Javier Aureliano García
Secretario Provincial del Partido Popular
Agosto suele ser un mes plano informativamente hablando, roto circunstancialmente por alguna ‘serpiente de verano’ o alguna noticia luctuosa, que este año ha estado protagonizada por los incendios forestales que han convertido en cenizas buena parte de nuestro patrimonio natural debido a la acción de desalmados que, llevados por su inconsciencia o por oscuros intereses, han atentado contra nuestro ecosistema, originando de paso un gravísimo perjuicio a la imagen exterior de España que, no lo olvidemos, tiene en el turismo su principal industria y una de las mayores fuentes de ingresos y creación de empleo.
Otros pirómanos, sin mechero ni cerillas, pero igual de inconscientes o perversos, más propios de la España cañí y de pandereta ya superada, se han empeñado en querer compartir titulares en los informativos con los anteriores protagonizando acciones a camino entre el ‘show business’ y el bandolerismo subvencionado, asaltando supermercados entre los sollozos de las empleadas, establecimientos hoteleros u oficinas bancarias, difundiendo una lamentable imagen de Andalucía al mundo.
Las ‘gordilladas’ lideradas por el parlamentario de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el Sindicato Andaluz de Trabajadores y la tibia respuesta de un desaparecido presidente de la Junta, y no digamos del vicepresidente Valderas, al que sólo le ha faltado jalear las gracias de su compañero de coalición, han marcado este verano la agenda política del gobierno andaluz, cuya gestión de poco más de cien días se puede resumir, como ha indicado nuestro secretario regional, José Luis Sanz, en “bandolerismo institucional, ocultación de cuentas y la corrupción de los ERE”.
Los andaluces hemos sentido vergüenza ajena viendo como quienes, se supone, deben gestionar los intereses de los andaluces se dedican a hacer plantes al Gobierno, amenazar con el cierre de colegios y hospitales si no se les permite endeudarse más, justificar asaltos o a dar marcha atrás y aplazar su presencia en la comisión de investigación de los ERE, como han hecho Chaves y Griñán, tras la contundente intervención del que fuera interventor general, Manuel Gómez, dejando claro que las más altas instancias de la Junta fueron advertidas en repetidas ocasiones de las irregularidades que se estaban produciendo en las ayudas sociolaborales, pero nadie hizo nada para evitarlo.
Si este es el balance de cien días, el daño del gobierno del bipartito a Andalucía y a los andaluces en cuatro años puede ser irreparable. En estos poco más de tres meses hemos podido comprobar el entreguismo del gobierno andaluz y del PSOE al radicalismo de IU con la confrontación, el despilfarro y la deslealtad institucional como señas de identidad, mientras la acción de gobierno ofrece una parálisis total y absoluta, inaceptable para hacer frente a la peor crisis de la historia de Andalucía.
Con una deuda total superior a los 28.000 millones de euros, la Junta está a punto de pedir el rescate del Fondo de Liquidez Autonómica que el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto a disposición de las comunidades con dificultades y ni Griñán ni Valderas podrán buscar otros culpables que no sean ellos mismos porque el problema del bipartito no son los demás, sino que está en la misma génesis del pacto de perdedores que han suscrito porque ni uno ni otro saben ni lo que tienen entre manos, ni lo que gastan, ni lo que deben. Y su insolvencia la pagamos todos los andaluces.
Otros pirómanos, sin mechero ni cerillas, pero igual de inconscientes o perversos, más propios de la España cañí y de pandereta ya superada, se han empeñado en querer compartir titulares en los informativos con los anteriores protagonizando acciones a camino entre el ‘show business’ y el bandolerismo subvencionado, asaltando supermercados entre los sollozos de las empleadas, establecimientos hoteleros u oficinas bancarias, difundiendo una lamentable imagen de Andalucía al mundo.
Las ‘gordilladas’ lideradas por el parlamentario de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el Sindicato Andaluz de Trabajadores y la tibia respuesta de un desaparecido presidente de la Junta, y no digamos del vicepresidente Valderas, al que sólo le ha faltado jalear las gracias de su compañero de coalición, han marcado este verano la agenda política del gobierno andaluz, cuya gestión de poco más de cien días se puede resumir, como ha indicado nuestro secretario regional, José Luis Sanz, en “bandolerismo institucional, ocultación de cuentas y la corrupción de los ERE”.
Los andaluces hemos sentido vergüenza ajena viendo como quienes, se supone, deben gestionar los intereses de los andaluces se dedican a hacer plantes al Gobierno, amenazar con el cierre de colegios y hospitales si no se les permite endeudarse más, justificar asaltos o a dar marcha atrás y aplazar su presencia en la comisión de investigación de los ERE, como han hecho Chaves y Griñán, tras la contundente intervención del que fuera interventor general, Manuel Gómez, dejando claro que las más altas instancias de la Junta fueron advertidas en repetidas ocasiones de las irregularidades que se estaban produciendo en las ayudas sociolaborales, pero nadie hizo nada para evitarlo.
Si este es el balance de cien días, el daño del gobierno del bipartito a Andalucía y a los andaluces en cuatro años puede ser irreparable. En estos poco más de tres meses hemos podido comprobar el entreguismo del gobierno andaluz y del PSOE al radicalismo de IU con la confrontación, el despilfarro y la deslealtad institucional como señas de identidad, mientras la acción de gobierno ofrece una parálisis total y absoluta, inaceptable para hacer frente a la peor crisis de la historia de Andalucía.
Con una deuda total superior a los 28.000 millones de euros, la Junta está a punto de pedir el rescate del Fondo de Liquidez Autonómica que el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto a disposición de las comunidades con dificultades y ni Griñán ni Valderas podrán buscar otros culpables que no sean ellos mismos porque el problema del bipartito no son los demás, sino que está en la misma génesis del pacto de perdedores que han suscrito porque ni uno ni otro saben ni lo que tienen entre manos, ni lo que gastan, ni lo que deben. Y su insolvencia la pagamos todos los andaluces.
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