Teleprensa
Editorial
La Diputación de Almería ya tiene nuevo interventor. En realidad, poco se ha tardado en cubrir la plaza -cuyo concurso aún no se ha convocado por lo que de momento es provisional-, dejada por José Luis García, cuya inminente jubilación era conocida por todos. Y desde el primer minuto, el presidente de la institución provincial tuvo claro a quien llevarse a su nuevo negociado: quien hasta ahora había realizado este papel con resolución en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, donde Gabriel Amat es alcalde desde hace demasiados años.
Luis Ortega en su toma de posesión |
La verdad es que resulta curiosa la facilidad que tienen los políticos para reproducir su estructuras allí a donde van. Amat goza de buena salud política en Roquetas y no ha dudado en llevar a sus asesores y equipo a la Diputación de Almería, aunque los límites territoriales son diametralmente diferentes. Por 'llevarse' hasta tiene en la oposición al único diputado de IU que además es concejal en el Ayuntamiento roquetero.
El nombramiento es intachable, no cabe duda. Y la capacidad de quien va a ostentar el cargo de interventor en la Diputación Provincial nadie la cuestiona, faltaría más. Pero es verdad que dado el papel que debe jugar un interventor en una institución, 'persona que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones para asegurar su corrección', según el diccionario, se hubiera agradecido cierto distanciamiento entre el funcionario que va a ejercer este papel y el político que durante cuatro años tiene la vara de mando.
Es tal el grado de desconfianza que el ciudadano tiene del político que una buena manera de recuperar el crédito sería poder establecer unas líneas bien separadas entre su papel y la de un colectivo fundamental en el funcionamiento de una administración como es el funcionario.
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