Fuertes deudas de la empresa familiar de la ministra Fátima Báñez

José Luis Lobo

Adjunto a la Dirección de El Confidencial

Construcciones Juan de Robles S. A., una de las firmas del grupo empresarial propiedad de la familia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, adeuda más de 20 millones de euros al BBVA, Banco Santander, Banco Popular y La Caixa. La situación de asfixia financiera ha empujado a los responsables del holding familiar, del que Báñez es accionista, a negociar con Anida -la división inmobiliaria del BBVA- la venta de gran parte de sus activos inmobiliarios, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al grupo.

De los 20,8 millones de euros que la constructora del Grupo Báñez García adeuda en créditos bancarios, el BBVA tiene pendientes de cobro 11,5 millones. El resto -9,3 millones- se reparte entre Santander, Popular y La Caixa, por ese orden. El consorcio empresarial onubense fue fundado por Eduardo Báñez González, padre de la ministra, y en sus orígenes fue una firma agrícola y ganadera hasta que, a partir de la década de los 70, diversificó su actividad hacia la construcción y más tarde a las energías renovables.

Para saldar su deuda, Construcciones Juan de Robles está negociando con la división inmobiliaria del banco presidido por Francisco González la liquidación de sus activos inmobiliarios, desde naves industriales a suelo urbanizable, pasando por viviendas, fincas rústicas, locales comerciales, almacenes, garajes y trasteros. La mayor parte de esos activos se localiza en las localidades de San Juan del Puerto, Islantilla, Ayamonte, Almonte y Jabugo, todas ellas en la provincia de Huelva.

  

Los problemas para la constructora de la familia Báñez no acaban ahí. La firma está a punto de presentar un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que afectará a la mitad de la plantilla, según las fuentes consultadas, con recortes de jornada y salario del 50% para los afectados. Además, Construcciones Juan de Robles tenía a finales del pasado año una deuda pendiente con Hacienda de 915.000 euros, cantidad que, tras el aplazamiento y fraccionamiento solicitados a la Agencia Tributaria, ascendía el pasado mes de agosto a casi 750.000 euros.

Subvenciones y retrasos

Pese a su acreditada falta de solvencia financiera, la constructora del Grupo Báñez García obtuvo el pasado mes de diciembre una subvención de 432.000 euros de la Junta de Andalucía. La finalidad de la ayuda, concedida por la Consejería de Obras Públicas, es "fomentar la urbanización de suelos destinados a viviendas protegidas", y se enmarca en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 impulsado por el Ejecutivo andaluz.   

Según las fuentes consultadas, Construcciones Juan de Robles incumple sistemáticamente la Ley de Morosidad, que entró en vigor en 2010 y cuya aplicación definitiva será efectiva en 2013. Esa ley obliga a las empresas privadas a pagar a sus proveedores en un máximo de 75 días durante 2012, plazo que el próximo año se recortará hasta los 60 días. La constructora del Grupo Báñez García, sin embargo, está pagando a sus proveedores a más de 120 días. Además, añaden las mismas fuentes, la empresa no abona a los subcontratistas desde hace más de tres años las retenciones de garantía del 5%, que está obligada a devolver un año después de finalizada una obra.

La semana pasada, el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil interrogó a varios directivos de la constructora por el presunto amaño de un concurso público para la adjudicación de terrenos en Mercasevilla. La investigación, que afecta también a otras cuatro empresas que pujaron por ese suelo, ha sido ordenada por la juez Mercedes Alaya, instructora del sumario de los ERE fraudulentos en Andalucía. Ni Construcciones Juan de Robles ni la ministra Báñez han respondido a las llamadas de este diario.