiene claro: federalismo sí, pacto fiscal no. Alertan de que Andalucía solo logrará marcar el paso si se echa a la calle. Ya tienen fecha: el 4 de diciembre. Parece difícil que logren desempolvar las banderas verde y blanca, pero nunca se sabe.

En esas están los socios de Gobierno, pero ¿qué posición tomará el PP andaluz de Juan Ignacio Zoido? Proclamó hace casi un año la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que el 28 de febrero fue “un error” y no pasó nada. Ha propuesto Cospedal un barrido autonómico y Zoido se sumó a pedir una reducción del Parlamento andaluz. Javier Arenas viró hacia el discurso proautonomista en la última reforma del Estatuto andaluz y logró vencer feroces resistencias en el PP para sumarse a la reforma estatutaria. Eso queda ahora muy lejos. Zoido está alineado más en el ala dura de Cospedal frente a la que lidera la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, en un tono más moderado, institucional. Ella fue, pura casualidad, la madrina del Estatuto andaluz en Madrid. El PP andaluz debe elaborar un discurso más allá de que lo importante ahora es combatir la crisis.